El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se ha convertido en uno de los pocos sobrevivientes del régimen macrista. Y cifra tal milagro en su empeño por parecer la cara amigable de Juntos por el Cambio (JxC). Pero no siempre lo logra, ya que en su gestión se filtran una y otra vez los horrores proverbiales de dicho espacio.
Prueba de ello –por caso– fueron los gases lacrimógenos y las balas de goma con las que, sin razón alguna, su mazorca supo amenizar el funeral de Diego Maradona en la Casa Rosada. Y no le va a la zaga su reciente epopeya judicial para legitimar la restricción de vacantes en los niveles preescolares de la educación pública.
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Lo notable es que este asunto desnudó otra disfunción de la Ciudad: la dependencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hacia el Poder Ejecutivo local. Una comedia republicana cuyos protagonistas no tienen desperdicio.
Después de conocerla en un gimnasio, Macri propuso a Weinberg de Roca para reemplazar a Alejandra Gils Carbó.
La doctora Inés Weinberg de Roca es sin duda la primera actriz de tal elenco, ya que el público reparó en su existencia cuando –en el otoño de 2018– se probaba el talleur de procuradora general, después de que Mauricio Macri la propuso tras forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Las semblanzas que por entonces la prensa difundía sobre ella incluían un simpático detalle: Macri la había conocido 2013, cuando ambos elongaban en un coqueto gimnasio de Barrio Parque. Días después, desde la jefatura de la Ciudad– impulsó su nombramiento en el TSJ.
Todo un estilo: en 1993, la doctora Inés conoció a Carlos Saúl Menem en una fiesta y le dijo que quería ser jueza. Días después, el riojano maniobró su designación al frente del Juzgado Civil 11. Así comenzó su carrera.
¿En qué evento mundano habrá conseguido, luego, integrar el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, antes de su etapa en el Tribunal de Apelaciones de la ONU?
Por lo pronto, se la critica por haber cobrado allí un sueldo hasta 2016, cuando ya llevaba más de tres años en el TSJ.
Su esposo era el abogado Eduardo Alejandro Roca, un ex funcionario de tres dictaduras (las de José María Guido, Juan Carlos Onganía y Leopoldo Galtieri). Este individuo –que falleció en 2019, a los 98 años– fue socio del doctor Manuel Sabarrayrouse en un estudio jurídico. Y hasta sus últimos días tuvo presencia en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una ONG de dinosaurios que –entre otros ideales– brega por el perdón a represores bajo proceso o condenados.
Tal lazo abría un interrogante sobre la postura de la posible procuradora ante los juicios por delitos de lesa humanidad. Lástima que en su momento el Senado malogró su llegada al Ministerio Público Fiscal.
Dos fallos de Weinberg de Roca y Lozano impulsaron el uso de las pistolas Taser y restauraron la atribución de la policía de pedir arbitrariamente documentos en la vía pública.
De modo que prosiguió en el TSJ con la frente marchita. Allí, dicho sea de paso, formaba una interesante dupla con el doctor Luis Lozano.
De hecho, ambos obtuvieron una efímera celebridad por dos fallos: el que aprueba la utilización de las pistolas Taser por la Policía de la Ciudad y el que restauró a sus efectivos la atribución de pedir el DNI sin motivo alguno.
Lozano presidió el TSJ por dos períodos, y su fineza florentina lo hizo diestro para las intrigas internas. Por eso es considerado un émulo en pequeña escala de Ricardo Lorenzetti. Y hay un detalle que lo pinta por entero: entre sus argumentos a favor del escandaloso fallo que limita el acceso a jardines de infantes, se lució con citas en inglés escritas por jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¡Qué elegancia!
Ellos fueron los dos magistrados que Macri, en su brinco hacia la Casa Rosada, legó en bandeja de plata a Horacio Rodríguez Larreta. En cambio, los otros dos actuales abanderados de sus anhelos procesales –Marcela de Langhe y Santiago Otamendi– son fruto de su propia búsqueda. Y de los votos con los que cuenta en la Legislatura para aprobar esta clase de caprichos.
No es injusto decir que estos dos personajes llegaron al TSJ acarreando ciertos pecados de origen.
Al igual que Weinberg de Roca, la doctora De Langhe es una adúltera de la función pública: hasta su desembarco en el TSJ, en 2019, Integró la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, a la vez que se desempeñaba como coordinadora de Formación Académica en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde se forma el personal de la Policía de la Ciudad. ´
Si bien De Langhe es una figura próxima al ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, su designación fue una propuesta del operador judicial Daniel Angelici a Rodríguez Larreta.
Aquello transgredía las normas de la Ley de Ética Pública, al igual que la Ley Orgánica de la Ciudad y el reglamento del Consejo de la Magistratura. Pero ella esgrimía que su trabajo en el ISSP era ad honorem.
Una inexactitud involuntaria, tal vez provocada por la fatiga del doble empleo: ella percibía un sueldo básico de 123.117,40 pesos, más suplementos por “responsabilidad profesional” de 61.558.70. Y por “anticipo de servicios” obtenía 19.698,78, junto a un adicional fijo de 5918,19, lo que hace un total de 210.293,07. Y como camarista, cobraba otros 106 mil.
Aunque se trata de una figura muy próxima al ex ministro de Seguridad porteño (y actual intendente de General Pueyrredón), Guillermo Montenegro, su designación le fue susurrada al oído de Rodríguez Larreta por el recordado Daniel Angelici, quien tiene la mejor opinión de ella.
Ahora, esta abogada de 53 años, recibida en la UBA y autora de un libro sobre escuchas telefónicas (¿la habrá asesorado Montenegro?), ya renunció al ISSP y únicamente se dedica al TSJ, como corresponde.
Con respecto a Otamendi, su llegada al TSJ bien pudo haber sido leída en su momento –mayo de 2019– como un enroque, ya que él era nada menos que secretario de la Justicia de la Nación (o sea, segundo del ministro Germán Garavano, con todo lo que ello significaba). De modo que no pocos tildaron de “grosería” tamaño pase desde el Poder Ejecutivo al Judicial.
Eso, por cierto, fue lo de menos, puesto que el doctor llegaba a su nueva trabajo con algunas cicatrices. Tanto es así que en su travesía hacia tal puesto tuvo que sortear impugnaciones por doquier, especialmente las de Memoria Activa, integrada por familiares de víctimas del atentado a la AMIA.
Otamendi fue impugnado por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA por proteger a los ex fiscales Mullen y Barbaccia en el juicio por encubrimiento.
Es que Otamendi fue una figura central en las maniobras ministeriales para proteger a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia del juicio por encubrimiento, donde fueron condenados en febrero de 2019. Su papel en el asunto había sido denunciado públicamente por Mario Cimadevilla, a quien el propio Garavano había puesto al frente de la Unidad Especial de Investigación AMIA. Y que terminó eyectado por negarse a la maniobra.
La quinta jueza del TSJ es Alicia Ruíz, quien suele votar en disidencia.
Ahora, tras la lluvia de repudios que generó el fallo del TSJ al establecer que únicamente podrán reclamar vacantes para la escuela pública los padres que no puedan pagar la educación privada, es probable que la próxima escala curricular de la mayoría automática larretista sea el juicio político.
