La socióloga y asesora presidencial Dora Barrancos aseguró hoy que los “obstáculos que pongan las posiciones anti-derechos” en la etapa de la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) “deberán ser sorteados con una reglamentación nítida, que no dé lugar a entredichos”.
Además, anticipó que tras la aprobación en el Congreso de la legalización de la IVE se iniciará una “gran actividad de litigio” en los Tribunales.
Luego remarcó que la estrategia de quienes resisten la legalización del aborto apuntará a “la tentativa de declarar la inconstitucionalidad de la ley”.
“Quizá haya algún juez que dé lugar a cautelares. Uno, dos o tres jueces. Esto puede ocurrir. Y va a haber que fundar un sentido muy enérgico para contrarrestar toda esa vorágine de juicios adversos”, exhortó Barrancos.
“Los obstáculos que pongan las posiciones anti-derechos deberán ser sorteados con una reglamentación nítida, que no dé lugar a entredichos”.
Sobre la fase de implementación de la ley, señaló que “quedan enormes desafíos” porque “las posiciones anti-derechos”, vaticinó, “van a poner obstáculos”.
“Deberán ser sorteados con toda la potestad del Estado”, subrayó.
La intelectual feminista también abogó por una plena aplicación de la ley 26150/2006, de Educación Sexual Integral (ESI), en todo el territorio del país.
En este punto cuestionó a las provincias cuyos senadores “han votado en contra de la ley”, porque dichos legisladores “han argumentado sobre lo importante que es la educación sexual y que es lo que hay que hacer” cuando, remarcó, “fueron efectivamente (esas provincias) las que menos cumplieron con la ley”.
“Los obstáculos que pongan las posiciones anti-derechos deberán ser sorteados con toda la potestad del Estado”.
“El patriarcado tiembla bastante con esta ley, porque no escapa que la estructura legal anterior era devenida e impuesta por la Arcadia patriarcal. Esta imposibilidad de aceptar que las mujeres deben tener sexualidades tan libres, tan autónomas, como las de los propios varones, es una articulación de base patriarcal”, advirtió Barrancos.
En materia jurídica, la socióloga e historiadora aclaró que no es un ámbito en el que esté especializada, aunque planteó que la legalización de la IVE “será benéfica” para las mujeres denunciadas y judicializadas por realizarse un aborto.
“En el caso de una ley posterior benéfica, su aplicación es retroactiva. Si no es benéfica, si no beneficia, si no asegura más derecho, si se torna en verdad más calamitosa que la ley por la cual se ha condenado, entonces no se hace retroactiva. Pero si la ley mejora la situación, entonces es retroactiva”, razonó en otro tramo de la comunicación con Télam.
La decisión de apostar a la vía judicial por parte de los sectores que se identifican con la consigna de “defender las dos vidas” quedó en evidencia en varios tramos de la sesión que arrancó el martes por la tarde.
“La imposibilidad de aceptar que las mujeres deben tener sexualidades tan libres, tan autónomas, como las de los propios varones, es una articulación de base patriarcal”.
La senadora Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio-Tucumán) lo adelantó incluso antes del debate y lo repitió luego, durante su propia intervención en el recinto.
“Si (la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo) llega a convertirse en ley vamos a plantear la inconstitucionalidad. Nuestro país se ha obligado a los estándares más altos con la protección de la vida desde el momento de la concepción”, señaló Elías de Pérez en la jornada histórica del martes.
En cuanto a la reglamentación de la ley, la definición de sus alcances quedó en el centro del debate desde el arranque mismo de la sesión.
La reglamentación es el proceso que sigue a la sanción de una ley en el Congreso y su posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
Se eliminará la palabra “integral” del artículo 4, inciso B, que establece cuáles son las condiciones excepcionales en las que se habilitará la interrupción del embarazo después de las 14 semanas de gestación.
Casi al inicio del debate por la legalización de la IVE, la senadora y miembro informante Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa) informó que el bloque oficialista había acordado con la Casa Rosada incorporar una corrección en el texto -un veto parcial- para eliminar la palabra ‘integral’ del artículo 4 inciso B del proyecto.
Ese artículo establece cuáles son las condiciones excepcionales en las que se habilitará la interrupción del embarazo a las personas gestantes que hayan superado la semana 14 del proceso de gestación.
Una de esas condiciones previstas en el artículo 4 según la redacción inicial era que estuvieran en riesgo “la vida o salud integral de la persona gestante”.
Los senadores resolvieron eliminar la palabra ‘integral’ porque podía dar lugar a confusiones dado que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye dentro de esa categoría variables sociales además de médicas, vinculadas a lo social y lo económico.
