Después de la carta de CFK, el Foro de la Convergencia Empresarial respaldó a los cortesanos como si fueran próceres, aunque el poder a su cargo es la institución que menos confianza despierta en la sociedad argentina, según Poliarquía.
Perturbada por la centralidad que ocupa en el escenario de la política la figura de Cristina Kirchner, la derecha argentina se ha vuelto aburrida y predecible. Como si el antiperonismo visceral, verdadera enfermedad infantil del país conservador, cegara incluso a sus analistas más agudos.
El último sábado, el diario La Nación arranca en tapa con un texto titulado “Cristina, un problema sin solución para el peronismo”. Allí, Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía, desgrana los argumentos nada novedosos que, en el transido melodrama político nacional, le asignan a la vicepresidenta el papel de Maléfica.
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Es bajísima la confianza que despierta el Poder Judicial en la sociedad.
Tratándose de un texto con miles de caracteres, Catterberg podría haber aprovechado algún párrafo para desdecirse de una “intuición” suya de 2019 según la cual Mauricio Macri iba a reelegir seguro como presidente. No existe. No importa. La autocrítica sería algo solamente exigible a los portadores de populismo en sangre, según parece.
Pero lo llamativo es que, quizá producto de un descuido, en un texto donde Cristina es el origen de todos los dolores de cabeza el falible Catterberg le da la razón por su última carta donde la vice, además de destacar la labor del Poder Ejecutivo y del Legislativo en 2020, señaló a la cabeza del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, como impulsora o cómplice del Lawfare durante los cuatro años de macrismo.
Escribe Catterberg a conciencia, o tal vez se le escapó sin querer: “La mayoría de las instituciones presentan niveles de confianza muy bajos: el gobierno nacional (34 %), el Congreso (27 %), los sindicatos, los partidos políticos (ambos con el 13%) y finalmente la Justicia, con apenas el 7%. Estos valores evidencian la incapacidad de estas instituciones de satisfacer las demandas ciudadanas”.
Cristina habló de un problema que existe. Pero el establishment no deja de sostener que el problema es otro. Ella, nada menos.
El articulista no puede ignorar que de todas las instituciones mencionadas, hay una que está peor que otras. Es bajísima la confianza que despierta el Poder Judicial en la sociedad. En nuestro país, la ciudadanía considera que hay “inseguridad jurídica”. ¿Qué clase de “república” es una en la que la gente desconfía de un poder del Estado fundamental como es el Judicial? De eso habló Cristina Kirchner. De un problema que existe. Real. Pero el establishment no deja de sostener que el problema es otro. Ella, nada menos. Es una película de ficción contra una basada en hechos reales. Pero insisten.
Advertíamos la semana pasada desde esta misma columna, luego del ataque de la Corte a Amado Boudou por el Caso Ciccone, que en realidad la operación cortesana para poner al ex vicepresidente de la Nación a un paso de la celda nuevamente estaba alentada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en su guerra de intensidad variable contra el modelo económico de los Fernández, porque lo que se pretendía con esa movida era disciplinar a los funcionarios del actual gobierno a través de una demostración ostensible de poder. La asociación de una cosa con la otra podía parecer un exceso imaginativo.
Sin embargo, con la carta abierta de Cristina, los autores intelectuales de la operación salieron a defender a “su querida” Corte Suprema. Bajo el título “La Corte Suprema de Justicia y sus autoridades, pilar de la república”, el Foro de Convergencia Empresarial, entidad que nuclea a más 80 asociaciones vinculadas al mundo de los negocios, publicó un comunicado en apoyo a los integrantes del máximo tribunal: “La plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente. En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional (…) El respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza”.
En el “Índice de Optimismo Ciudadano” de Poliarquía, la Corte se está por ir a la B en materia de confianza pública.
Tres cosas. La primera: las políticas económicas que respalda habitualmente el Foro de la Convergencia Empresarial (el establishment más puro) son las que aplicó Macri en el periodo 2016/2019 y no generaron empleo, ni mejores ingresos y tampoco redujeron la pobreza. La segunda: están defendiendo en el comunicado a la cabeza de un poder del Estado que según el “Índice de Optimismo Ciudadano” de Poliarquía, que dirige Catterberg, se está por ir a la B en materia de confianza pública. Al gobierno de los Fernández, según el mismo estudio, la gente le cree cinco veces más que a la Corte. La tercera: la base de “la convivencia civilizada” es que nadie esté preso por ser blanco de un mecanismo como el Lawfare, que daña el Estado de Derecho y pone en situación de indefensión antirrepublicana a los integrantes de la sociedad argentina.
Por orden alfabético, aquí van algunas de las integrantes del Foro que salió a decir “esta Corte es mía, mía, mía”: AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa), ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), AEA (Asociación Empresaria Argentina), AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina), ARGENCON (Asociación de Empresas Exportadores de Servicios), ADE (Asociación de Dirigentes de Empresas), BCBA (Bolsa de Comercio), CAC (Cámara Argentina de Comercio), CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción), CEMCI (Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes), CET (Confederación Empresaria del Transporte), IRA (Cámara de Importadores), CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), FAA (Federación Agraria Argentina), IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino), SRA (Sociedad Rural) y la UIA (Unión Industrial Argentina), además de la Fundación Libertad y la Fundación Mediterránea.
Rosenkrantz conoce bien a los miembros del Foro que salieron a defender a la Corte. Muchos de ellos fueron clientes de su buffet.
De todas las entidades, una en particular ejerce el comisariato ideológico sobre las demás. Se trata de la AEA, que esta semana incorporó nuevos miembros. En su edición de ayer, Clarin informó que “Blaquier y Herrero se suman a la AEA”. Carlos Blaquier es el dueño de Ledesma y Daniel Herrero CEO de Toyota. En la misma nota se dice que Jaime Campos (Swiss Medical) continuará presidiendo la organización, que los vicepresidentes son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Organización Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos J. Miguens (Grupo Miguens), José G. Cartellone (José Cartellone Construcciones Civiles), Alfredo Coto (Coto), Cristiano Rattazzi (FCA Argentina) y Federico Braun (La Anónima). Que el titular de Grimoldi, Alberto L. Grimoldi, es el secretario y Enrique Cristofani, del Banco Santander, el tesorero. En tanto que los vocales son: Eduardo Elsztain (IRSA), Julio César Saguier (La Nación), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto R. Hojman (BGH), Jorge F. Aufiero (Medicus), Pablo Roemmers (Roemmers), Norberto Morita (Southern Cross Group), David Lacroze (Grupo Lacroze), Marcos Galperín (Mercado Libre), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud), Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc), Martín Migoya (Globant), Carlos Blaquier (Ledesma) y Daniel Herrero (Toyota).
Carlos Rosenkrantz los conoce bien. Muchos de ellos fueron clientes de su buffet. Es indesmentible que les debe haber dejado una buena impresión personal y profesional, porque no dudaron un minuto en salir en defensa de la polémica Corte que preside.
Una Corte insostenible y con fecha de vencimiento.
