Del exitoso acuerdo con los bonistas extranjeros al fragoteo de los jueces tarotistas.
Aunque la semana terminó algo enrarecida por el fragoteo de un grupo de jueces opositores a la reforma judicial, después de casi cinco meses de una agenda dominada por la pandemia, el gobierno pudo finalmente anotarse una victoria rotunda con el canje de deuda. El acuerdo con los bonistas extranjeros no resuelve la crisis económica, claro está, pero alivia el panorama al menos por los próximos cuatro años. Y, tal como están las cosas, eso es como un siglo.
Fruto de una áspera negociación con fondos que son los verdaderos dueños del capitalismo global en su fase de financiarización, el ahorro logrado de más de 40 mil millones de dólares despejó el horizonte de gestión para anuncios que van desde el relanzamiento del muy demandado Procrear al ambicioso plan de obras públicas con inversiones por 450 mil millones de pesos.
Un enorme logro, titánico, difícilmente superable, a la espera de lo que vaya a ocurrir con el FMI. Empezar a racionalizar el desbarajuste financiero que legó el macrismo, todo en medio de un escenario de índices vergonzosos en materia de pobreza, indigencia y hambre, con una recesión añeja fatalmente agravada por efecto de la pandemia, parecía una tarea más propia de una brigada antiexplosivos que exclusiva de los “expertos en finanzas”.
Los endeudadores seriales macristas saludaron el acuerdo, aunque dijeron que ellos lo habrían hecho más rápido y mejor. Los yacimientos de cinismo son inagotables.
Martín Guzmán, al igual que Joseph Stiglitz y Thomás Picketty, cree que mientras no haya una alternativa mejor, habrá que buscarle una cara progresista al capitalismo. En materia de deuda, la “sostenibilidad” de la que habla en cada una de sus intervenciones sería la traducción al lenguaje académico de un postulado basal del kirchnerismo económico: los muertos no pagan sus deudas.
En los hechos, se trata de aplicar una lógica de negocios, que nadie que se dedique a vivir de eso puede rechazar, sin hacer un mal negocio.
Por supuesto, el ministro de Hacienda contó con dos especialistas de gran calibre en esta lidia recurrente con acreedores voraces. El presidente Alberto Fernández fue el jefe de Gabinete de la exitosa reestructuración kirchnerista de principios de siglo y Cristina Kirchner, nada menos, la jefa de Estado que impulsó desde la ONU una nueva arquitectura legal para las deudas soberanas de los países, estrategia que también fue bendecida en su momento por el Papa Francisco.
Algo curioso pasó esta semana: los endeudadores seriales macristas saludaron el acuerdo con los bonistas, aunque dijeron que ellos lo habrían hecho más rápido y mejor. Los yacimientos de cinismo que hay en la Argentina son realmente inagotables.
Como comprobación de lo dicho, vale reparar en la reacción de los magistrados que se oponen a la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo. Con una celeridad digna de mejores causas, los integrantes de la Cámara del Crimen y los de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial ya dictaminaron que el proyecto es “inconstitucional”.
Difícil encontrar jueces que además de conocimiento del Derecho tengan dotes de clarividencia o tarotismo. La reforma todavía no es ley, no se votó, recién comenzó a discutirse en el plenario de comisiones involucradas del Poder Legislativo el borrador. Por lo tanto, la resolución de los camaristas resuelve sobre asuntos que no ocurrieron.
La reforma todavía no es ley y recién empezó a discutirse el borrador en las comisiones del Congreso. Los camaristas, clarividentes, resolvieron sobre un asunto que no ocurrió.
Que algo que no pasó todavía, algo que no se legisló aún, sea declarado “inconstitucional”, habla de algún talento divino de los magistrados para predecir lo que vendrá, negado al común de los mortales. Habrá que creer que eso es posible, o caer en la realidad de que los camaristas están dispuestos a luchar en defensa de sus privilegios de casta, batiendo tambores de una guerra que nada tiene de republicana ni democrática.
Como parte de este clima beligerante, la Corte Suprema ratificó la prisión del dirigente político kirchnerista Luis D’Elía por los episodios ocurridos en 2004 en la comisaría de La Boca. Resulta llamativo que el tribunal resolviera del modo en que lo hizo, un día después de que Clarin anunció que los cortesanos iban a empezar a sacar fallos contra el kirchnerismo en rechazo sibilino a la reforma. Voceros palaciegos auguran una sentencia de la Corte que podría hacer estallar el sistema previsional si el Ejecutivo insiste.
Los grupos conservadores que controlan el servicio de justicia no son fáciles de remover. No por nada el Judicial es el poder que menos se democratizó desde 1983 al presente. Cristina Kirchner no pudo con ellos tampoco en 2013. Al contrario, su intento de saneamiento y modernización abrió un frente donde servicios de inteligencia locales y extranjeros y medios monopólicos, en sincronía con jueces y fiscales de Comodoro Py, le hicieron la vida imposible, además de llenarla de causas judiciales, muchas de ellas todavía abiertas.
Eran otros tiempos. Algunos de esos demonios parecen derrotados. Habrá que ver si la reacción de los camaristas o los desplantes de la Corte son parte del berrinche final de una corporación inquieta ante la posible reducción de su histórico poder, o el prólogo a una batalla salvaje contra el gobierno con final incierto.
Sería bueno que cortesanos, jueces y fiscales dejen la política en manos de los políticos, porque cuando los jueces se dedican a hacer política, dejan a la sociedad sin justicia.
La verdadera democracia argentina, lastimada durante décadas por sucesivos golpes de Estado, se construyó sobre una convicción transversal de los civiles, construida en la difícil transición de los ‘80: los militares debían retornar a los cuarteles a hacer de militares y dejar la política en manos de los políticos.
Lo que sirvió para una corporación, que alguna vez se sintió todopoderosa y capaz de desaparecer a una generación de argentinas y argentinos imaginando que nadie iba a pedirle explicaciones, debería servir como lección para otras que también equivocan el camino.
Sería bueno que cortesanos, jueces y fiscales que nada hicieron para defender el estado de Derecho, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de las personas en el periodo 2015/2019, dejen la política en manos de los políticos, porque cuando los jueces se dedican a hacer política, dejan a la sociedad sin justicia.
Vuelvan a los juzgados, a hacer de jueces y fiscales, que para eso reciben sus sueldos. Bastante buenos. Y sin pagar Ganancias.
