Soy colombiana y parte de la generación que nació con la Constitución del ‘91. Fui criada en un pueblo cafetero sobre la vertiente montañosa de la Cordillera Occidental de los Andes, entre el auge del narcotráfico y el conflicto interno armado más mediatizado; viví mi adolescencia durante el auge paramilitar y la seguridad democrática; llegué a la adultez en medio de las negociaciones de paz con las FARC; y hoy habito una época marcada por las hiperconectividad, la desinformación y la persistencia de la violencia armada.
A semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia atraviesa una campaña marcada por la desinformación, atentados y los discursos de odio. En este contexto, la contienda entra en su fase definitiva con tres figuras principales: Iván Cepeda (Pacto Histórico), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).
Estamos en un escenario especialmente complejo por la creciente desconfianza que enfrentamos los ciudadanos al momento de tomar decisiones informadas sobre el futuro del país.
En medio del ruido
La desinformación busca influir en nuestras decisiones. En Colombia no es un fenómeno nuevo, pero, a mi modo de ver, cada cuatro años adquiere nuevas formas y mayores alcances.
La circulación de contenidos engañosos ha mostrado una capacidad creciente para moldear percepciones colectivas.
En regiones como el Catatumbo, donde el acceso a medios tradicionales es limitado y depende en gran medida de lo que llegue por redes móviles, los audios y videos reenviados muchas veces a través de WhatsApp se han convertido en una fuente primaria de información.
Un ejemplo concreto fue la circulación de un audio atribuido falsamente al registrador nacional, Hernán Penagos, en el que supuestamente confesaba un fraude en las elecciones legislativas de 2026. Días después se verificó que el contenido había sido generado con inteligencia artificial (IA).
Estos mensajes, aunque difíciles de rastrear, tienen efectos concretos: generan miedo, determinan decisiones y refuerzan la desconfianza.
En el Pacífico colombiano, los contenidos falsos pueden expandirse rápidamente. Un ejemplo fue la difusión de una imagen falsa atribuida al diario El País de Cali, en la que se adjudicaban declaraciones ofensivas sobre Buenaventura a un candidato presidencial. Aunque la información fue posteriormente desmentida por AFP Factual, el episodio mostró cómo, en contextos de fragilidad institucional y circulación informal de información, un mensaje reenviado puede adquirir legitimidad rápidamente.
En abril, el presidente Gustavo Petro y el partido Centro Democrático denunciaron por separado planes de un atentado contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alertando por graves amenazas a su seguridad durante la campaña electoral. La Fiscalía y las autoridades reforzaron su protección.
De manera paralela, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, tras sostener un diálogo con funcionarios de la CIA en Colombia, ese órgano de inteligencia internacional no tenía información sobre un posible plan para atentar contra dicho candidato.
Lo relevante de estos casos no es solo la existencia de información falsa, sino su capacidad para cambiar la percepción de la realidad y los otros impactos que pueda generar.
La desinformación no actúa como un ruido ocasional, sino como un marco interpretativo que influye en la manera en cómo las personas entienden su entorno y también en las opciones para hacer lo cotidiano.
En este contexto nacional, algunos sectores buscan polarizar, sembrar desconfianza en instituciones como la Registraduría, y manipular a los votantes mediante inteligencia artificial y noticias falsas.
El lenguaje como forma de violencia
En el contexto urbano, esta dinámica se observa con claridad en redes sociales, donde el debate público suele adoptar tonos agresivos y excluyentes. Sin embargo, sus efectos no se limitan a lo digital. En territorios donde la violencia ha sido una constante, el lenguaje tiene implicaciones más profundas.
En el sur de Córdoba, líderes sociales han denunciado que la estigmatización precede frecuentemente a las amenazas. Ser señalado como “afín” a un determinado sector político o como “opositor” a intereses locales puede convertirse en un factor de riesgo. Estas etiquetas, aunque simplificadoras, tienen consecuencias reales en contextos donde la identidad política puede ser utilizada como criterio de selección para la violencia.
En el norte del Cauca, comunidades indígenas han enfrentado discursos que cuestionan su legitimidad como actores políticos, lo que se traduce en tensiones adicionales en un territorio ya marcado por la presencia de múltiples actores armados. Aquí, el discurso de odio no solo divide, sino que profundiza conflictos existentes.
El problema no es únicamente la existencia de estos discursos, sino su normalización. Cuando la desinformación es constante y el lenguaje que deshumaniza se vuelve cotidiano, la agresividad política deja de percibirse como una anomalía y comienza a formar parte del paisaje social.
La violencia que permanece
Mientras el debate público se desarrolla entre desinformación y discursos de odio polarizantes, la violencia armada continúa afectando distintos territorios del país.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el deterioro crítico de la seguridad en el suroccidente colombiano, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde durante las últimas semanas se han registrado atentados con explosivos, ataques armados y afectaciones directas a la población civil.
Uno de los hechos más graves ocurrió en el municipio de Cajibío, Cauca, sobre la vía Panamericana que comunica Popayán con Cali, un artefacto explosivo estalló mientras varios vehículos permanecían detenidos sobre la vía, dejando personas fallecidas y heridas en medio de dificultades para el ingreso de equipos de emergencia por razones de seguridad.
En Colombia, la violencia no solo circula a través de discursos y plataformas digitales. También continúa manifestándose en los territorios, donde comunidades enteras siguen viviendo entre amenazas, ataques y disputas armadas.
Comunicar lo aprendido
Colombia es una nación en la que permanentemente han surgido amenazas de regímenes autoritarios —que ya hemos padecido— y en la que responder por la vía armada ha sido una opción. Sin embargo, también ha existido la posibilidad de aprender y estudiar la violencia en nuestro país como un dilema vital.
Nací después de la llamada “generación de la violencia”, la que surgió con Orlando Fals Borda en los años 20 del siglo XX y también murió con él, a comienzos del siglo XXI, como el mismo Fals lo relataba.
En realidad, la historia nacional parece moverse en ciclos de violencia que se transforman, pero no desaparecen, y no tenemos certeza de hasta cuándo continuarán o si alguna generación logrará resolver este problema.
Por ahora, quizás uno de los desafíos de nuestras generaciones cercanas sea aprender a comunicar en medio del ruido. No para negar los conflictos, sino para impedir que escenarios como la desinformación, la naturalización y la deshumanización sigan definiendo nuestra identidad como sociedad.
En un país atravesado históricamente por distintas formas de violencia, se hace necesario reafirmar el compromiso de comunicar lo aprendido desde las aulas y las veredas, en los periódicos, en los escenarios digitales y en las conversaciones cotidianas.
Compartir nuestra experiencia y conocimiento con las personas de a pie sigue siendo una tarea indispensable para construir un diálogo más amplio entre las regiones.
*Profesional en Comunicación Social y Periodismo, y especialista en Comunicación Digital. Actualmente, estudia Doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata – UNLP en Argentina. Se ha desempeñado como periodista, editora e investigadora en temas de derechos humanos, movimientos sociales, conflictos socioambientales y riesgos para las mujeres con liderazgo social. Integra el Observatorio Democracia, Desinformación, Discursos de odio y Comunicación violenta, de Argentina.
