Del fiscal Nisman al secretario Gutiérrez, un mismo objetivo: desacreditar a CFK. El “espionaje político” salió de la escena. Así funciona la necropolítica PRO.
Cuando todo hacía suponer que esta semana íbamos a estar hablando sobre los hallazgos en el celular del secretario de Mauricio Macri secuestrado en el marco de la causa del espionaje político, la historia dio un vuelco brutal e inesperado con el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner que había declarado como “arrepentido” en la causa de la fotocopia de los cuadernos.
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De golpe, las cámaras de TV, las pantallas digitales y los diarios hegemónicos que con morosidad había comenzado a ceder algo de espacio al escándalo que investigaba el ahora apartado juez Federico Villena, se volcaron rápidamente a la cobertura minuto a minuto del crimen de El Calafate, para tranquilidad momentánea del ex presidente apuntado como el Nixon de un verdadero Watergate local.
La jerarquización del tema lo dice todo. Casos como el de Fabián Gutiérrez son alimento reincidente de la crónica roja. Un hombre que traba relación sentimental con un menor de historial conflictivo con la ley penal, que con la ayuda de otros amigos de su edad lo viven hasta que la relación perversa establecida desemboca en un hecho trágico. A veces el caso llega a la tapa de los diarios, a veces no. Cuando la víctima es el ex secretario de una vicepresidenta en funciones, las interpretaciones sobre lo ocurrido se vuelven políticas, aunque el móvil no lo sea.
Mientras Gutiérrez no aparecía, el hallazgo de su teléfono corrió de la escena a otro teléfono, el de otro secretario privado además, como es Darío Nieto.
Gutiérrez había abandonado su irrelevancia en los últimos años para ser presentado como colaborador estrella en esa macabra trama de arrepentimientos y delaciones que ayudaron a construir el expediente convertido en el leading case del Lawfare (guerra jurídica), cuyo objetivo era ordenar con otros beneficiarios el negocio de la obra pública y también proscribir penalmente a la jefa kirchnerista, como ocurrió con Lula en Brasil.
Había sido introducido en la gran escena de Comodoro Netflix nada más y nada menos que por el inclasificable José López, quien declaró que la plata negra que había dejado en el convento de General Rodríguez aquella madrugada de junio de 2016 provenía del ex secretario de Cristina Kirchner. Esa versión fue negada por Gutiérrez, quien sin embargo contribuyó al expediente de Claudio Bonadío y Carlos Stornelli con algunas vaguedades, sin mucho efecto jurídico, que abonaban la mitología sureña de bóvedas y containers, condimento esencial del relato mediático que justificaba la suspensión de las garantías procesales para los ex funcionarios kirchneristas y los empresarios detenidos en esa causa.
Además de Bonadío y Stornelli, estimulaban el poceado patagónico la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el también militante macrista, aunque ejerciera en aquel tiempo como fiscal bajo promesa de ser procurador cambiemita, Guillermo Marijuán. Precisamente Marijuán es quien más hizo hasta ahora por sustraer la causa del espionaje político de Lomas de Zamora y llevarla a Comodoro Nétflix, donde poder controlar y administrar las revelaciones que podrían complicar al ex presidente Macri.
Mientras Gutiérrez no aparecía, el hallazgo de su teléfono corrió de la escena a otro teléfono, el de otro secretario privado además, como es Darío Nieto, ladero de Macri que en medio del allanamiento a su casa corrió a la calle y se encerró en un auto para borrar el registro de llamadas antes de ceder al reclamo de la comitiva jurídico-policial que tenía orden de secuestrárselo.
Esto era lo que estaba pasando.
Hasta que Gutiérrez apareció asesinado.
Aunque por lo que se sabe hasta ahora, el homicidio sería producto de comportamientos que prima facie nada tienen que ver con las pasiones republicanas, Juntos por el Cambio, el espacio más favorecido por la necropolítica en los últimos años, desde Cromañón a Nisman, emitió un comunicado de urgencia hablando de “un crimen de extrema gravedad institucional”, imponiendo una lectura fantástica que apuntaría a involucrar a Cristina Kirchner, de alguna manera no explicada, en el episodio de marras.
Juntos por el Cambio emitió un comunicado hablando de “un crimen de gravedad institucional” y buscando involucrar a Cristina Kirchner.
El movimiento iniciado con el comunicado que lleva la firma de Patricia Bullrich, una de las últimas personas en hablar con Alberto Nisman antes de su muerte, parece tener tres objetivos temerarios:
1) Tapar el escándalo del espionaje macrista que estaba llegando cada vez más cerca de Macri y de la comunicación hegemónica, con otro escándalo de igual o mayor magnitud que desvíe la atención de la opinión pública hacia el oficialismo y su supuesto vínculo con un crimen.
2) Revivir el impacto de la muerte del fiscal con otra muerte impactante o destinada a impactar fuertemente en la sensibilidad colectiva. Así como antes hablaron de un “magnicidio” y de “asesinato”, ahora califican tempranamente lo ocurrido de “crimen de gravedad institucional” preparándose para desconocer y contravenir cualquier resolución del expediente por homicidio que no encaje en esa hipótesis forzada.
3) Producir un efecto de metonimia (la parte por el todo) entre aquella gran fake news del 2015 donde se llegó a instalar que el fiscal acusador de Cristina Kirchner había sido asesinado por orden suya y este caso derivado de un expediente, el de las fotocopias de los cuadernos, hoy ausente en las coberturas mediáticas que paradójicamente podría resucitar con una muerte violenta.
La primera pregunta de cualquier investigación policial está orientada a saber quién podría ser el beneficiario de un crimen. Algún seguro por cobrar, una vieja deuda por saldar y todos los etcéteras posibles de la condición humana puesta a matar. En general, se trata de un significado oculto, no evidente, que el investigador tiene que descubrir atando cabos, muchas veces difíciles de asociar. La verdad no está sencillamente a la vista nunca, jamás.
Dañar a Cristina Kirchner, la columna vertebral del Frente de Todos, sería parte fundamental de la estrategia de demolición.
Salvo, claro, para el relato mediático. Que sentencia con inusitada rapidez según sus intereses políticos o económicos.
No faltará quien diga, como hipótesis al menos, que con Gutiérrez le arrojaron un cadáver a Cristina Kirchner, justo cuando los grupos empresarios locales insisten en presentarla como el insalvable impedimento de un acuerdo económico y político post-pandemia. Ella sería, según dijo Marcelo Bonelli en Clarin esta semana, una de las promotoras de la grieta con expropiaciones, venganzas e impuestos a la riqueza bajo el brazo que intranquilizan a una sociedad que, como se sabe, está muy feliz con la herencia de tierra arrasada que dejó Mauricio Macri.
Es una hipótesis.
Pero si alguien quisiera debilitar a este gobierno para, por ejemplo, sacarle más plata en la renegociación de la deuda.
O erosionarlo para evitar que el año que viene tenga mayorías parlamentarias y siga como hasta hoy, dependiendo de acuerdos con el ala conservadora de la política, que lo mantiene prácticamente inmovilizado.
Dañar a Cristina Kirchner, la columna vertebral del Frente de Todos, sería parte fundamental de la estrategia de demolición.
Si espiaron a oficialistas, opositores, periodistas, sacerdotes, sindicalistas y hasta contrataron sicarios del narco para meter un pan de trotyl frente a la casa de un funcionario propio, ¿qué cosa no serían capaces de hacer?
Parece que la cosa ya empezó. Una vez más.
