¿Por qué no hay empresarios argentinos en la lista mundial de donantes de dinero para combatir el Covid? ¿Por qué el gobierno del FdT tiene que aclarar que tiene la conducción política del proceso económico? ¿Por qué no sale la ley del Aporte solidario extraordinario?
Esta semana, Martín Guzmán recibió en el Palacio de Hacienda a Héctor Magnetto y a toda la cúpula de la AEA (Asociación Empresaria Argentina). El capital más concentrado no se puede quejar. El ministro les dedicó un gesto de enorme valor resarcitorio: hace diez años, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaba el informe “Papel Prensa: la verdad” en la Casa Rosada, revelador documento oficial donde el CEO del Grupo Clarín, que ejerce el comando ideológico de la AEA junto a Paolo Rocca, era acusado por el despojo de la empresa productora de papel que pertenecía a la familia Graiver en alianza con la dictadura. De aquellos polvos, estos lodos.
De apuntarlos como cómplices civiles del genocidio a capitanes de la industria que merecen explicación personalizada sobre los asuntos de gobierno, hay un trecho largo. Todo sea por el acuerdo social, político, económico y mediático que el gobierno intenta, con suerte dispar, a espera de la pospandemia.

Unos días más tarde, Guzmán intentó corregir cualquier suspicacia en torno al encuentro visitando durante una hora al maestro Víctor Hugo Morales en su casa, desde la que salió al aire por la AM 750 para aclarar lo que, en otro contexto, no debía ser ni siquiera aclarado por un funcionario de su jerarquía: “Los empresarios deben aceptar que la conducción política (de la economía) la tenemos nosotros”.
Más allá del despiste, habitual entre los técnicos que saben mucho de una cosa y no demasiado de las otras, hay que decir que Guzmán está atravesando un momento excelente. Su estrategia para achicar la brecha cambiaria dio resultado. Hace tres semanas, una fake news viralizada por los “bots” que despliegan la resistencia del macrismo desde las redes sociales, hablaba de “corralito” y “feriado cambiario”, pero desde que el ministro tomó el control del asunto, con el aval explícito del presidente Alberto Fernández, la tensión disminuyó.
El embate desestabilizador de los grupos pro-devaluadores, por el momento, está en retroceso. El Banco Central logró cauterizar la fuga de reservas, principal tema de agitación instalado en la agenda por las plataformas mediáticas de la AEA que domina Magnetto.
Desde que Guzman tomó el control del tema cambiario, con el aval explícito de Alberto Fernández, la tensión disminuyó.
Por consiguiente, la economía está un poco más tranquila; y si eso sucede, es decir, si se sale del “cepo temático” perturbador que impone la comunicación hegemónica, entonces la Argentina se permite otras discusiones, algunas muy edificantes, otras saludables, casi todas necesarias. Por ejemplo, la situación del proyecto de ley del “Aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas” que todavía busca fecha de tratamiento en el pleno del recinto que preside Sergio Massa.
Se sabe que, pese a la oposición de Juntos por el Cambio, el proyecto que busca recaudar unos 300 mil millones de pesos (el 1,1 del PBI) entre 9 mil contribuyentes con fortunas declaradas de más de 200 millones de pesos, ya tiene dictamen. Se infiere, además, porque así lo dejan entrever las crónicas del privadísimo encuentro en Hacienda, que los capos de la AEA le habrían transmitido a Guzmán que estaban en total desacuerdo con su sanción bajo el argumento de que “espanta a las inversiones”. Se deduce, entonces, que hay un lobby fenomenal (una militancia incansable) de estos grupos de la economía concentrada, banca por banca, para impedir “que sea ley”.
Los capos de AEA transmitieron a Guzman su desacuerdo con el “Aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”.
La Fundación Mediterránea -aupada por el Grupo Arcor de la familia Pagani que también integra la AEA-, popularmente conocida allá por los ’90 como el “think thank” económico que catapultó a Domingo Felipe Cavallo al gobierno de Carlos Menem, produjo un documento a mediados de octubre que circula entre diputados y senadores, pomposamente titulado “Impuesto Extraordinario a la Pobreza”, cuya tesis principal, aunque parezca raro, sería que gravar la riqueza produce pobreza. Así como se lee. Arturo Jauretche la sumaría como zoncera.
Dice la Fundación Mediterránea: “Aprobar un impuesto extraordinario a la riqueza no ayudaría, precisamente, a despejar las dudas sobre el rumbo económico de Argentina, en un país que necesita imperiosamente de inversiones, y que en el segundo trimestre de 2020 anotó una tasa de la inversión de solo el 9,5% del PIB, con una caída interanual del 38,4%, reduciendo así el stock de capital. El posible nuevo impuesto tampoco ayuda como señal en un país que aumentó 11 puntos del PIB la presión tributaria entre 2000 y 2015, que ahora vuelve a subir 2 pp del PIB entre 2019 y 2021 (proyecto de presupuesto), y en que, normalmente, todo impuesto que nace como transitorio se vuelve permanente, en una conocida demostración de inconsistencia temporal. El posible nuevo gravamen sobre la riqueza no ayuda en un contexto en que las consultas de argentinos en la web, acerca de cambiar la residencia tributaria a Uruguay, aumentaron seis veces en 2020, respecto al promedio 2015 – 2019. Por supuesto, tampoco ayuda a que los argentinos, que desde hace varios años sacan sus ahorros del país, dejen de hacerlo”.

“Los argentinos que hace años sacan sus ahorros del país”, vale aclararlo, son aquellos que fugan divisas al exterior, algunos pagando impuestos, otros directamente eludiéndolos o evadiéndolos. Esa plata no la consiguen en otro país. La amasan o la generan en Argentina, con toda la “inseguridad jurídica” contra la que despotrican. Se ve que con esas reglas que no existen hacen fortunas, pero lo que no les gusta, según parece, es el trámite agobiante (“confiscatorio”) de pagar impuestos. Ahora se ve, queda claro, además, desde dónde se instala el mito de que Argentina “es un país inviable”, que llenó páginas y horas audiovisuales en los medios de comunicación de la AEA.
Volviendo al insólito documento de la Fundación, interesa apuntar que lo que más les inquieta a los dueños del poder y del dinero es el antecedente de que se les cobre a los más ricos un impuesto (un aporte solidario extraordinario, por única vez) que no están dispuestos a pagar, tal vez por falta de costumbre: “En economía, es conocido que no siempre una medida de gobierno, aunque bien intencionada, logra el objetivo deseado, y que muchas veces hasta puede generar un efecto ‘boomerang’. Por caso, prohibir exportar carne para beneficiar a los consumidores internos, que algunos años después terminó en una fuerte suba de precios para los consumidores locales, una vez que cayó la oferta interna de carne. Leyes de alquileres que pretenden proteger a los inquilinos, pero que en los hechos terminan encareciendo los precios de los alquileres. Dado el contexto actual de la economía argentina, los eventos de los últimos 20 años, y las dudas sobre el rumbo futuro de la economía y del gobierno, con el nuevo impuesto que se está discutiendo en el Congreso de la Nación podría generarse una situación similar: desincentivar adicionalmente la inversión, generar más salidas de empresas del país y que más contribuyentes argentinos deseen radicarse en otros países, de modo que en los hechos el impuesto extraordinario a la riqueza termine consolidando un aumento extraordinario en la pobreza”.
Un informe de la Fundación Mediterránea, titulado “Impuesto Extraordinario a la Pobreza”, plantea que gravar la riqueza produce pobreza. Jauretche la sumaría como zoncera.
Los irrita el antecedente. Y amenazan con irse del país, con dejar de invertir lo que no invierten y con generar más pobreza, desde la posición de poder que tienen en una economía oligopólica, e ineficiente, hay que decirlo. La pregunta es: ¿Cuántos puestos de trabajo produce la AEA de Magnetto, Rocca y Pagani para hablar como si fueran los dueños de la totalidad del PBI argentino? Respuesta: 400 mil empleos privados, en un país de 45 millones de personas.
¿Por qué nuestros empresarios multimillonarios creen que están predestinados a salvarse, aún si el país se hunde para siempre?
¿Desde qué divino lugar le dicen al resto de las y los argentinos que no están a la altura de su genialidad, virtud que los autoriza a sentenciar que cualquier medida distributiva de la riqueza, más que un efecto igualador, lo único que va a producir es más pobreza?
Ni siquiera la pandemia, y su brutal demolición de la economía global, los hace cambiar de parecer. Son de convicciones inalterables. Pero lo cierto es que la resistencia de nuestros ricos más ricos a hacer un esfuerzo en un momento excepcional como el que se vive, está fuera de época.
Según El Cronista, en su edición del viernes 6, “los principales multimillonarios del mundo realizaron más donaciones en 2020 que en cualquier otro momento de la historia: desde el inicio del Covid, 209 de ellos donaron 7.200 millones de dólares”.

Son donaciones. Ni aportes por única vez, ni impuestos al patrimonio que promueve el FMI. Donaciones.
El estudio Billonaires Insights 2020, siempre según el diario, “abordó el comportamiento de dos mil magnates en 45 países, que representan el 98 por ciento de la riqueza mundial actual. De las 10 principales empresas referentes en materia de sustentabilidad y controladas por millonarios, nueve realizaron donaciones”.
Entre los aportantes destacados, “figuran Bernard Arnault, propietario del grupo de lujo LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton y el hombre más rico de Francia; Stefan Quandt, ingeniero industrial alemán heredero de la automotriz BMW; y el holandés Frits Goldschmeding, fundador de la consultora de Recursos Humanos Randstad”.
Ningún empresario argentino aparece en el informe de Billonaires Insights 2020, sobre las donaciones realizadas por los hombres de negocios de todo el mundo.
También se encuentran “Anne Gilberte Marie Beaufour, nieta de los creadores de Ipsen, la cuarta compañía farmacéutica más grande de Francia; Peter Woo, dueño de la compañía de bienes raíces Wheelock and Company Limited, con sede en Hong Kong; y Joe Mansueto, el fundador y presidente ejecutivo de la firma de servicios financieros Morningstar”.
Otros donantes son “Eazim Premji, el fundador y dueño de Wipro Technologies, conocido como el ‘Bill Gates de la India’, que llegó a ser el hombre más rico de su país y hoy es el cuarto; y David Arthur Duffield, cofundador y ex presidente de PeopleSoft y actual presidente del proveedor de software Workday. El finlandés Antti Herlin, máximo ejecutivo de KONE Corporation, completa la lista”.
Estados Unidos encabeza las donaciones, con casi 4600 millones de dólares de sus magnates. Le siguen China “con una suma de 678,8 millones de dólares, e India, con 541 millones de dólares. Completan el top-5 de los países con más donantes Australia, con 324 millones, y el Reino Unido, con 297 millones”.
La única manera de que el “Aporte” salga como ley, es que haya empresarios que comprendan que el FdT les está dando la oportunidad de ser solidarios con los demás en un momento crítico.
El informe revela que 165 multimillonarios cedieron 5.500 millones de dólares para combatir al Covid: “Muchas de las donaciones son compromisos con causas sociales como el acceso a banda ancha y tecnología en comunidades desatendidas”. ¿Cuántas donaciones hizo el monopolio Clarin-Telecom en la Argentina para derrotar a la pandemia? Guzmán no informó de nada de eso después de la reunión.
¿Cuántos empresarios argentinos aparecen como donantes en el informe de Billonaires Insights? A ver: hay 98 estadounidenses, 12 chinos, 9 indios, 9 ingleses y dos australianos. Argentinos, ninguno. Tampoco hay uruguayos, ni brasileros. Hay que decir todo.
Tal vez porque están ocupados haciendo lobby para que no salga la ley del “Aporte solidario extraordinario” de las grandes fortunas. Quizá porque están convencidos, a diferencia de los multimillonarios de otros rincones del planeta, que ser solidario no tiene mayor sentido en un país como el nuestro.
Ni donan voluntariamente, ni quieren un impuesto. ¿Acaso son mejores los magnates de otros países? Probablemente, no. Pero saben que la mejor inversión para derrotar el prejuicio de que los ricos son seres ambiciosos sin remedio, es hacer una contribución que no va a resentir su condición de multimillonarios y, a la vez, los va a reconocer como sujetos generosos.

Cuando Juntos por el Cambio se opuso al proyecto de ley de Máximo Kirchner y Carlos Heller, planteó una alternativa basada en la letra de los grupos empresarios más concentrados, que decían estar dispuestos a hacer un esfuerzo en el marco de la pandemia. Querían que no fuera un impuesto y que se les permitiera, en un futuro, descontar el aporte de otros gravámenes. Es decir, no querían perder nada, ni siquiera en un contexto donde todos pierden.
Alguien dirá que Argentina no tiene una elite capaz de conducir virtuosamente al resto de la sociedad, sino una clase dominante con pulsión al saqueo de los demás. Alguien dirá eso, con razón, hasta que eso cambie, algún día. ¿Por qué no?
La única manera de que el “Aporte” salga como ley, es que haya empresarios que comprendan que el FdT les está dando la oportunidad de ser solidarios con los demás en un momento crítico.
Suena un tanto cándido el argumento, es verdad. Pero da vergüenza enterarse que entre los multimillonarios del mundo, no hay ningún argentino dispuesto a dar el primero paso.
Aunque sea por orgullo. Promesa: van a seguir siendo multimillonarios. Ahora y siempre.