Los estrados judiciales siempre han separado al pueblo de sus jueces. Con las excusas más diversas, los siglos pasaron y los estrados quedaron. Por supuesto lo más grave no es el espesor de las tarimas sino el poder simbólico de la superioridad que implican. En 1930, 4 días después del primer golpe de Estado en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la nación, convalidaba el quiebre institucional, iniciando una etapa de vergüenzas que se reiterarían en cada golpe, en cada secuestro, tortura, desaparición y muerte. Figueroa Alcorta, Repetto, Lavalle, y Sagarna eran los apellidos de los firmantes, jueces alineados detrás del dictamen de Horacio Rodriguez Larreta, Procurador General de la Nación.
En un puñado de frases tan huecas como dañinas, pulverizaron lo fundante, lo constitutivo, aquello que caracteriza lo mejor de las sociedades, que es su posibilidad de organizarse institucionalmente para lograr el bien común.
Dijeron en el infame fallo los cortesanos: “… Que, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social.”
Si bien las personas que marcharemos el 1F sufrimos de distinta manera las injusticias, lo común a todos nosotros, es el impacto traumático que genera la impunidad.
De ese modo, “la fuerza” pasaba a ser oficialmente incorporada a nuestra comunidad como fuente de pretendido bienestar. Ante aquella verdadera tragedia institucional producida en 1930 y reiterada con magnitudes variadas en cada sentencia injusta, no alcanza ni muchos menos el Derecho como disciplina para explicar el alcance de semejante destrucción. El trauma social que ese pronunciamiento ha ocasionado a las generaciones que sucedieron a esos jueces venales, es enorme. En ese fallo, ya no se trataba solamente de los militares que asaltaron el poder. Se incorporaban oficialmente sus socios civiles que nunca abandonarían el apoyo a los sectores más recalcitrantes de nuestra sociedad, a los que ellos se enorgullecían de pertenecer. Y, a partir de allí, los esfuerzos denodados de los sectores menos conservadores del Poder Judicial, de poco servirían. Es al día de hoy, 92 años después de aquel trágico 6 de septiembre de 1930, que, siendo mayoría, los jueces y fiscales honestos, no logran conmover un centímetro de aquella alianza de la oligarquía local que continúa manejando los despachos de quienes defienden los intereses de un modelo neoliberal insaciable.
La recordada psicoanalista Silvia Bleichmar, se refería a estos y otros fenómenos trágicos como “catástrofes sociales”. Y se preguntaba si “¿son válidas las herramientas que tenemos para trabajar en procesos traumáticos?”. Se refería al impacto que dichos sucesos siempre tienen en la subjetividad de quienes la Corte de 1930 llamó “las personas”. Y en ese punto la respuesta se hace complicada. Es evidente que las herramientas, si bien se encuentran en nuestra legislación, aún no han sido utilizadas adecuadamente para enfrentar los efectos traumáticos de una justicia injusta, y al mismo tiempo para evitar adecuadamente su reiteración. Habría que comenzar a aceptar que, para estos dramas sociales, el Derecho, es insuficiente. En ese sentido, es imprescindible recurrir a aquellas disciplinas que estudian en profundidad los fenómenos que se producen en el interior de las instituciones más importantes de nuestra organización social. Es allí donde podremos encontrar algunas respuestas a los numerosos interrogantes que nos interpelan como seres humanos en general y como ciudadanos en particular.
Finalmente, hay que comprender que el problema es colectivo y la solución igualmente debe serlo. Si bien las personas que marcharemos el 1F sufrimos de distinta manera las injusticias, lo común a todos nosotros, es el impacto traumático que genera la impunidad. Y ante ello, la movilización popular es una herramienta poderosa para metabolizar ese proceso dañino y al mismo tiempo, reclamar decisiones políticas acordes a la complejidad de un Poder Judicial que ha sido perforado por la organización criminal que saqueó nuestro país en los años recientes.
(1) Bleichmar, Silvia, “Conceptualizaciones de catástrofe social. Límites y encrucijadas”. Buenos Aires, Paidós, 2003
