La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este lunes que fue puesta “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria.
“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones”, sostuvo la expresidenta en Twitter.
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“Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.
El fiscal Diego Luciani pidió que se condene a la vicepresidenta a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en una acusación que el Frente de Todos definió como un intento de proscripción o condicionamiento contra la ex mandataria.
Después del alegato del fiscal Diego Luiciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 rechazó el pedido presentado temprano por la vicepresidenta para ampliar mañana su declaración indagatoria, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre.
“Golpe de Estado preventivo”
En un categórico comunicado, el Partido Justicialista (PJ) nacional repudió hoy la “persecución judicial, política y mediática” contra la vicepresidenta y consideró que si bien se trata de una “nueva embestida” en su contra “no hay acción judicial que pueda contra el amor de un pueblo”.
El PJ comparó el caso de Fernández de Kirchner con otros recientes de la región como los de los expresidentes de Brasil, Lula Da Silva, o de Bolivia, Evo Morales, en tanto las acciones en su contra “forman parte de una estrategia de disciplinamiento de aquellos liderazgos que defienden los intereses populares”.
Por su parte, el senador nacional por Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli, afirmó que el pedido de condena para Cristina Fernández de Kirchner “es una proscripción, clarita”, planteó que con la solicitud de los fiscales “se sacaron la careta”, y agregó que “el lawfare persigue a Cristina y bloquea al macrismo”, en referencia al supuesto blanqueo de la familia Macri “de cerca de 37 millones de dólares que duerme junto con la causa de espionaje de los familiares del ARA San Juan”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, señaló que quienes piden la “inhabilitación perpetua” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo hacen “con causas armadas y sin pruebas” y con el “mismo sueño desde el 17 de Octubre de 1945”, en referencia al intento de encarcelar y desplazar de la actividad política a quien por entonces era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.
“Antes era el Partido Militar y la proscripción. Hoy es el Partido Judicial pidiendo ‘inhabilitación perpetua’ con causas armadas y sin pruebas”, advirtió Soria desde su cuenta de Twitter.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseveró que “hoy estamos viendo como parte del poder judicial está queriendo proscribir a @CFKArgentina”. “La Argentina se merece una Justicia independiente. Es imperioso para nuestro sistema democrático no dejar pasar esta persecución política”, remarcó.
Para el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, la “falta de pruebas contra @CFKArgentina muestra que existe una persecución política en marcha” y además señaló que “esas prácticas no deben ser parte de nuestra democracia”.
“Repudiamos la persecución judicial y política a @CFKArgentina, quien cambió la historia de nuestro país para transformar la vida y la educación de millones de argentinos”, expresó el titular de Educación, Jaime Perczyk.
En este marco, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el juez porteño Juan María Ramos Padilla señalaron en que el pedido de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en un “circo muy bien hecho” que constituye un “golpe de Estado preventivo” con la intención de “dejar afuera” de la contienda político-electoral a la exmandataria y dirigente clave del Frente de Todos.
“Obviamente se trata de un golpe de Estado preventivo intentar excluir de la política a la persona con mayor caudal de apoyo popular”, reflexionó en diálogo con Télam Barcesat sobre el pedido del fiscal Diego Luciani para que la titular del Senado reciba 12 años de cárcel y sea inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Además, el jurista encuadró el desempeño de la fiscalía del juicio en lo que denominó “la pata podrida de la administración de justicia”.
