El gobierno tiene muchos problemas. Y, a contramano de lo que suele decirse, la mala comunicación no es uno de ellos. Desde que aceptó la existencia de una hegemonía mediática irreversible, el gobierno acató ser dicho. Por lo tanto, el problema no es la mala comunicación, en todo caso será su ausencia o su tercerización.
Por ejemplo, después de soportar la feroz embestida combinada contra la política de monitoreo de precios de parte de la Copal (cámara alimenticia) y de la AmCham (cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en el país), hay que ir hasta la página web del Ministerio de Economía para leer lo que podría ser un susurrado comunicado oficial que informa cuáles son los pasos que piensa dar el gabinete económico para bajar el costo de vida.
Articulos Relacionados
A ver, el dólar está anclado, las tarifas congeladas, las mejores paritarias reflejan aumentos salariales que no llegan al 3 por ciento mensual y, sin embargo, la inflación de marzo fue del 4,8 por ciento. Un número que rompe con lo presupuestado y conspira contra la necesidad de tranquilizar las distintas variables de la economía.
Desde que aceptó la existencia de una hegemonía mediática irreversible, el gobierno acató ser dicho.
A juzgar por la comunicación concentrada, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el gobierno “que gasta mucho”, “emite mucho”, “cobra muchos impuestos” y espanta “a los garrotazos” a pobres empresarios que lo único que quieren es invertir y ser felices.
Y para el gobierno, expresado en la web, el problema es otro: “los formadores de precios internalizan expectativas que no están alineadas a los principios del marco macroeconómico”, “si bien el alza de precios de productos agropecuarios mejora las condiciones del sector externo para el país, ha significado también una presión continua sobre los precios internos, en particular los vinculados a la canasta alimentaria” y “algunas alzas de precios tuvieron lugar en forma concomitante a prácticas ilegales de subfacturación de exportaciones y posible evasión fiscal”.
En otras palabras, para el gobierno los formadores de precios aumentan lo que se les antoja, quieren ganar en dólares acá lo mismo que ganan afuera con sus productos hechos en pesos y evaden y contrabandean produciendo distorsiones en todos los recovecos de la economía nacional.
Lo mismo que denunció CFK infinidad de veces. Y lo mismo por lo que buscaron proscribirla a través del Lawfare.
Nada de esto interviene en el debate público con el volumen que debería tener a la hora de exponer las razones que explican por qué el sueldo promedio no alcanza para llegar a fin de mes.
Hay que ir a buscarlo con lupa a la página de un ministerio. O, en el mejor de los casos, quizá acabe siendo una cita insignificante en una nota destinada a quitarle importancia al planteo gubernamental al mismo tiempo que las voces empresariales son puestas como cita de autoridad divina.
Para el gobierno los formadores de precios aumentan lo que se les antoja, evaden y quieren ganar en dólares acá lo mismo que ganan afuera. Pero nada de esto forma parte del debate público.
Una pena, porque el gobierno tomó una serie de medidas que la sociedad necesita conocer en igualdad de condiciones, sobre todo porque muchas de ellas surgen de una ley, la 26.992, sancionada en 2014, a instancias de CFK en el Congreso de la Nación.
Entre ellas:
1) Se establecen mayores requisitos en la exportación de carne vacuna para evitar prácticas ilegales y especulativas,
2) se actualizan precios de referencia para la exportación y atacar así las subfacturaciones,
3) desde 2022 será obligatorio el troceo de carne,
4) nuevos acuerdos de abastecimiento,
5) otro con proveedores de insumos industriales para que contengan los precios de marzo hasta diciembre en textiles, cueros, maderas, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón, vidrio y cemento,
6) otro con fabricantes y comercializadores de electrodomésticos para que mantengan los precios de sus productos hasta fines de octubre y lancen ofertas en celulares, TV y computadoras,
7) se lanza el programa Mercado Federal Móvil, que ofrece productos frescos a precios mayoristas. A modo de ejemplo, habrá canastas de 5 y 6 kilos de verduras y frutas a valores de entre 120 y 250 pesos, se comenzará a negociar una canasta con empresas alimenticias a precios razonables,
8) se lanza el programa PYMES en Góndolas destinado a diversificar la oferta de alimentos en supermercados en el marco de la Ley de Góndolas,
9) habrá 5 líneas de financiamiento para PYMES por 4.800 millones de pesos orientados a aumentar la producción de alimentos frescos,
10) se incorporan 500 inspectores de AFIP para controlar precios, se pone en funcionamiento el SIPRE para monitorear abastecimiento y evolución de precios, eso que tanto enoja a Funes de Rioja,
11)se procede al control de rotulados para impedir expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a compras equivocadas,
12)se pone en marcha el Observatorio de Precios.
Salvo los implicados directos (controladores y controlados), los consumidores ni enterados de todo esto, 12 medidas sustanciosas.
Una buena medida mal comunicada será una medida buena pero ineficaz o tergiversada.
Es verdad, la comunicación concentrada boicotea la difusión de las medidas. Toma partido obvio por la economía concentrada y los formadores de precios. Copal y AmCham son tratados como si se tratara de ongs filantrópicas. No hay novedad, por eso mismo, porque no hay novedad, el gobierno no puede alegar sorpresa.
Una buena medida mal comunicada será una medida buena pero ineficaz o tergiversada.
¿Se puede dar una batalla, aunque sea la de los precios razonables, contra las empresas concentradas, las que forman precios y generan expectativas económicas, sin democratizar la comunicación concentrada que es la que abastece de sentido y blinda el abuso?
Es como hablar de pobreza extrema sin hablar de la riqueza extrema en una sociedad. Son parte de lo mismo. Una cosa explica a la otra. Pero si no se dice la segunda, el problema es sólo la primera.
Mientras Copal y AmCham son tratados como si fueran ongs filantrópicas, la comunicación concentrada boicotea la difusión de todas las medidas del gobierno.
En ese orden de ideas, da la impresión de que el gobierno de coalición se enfrenta a la necesidad de revisar algunos de los preceptos sobre los que construyó sus certezas, en contraste y, muchas veces vergüenza, con los tan demonizados gobiernos cristinistas (que de paso sea dicho enfrentó los mismos conflictos).
La Ley de Medios no fue una ley para hacer desaparecer TN o Clarín, fue una norma democratizadora y desmonopolizadora para conseguir que haya más voces en debate, cuya génesis se encuentra en el Cocode (Consejo para la Consolidación de la Democracia), ese instrumento histórico de Raúl Alfonsín para crear un nuevo paradigma, a partir de un decreto.
Lo mismo ocurrió con la 125. Una lectura sesgada la resume en meterle la mano en el bolsillo al campo y cubrir el déficit insaciable de la política corrupta. Sin embargo, fue una norma que buscó desacoplar el precio local del precio internacional de los alimentos para defender el salario nacional, lo que ahora sigue intentando el gobierno.
Podría agregarse el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, que nos hubiese evitado el Lawfare usado para perseguir a los que el macrismo tenía identificados como opositores a sus políticas de ajuste. Sin Lawfare no habría habido endeudamiento a cien años ni vuelta al FMI ni destrucción del salario.
El gobierno no tiene un problema de comunicación, a veces tiene un problema de memoria.
