El DNU 690/20 y la universalización de la conectividad.
El 22 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que declaró a los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (telefonía móvil, internet y cable) como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia es tiempo de analizar los avances y los desafíos pendientes. No podemos dejar de lado a la hora de hacer un balance la judicialización a la que fue sometida la norma y que impidió su aplicación efectiva sobre las principales empresas del sector.
Nadie parece discutir a esta altura la esencialidad de estos servicios en nuestras vidas. La pandemia del COVID 19 hizo estallar frente a nuestros ojos la centralidad que tienen las comunicaciones, y principalmente internet, en nuestra vida cotidiana. Como contracara, se visibilizaron las desigualdades en el acceso a la conectividad, a los dispositivos y la falta de educación digital que padece nuestro país.
Si bien hay consenso en la importancia de estos servicios y la necesidad del acceso de la población a ellos, los conflictos aparecen a la hora de discutir que rol asume el Estado como garante del derecho a la comunicación y cuáles son las acciones que impulsa. Es en este punto donde el terreno judicial cobró protagonismo a partir del pedido de algunas empresas del sector de declarar la inconstitucionalidad del DNU luego de su reglamentación. Las empresas argumentan en sus presentaciones judiciales que la declaración de servicio público conlleva una intromisión del Estado en un mercado en competencia donde los precios que eran fijados libremente ahora serán regulados como tarifas; y que este control de precios sumado a la obligación de brindar una Prestación Básica Universal, la cuál no estaba prevista, afecta sus derechos de propiedad y su equilibrio económico. Consideran además que estas medidas afectan la seguridad jurídica necesaria para la realización de inversiones.
Si bien son cuestiones atendibles, el Ente Nacional de Comunicaciones ha presentado en las distintas causas abiertas documentos que acreditan que los balances de las empresas que se han presentado en la justicia no dan cuenta de una afectación económica. Por el contrario, el Estado Nacional sostiene que se busca proteger el bien común y el derecho a la comunicación de los ciudadanos y ciudadanas. En el terreno judicial, por el momento, la batalla la están ganando las empresas que obtuvieron medidas cautelares de suspensión del DNU, entre las que se encuentran Telecom del Grupo Clarín, Catrie Televisora Color S.R.L., DirecTV, Telecentro y las empresas de televisión por suscripción (cable) nucleadas en ATVC. En los próximos meses vencen estas medidas cautelares y habrá que ver qué dictamina la justica para cada caso. No obstante ello, y dados los antecedentes que tuvo la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo hace pensar que habrá un largo recorrido judicial.
El Estado deberá asumir un rol activo, sin esperar los consensos ficticios que solo bregan por su pasividad.
Más allá de los escollos y la dificultad de implementación por las medidas judiciales, el DNU permitió poner en el centro de la escena la responsabilidad del Estado para garantizar la conectividad y el acceso a los servicios. A partir de allí se diseñaron una serie de estrategias para facilitar el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a estos servicios, que van desde el reparto de tarjetas prepagas de telefonía e internet móvil para los sectores vulnerables, hasta proyectos de infraestructura de conectividad a mediano plazo.
En materia de precios, por fuera de las empresas protegidas por las medidas judiciales, se logró contener el aumento desmedido que fue moneda corriente en el sector en la gestión de gobierno de Mauricio Macri. Según datos del INDEC el aumento del sector comunicaciones en 2019 fue del 63 %, acumulando un aumento del 326% en el período 2016-2019, por encima de la media inflacionaria de esos años. En 2021, con el objetivo de tener precios asequibles en una economía golpeada por la pandemia, ENACOM autorizó el 23% de aumento durante todo el año. Como parte de la misma estrategia de contención de precios, la empresa ARSAT decidió mantener el precio mayorista del mega congelado desde 2019.
Los desafíos que se avecinan ahora que empieza a menguar la pandemia son múltiples y todos deben tener como eje la conectividad como un derecho universal. Se espera que estos servicios públicos, esenciales y estratégicos incrementen el acceso a internet de toda la población. De acuerdo al informe del INDEC del segundo trimestre de 2021 sobre los Accesos a Internet presentó un incremento de 4,2% de variación interanual en los accesos a internet fijo y de 7,6% en los accesos móviles. Sin embargo, este incremento sigue siendo desigual geográficamente no sólo en términos de acceso sino también de calidad, porque no basta con tener acceso a internet sino que para darle funcionalidad a esa conectividad debe permitir conectarse con niveles de velocidad óptimos.
La cobertura de 4G sigue siendo deficitaria y concentrada en determinadas zonas. Los datos abiertos de ENACOM arrojan que mientras Capital Federal tiene 119 radiobases 4G cada 100 mil habitantes, provincias como Chubut tiene sólo 53 radiobases de 4G y Mendoza tiene 49 radiobases 4G. Por su parte Córdoba tiene 84 y Santa Fe 73. Esta distribución dispar se reproduce hacia el interior de cada provincia donde la mayor cantidad de radiobases se concentran en los principales conglomerados urbanos.
Estos datos muestran que el federalismo es condición necesaria de las políticas públicas de conectividad y la única manera de universalizar el servicio para el desarrollo de la nación.
En materia de servicios móviles no podemos dejar de mencionar la importancia que cobra el Plan Nacional de Espectro Radioeléctrico para desarrollar una estrategia de ampliación de la cobertura 4G en todo el país, permitir la llegada de nuevos jugadores, facilitar el acceso a los operadores locales y preparar el terreno para nuevos servicios. Sin dudas la resolución sobre el espectro remanente adjudicado a Nextel y que debe devolver el Grupo Clarín luego de la fusión con Telecom será clave en esta estrategia.
La puesta en marcha de la Prestación Básica Universal sigue siendo una deuda pendiente. Si bien la judicialización frenó su implementación para los principales prestadores, previo a las primeras medidas cautelares, faltaron campañas públicas que dieran a conocer la medida y los beneficios para la ciudadanía. ni se obligó a las empresas a informar a los usuarios sobre esta prestación. El esquema rígido que se optó para la PBU, que no contempla las particularidades geográficas y el tamaño de las empresas, dificultó que pymes y cooperativas lo capitalizaran como estrategia para sumar nuevos clientes.
El desafío de la universalización de la conectividad a un año de la publicación del DNU 690/20 es una materia pendiente. El Estado nacional deberá asumir un rol activo para lograrla sin esperar que lleguen los consensos ficticios que sólo bregan por su pasividad y que las decisiones sobre el sector los gigantes del sector. Por el contrario es hora de pensar en un Estado fuerte que garantice el derecho a la comunicación de la ciudadanía con mirada federal, soberana y con justicia social.
*Publicado en la edición 54 de Contraeditorial
