La reforma judicial que propone a la sociedad Alberto Fernández es la más hermosa osadía que podía exhibir a menos de seis meses de gobierno. Su lanzamiento dependió exclusivamente de una decisión política, pero su concreción está sujeta a factores que exceden al presidente y a todo el círculo cercano comprometido en el proyecto. Para analizar esos factores es necesario tener en cuenta lo señalado por Uri Bronfenbrener, en cuanto a que ningún comportamiento humano puede ser comprendido o apreciado en su real dimensión, aislado del contexto en el que ocurre. Por eso resulta interesante describir sintéticamente el contexto en el que se produce la propuesta.
El primer factor a tener en cuenta es la pandemia originada en el Covid 19, que implica una tragedia en términos de angustia, salud e incluso de vida de millones de ciudadanos. Ese drama comenzó a muy pocos meses de asumido el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, lo cual condicionó claramente cada medida de las nuevas autoridades. Sin embargo, en muy poco tiempo y simultáneamente a la lucha sin descanso contra el virus, se logró un acuerdo con los acreedores de la deuda externa de nuestro país, que había sido contraída como parte del saqueo planificado y concretado por el gobierno de Mauricio Macri.
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Los sectores que fueron pilares del lawfare hoy sostienen un “artero ataque” contra el gobierno.
Para ese logro se sumó, al apoyo popular que en las urnas le dio el triunfo a les Fernández, el alto porcentaje de población que acompañó las medidas tomadas para enfrentar al virus, aconsejadas por notables infectólogos argentinos y, finalmente, el talento de los especialistas económicos encabezados por el ministro de economía Martín Guzmán.
El segundo factor relevante de contexto es que el gobierno nacional y de algunas provincias, en especial la de Buenos Aires, soporta cotidianamente los arteros ataques de parte de los sectores que fueron pilares del denominado lawfare.
Lawfare es un neologismo creado por el General Charles J. Dunlap Jr., de la Fuerza aérea de EEUU. En 2001 lo definió como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Mediante esa metodología se reemplazaron en nuestro país y la región, las prácticas de las dictaduras genocidas, secuestro, tortura, desaparición y muerte, por esta novedosa y perversa mecánica. El fin es el mismo, transferencia de recursos de sectores vulnerables a los de concentración de riqueza y el lavado del dinero obtenido, en paraísos fiscales. Esa guerra jurídica o judicial, se sostiene sobre cuatro pilares: el Poder Ejecutivo (y parte del legislativo), el sector corrupto del Poder Judicial, los medios hegemónicos de comunicación y los servicios de inteligencia. Durante la gestión de Macri, mediante esa metodología, se persiguió, amenazó, extorsionó y encausó judicialmente a funcionarios del gobierno anterior y dirigentes gremiales y sociales, así como a aquellos magistrados que podían obstaculizar el plan criminal comenzado al asumir la presidencia el aludido Mauricio Macri.
Hay un sabotaje cotidiano de los medios hegemónicos, con fake news y campañas de desprestigio.
La llegada al gobierno del Frente de Todos, modificó ese diseño en dos áreas específicas. Fundamentalmente el Poder ejecutivo pasó de estar encabezado por el jefe de una organización de saqueo, a un presidente, vicepresidenta y equipo de gabinete, caracterizado por su capacidad intelectual, honestidad y energía, atributos manifiestamente opuestos a la banda delictiva saliente. En cuanto a la Agencia de Inteligencia, se dispuso su intervención y el presidente designó a una funcionaria de antecedentes y calidad humana inobjetables.
De una comparación sencilla entre los dos momentos que contextualizan los cuatro años del macrismo y los seis meses del Frente de Todos, surgen dos obstáculos muy fuertes para el éxito de la propuesta de reforma judicial. Uno se centra en los medios hegemónicos de comunicación que, mediante las maniobras de manipulación a través de noticias falsas y campañas de desprestigio, resultaron claves para la llegada al poder, en su momento, de Mauricio Macri, y hoy para el sabotaje cotidiano a la labor del gobierno del Frente de Todos.
El poder judicial es una corporación conservadora, cuyo núcleo reaccionario jugó un papel decisivo en la historia moderna de la Argentina.
El otro gran obstáculo es nada menos que el propio poder judicial. Se trata de una corporación tradicionalmente conservadora, de variada composición. Su núcleo más reaccionario jugó un papel decisivo a lo largo de nuestra historia moderna. Valga como ejemplo que cuatro días después del primer golpe de Estado de nuestro país, del 6 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia lo justificaba y convalidaba mediante Acordada precedida por el dictamen favorable del Procurador General de la Nación, Dr. Horacio Rodríguez Larreta. Desde aquella infamia de hace 90 años, hasta la de aplicar el trágico “2 x 1” (3/5/2017), para beneficiar a los genocidas, por parte de la mayoría de miembros de la Corte Suprema actual, ha pasado mucha sangre bajo el puente.
Finalmente, cabe recordar en sentido contrario, los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en nuestro país, como muestra de la importancia del contexto en el funcionamiento de corporaciones como el Poder Judicial.
Superar los obstáculos que hoy resisten la reforma propuesta es quizás el desafío más grande para el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Lograrlo, nos va a permitir contar con una justicia decente, creativa y sensible, lo cual significa una vida mejor para cada ciudadano. Es esperanza, y, en consecuencia, es alegría. Nos la debe el Estado argentino y el momento es hoy.
