La emboscada política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, anudada en la maquinaria del lawfare, recibió en los últimos días una catarata de repudios por parte de amplios sectores de la dirigencia y la militancia política y sindical, el campo de los derechos humanos, el mundo intelectual y el periodismo, quienes ven en la persecución que hace años sufre la vicepresidenta y que ahora llegó a un punto crítico una afrenta no solo contra su persona y su familia, sino también una amenaza para las garantías democráticas en el país.
El intento por proscribir a Cristina, instrumentado por estos días en la escandalosa “causa Vialidad”, es un nuevo paso de la derecha en su deseo de llevar a los tribunales las disputas que no puede ganar en las urnas, como ocurrió con otros líderes populares de la región.
En ese marco, la vicepresidenta solicitó ampliar su declaración indagatoria, en ejercicio de su derecho de defensa, ya que “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Cristina llegará a este nuevo capítulo en su lucha contra el lawfare con la claridad y el peso de sus argumentos, pero también con el acompañamiento de los múltiples sectores que salieron a respaldarla y que representanta a todo un pueblo que la apoya y está dispuesto a defenderla.
* Más de 500 intendentes del interior del país rechazaron la “persecución judicial” contra la vicepresidenta y denunciaron “utilización” del sistema judicial para “estigmatizarla”. También expresaron que este procedimiento implica una “práctica violatoria de los derechos humanos” y denunciaron que un sector de los medios de comunicación está involucrados en la operación.
En un comunicado, 509 jefas y jefes comunales manifestaron su “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”. Subrayaron que el hostigamiento a Cristina “constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”. Y exigieron “una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país”, con un llamado “a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
* El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos también expresó su solidaridad con la senadora y apuntó contra los medios de comunicación y la “utilización del Poder Judicial” como mecanismo de “persecución de dirigentes políticos y sociales”. En un comunicado difundido en redes sociales, la bancada del FdT señaló que “hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra”, que luego son amplificadas “en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones”, bajo el paraguas de un Poder Judicial que está “alineado con los intereses de los poderosos”.
Las diputadas y diputados indicaron que estas denuncias son “funcionales a un objetivo que tampoco se modifica: condicionar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia Argentina”. Y advirtieron que “Cristina amplió los derechos de los sectores populares y eso es irreversible en la memoria del pueblo”.
* Asimismo, el interbloque de senadores nacional del FdT rechazó los intentos de “persecución política” contra la vicepresidenta y expresó que está práctica se lleva a cabo desde la Justicia y “en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares”.
Caracterizaron a la maniobra como “una guerra no declarada por parte de un sector de la Justicia y de una parte de la prensa, que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder”. Exhortaron a los argentinos a “reflexionar y prestar especial atención a lo que está ocurriendo a nivel judicial para evitar que se concreten acciones vergonzosas como las señaladas”. Y afirmaron que “el país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial”.
El bloque del FdT en Diputados señaló que “hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra”, que luego son amplificadas en los medios.
* También un grupo de organizaciones, intelectuales, dirigentes y funcionarios salió al cruce de un juicio que busca “proscribir” a la vicepresidenta y que “ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades”. Bajo el título No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, señalaron que “la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos”. Se refirieron a una “causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el exfuncionario del gobierno de la Alianza Cambiemos Javier Iguacel, quien hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de la obra”.
Las y los firmantes remarcaron la inconsistencia de la acusación: “Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de Cristina condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos”.
Un grupo de intelectuales y dirigentes se refirieron a “una causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el exfuncionario de la Alianza Cambiemos Javier Iguacel”.
Indicaron que “en las últimas horas sumaron a su andar canallesco las denuncias contra Máximo Kirchner” y colocaron al lawfare en un plano regional y como la continuidad histórica de otras prácticas, que “hace años se despliega sobre un conjunto de dirigentes perseguidos, en algunos casos encarcelados y bajo una condena mediática que busca su cancelación”, entendiendo que “lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado –desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar– hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial”.
Entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas, firmaron la solicitada la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; y el periodista Víctor Hugo Morales.
* Desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof pidió que se termine “la persecución” contra Cristina Fernández, en tanto que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, advirtió en las redes sociales: “Con Cristina no se jode”.
Los diputados y senadores bonaerenses del FdT también manifestaron su respaldo a la dirigente en una causa a la que definieron como “un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante de forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015”. Añadieron que “estas prácticas son un mecanismo de disciplinamiento, estigmatización y control social” y que el objetivo es proscribir a Cristina.
Entre otros, se sumaron al repudio el jefe de Gabinete Martín Insaurralde, y los ministros Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Pablo López (Hacienda), Julio Alak (Justicia); Agustín Simone (Hábitat) y Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), y el jefe de Asesores, Carlos Bianco.
* La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires repudió las prácticas de lawfare o “guerra jurídica” que viene sufriendo Cristina Fernández. El organismo que conduce Matías Moreno subrayó que estas maniobras “lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad”.
“Cristina sin dudas representa para los poderes fácticos
el último dique de contención para que puedan avanzar sobre los derechos del pueblo”.
Paula Penacca, diputada nacional del FdT.
* Paula Penacca, diputada nacional del FdT por la ciudad de Buenos Aires, aseguró que el objetivo del “partido judicial” es “proscribir” a la vicepresidenta porque “Cristina sin dudas representa para los poderes fácticos el último dique de contención para que puedan avanzar sobre los derechos del pueblo”. La legisladora afirmó que “el ‘partido judicial’ es cada vez más burdo, más brutal” y dijo que “ahora ya son todos parte del mismo equipo de fútbol, el fiscal (Diego) Luciani, el excuñado de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta”.
Penacca advirtió que “cuando se pone en peligro el sistema judicial y se utiliza de esta manera a través de ‘lawfare’ y de estas lógicas de funcionamiento se pone en peligro la democracia, los derechos en su conjunto”. Por eso, sostuvo que se trata de “un tema en defensa de Cristina pero en defensa de todos y todas para generar más conciencia en la sociedad”, y explicó que en la Argentina “necesitamos recuperar la justicia para los problemas cotidianos de la gente”.
