El diputado nacional del Frente de Todos y ex consejero de la magistratura, Rodolfo Tailhade afirmó que la movilización autoconvocada a la Corte Suprema de Justicia, el 1 de febrero, “es absolutamente legítima por la forma en que se está organizando, y ni hablar de lo justificado que es el reclamo en general”.
En diálogo con Contraeditorial, el legislador reivindicó “el derecho de la sociedad a movilizarse, con o sin el acompañamiento de la dirigencia política” en reclamo de una reforma del Poder Judicial.
“El Poder Judicial tiene una imagen por el piso y no hay ninguna salida a esta trampa en la que nos ha metido, si no es con una reforma profunda de todas sus estructuras, fundamentalmente de la Corte”, enfatizó Tailhade.
El diputado y miembro de la subcomisión de Inteligencia que lleva adelante la investigación parlamentaria sobre la “Gestapo antisindical”, también adelantó que luego de llamar a declarar a los espías que participaron en la reunión del Banco Provincia, y a referentes de organizaciones sindicales y sociales que fueron víctimas de espionaje, desde el Congreso de la Nación se elaborará un dictamen que, espera, se debata en el recinto.
“Buscamos que el Parlamento lo discuta, porque no puede no tener el repudio de toda la dirigencia política, la representación parlamentaria de la sociedad tiene que repudiar estas prácticas”, manifestó.
Finalmente se refirió a la reforma del Consejo de la Magistratura al expresar que los cambios que necesita el organismo “están lejos de concretarse”. “Hay ideas relacionadas a reformas judiciales que se están discutiendo. Hay que profundizar en ese sentido. La movilización creo que va a ser multitudinaria y respaldará las reformas al poder judicial. Me parece que el gobierno tiene que avanzar en eso”.
-Además de la reunión de la “Gestapo antisindical” se conocieron visitas de funcionarios y agentes de la AFI en fechas claves a la Casa Rosada. ¿Esto vuelve a dar cuenta de la implicancia de Mauricio Macri en el armado de causas a sindicalistas, jueces y políticos?
-Sí, pero no es esto lo que viene a revelar esta participación o el protagonismo de Mauricio Macri en esta trama. Más allá de estas visitas, en esa etapa, en simultáneo, había un ataque a todo lo que es el mundo del trabajo, a sindicatos y a abogados laboralistas. Para la misma época de la reunión Gestapo, Macri acusaba a Héctor Recalde de ser el jefe de la mafia. En el Consejo de la Magistratura había también una ofensiva contra los jueces laborales que sacaban algunos fallos que molestaban al macrismo, como los que reincoporaban a trabajadores de Telam, o validaban la paritaria de la bancaria. Esos fallos terminaban con un apriete en el Consejo de la Magistratura. Efectivamente las visitas dan cuenta de eso pero también forma parte de un sinnúmero de evidencias que ponen a Macri en el centro de la escena.
-¿Cuáles son los pasos a seguir en la Subcomisión de Inteligencia, en el marco de la investigación de la Gestapo antisindical?
-Estamos tratando de avanzar con todo lo que tiene que ver con la organización de la reunión. Ya sabemos que hubo un correo electrónico de la presidencia del banco, concretamente de la asesora principal de Juan Curuchet, pidiendo la reserva del lugar por tres días. Además, sabemos que el gerente de relaciones institucionales del Bapro, Hernán Stella, lleva adelante la reserva y es el encargado de que todos los integrantes llegarán sin problemas al séptimo piso. Con esto estaríamos tratando de cerrar la hipótesis de cómo se organizó la reunión y porqué estaban los agentes de inteligencia ahí. Para eso vamos a intentar convocar a los otros agentes de inteligencia que estaban presentes en la reunión, pero no creo que colaboren. A partir de ahí, probablemente empecemos a tomar testimonios en otras denuncias que han hecho distintos gremios como la Procuración General, UOCRA de Bahía Blanca, Astilleros Río Santiago, Tandanor, Camioneros, entre otros. Ahora, le vamos a dar un cierre en término de posibles diligencias al tema Gestapo, y ofrecer al Congreso un dictamen de la Comisión que refleje el resultado de la investigación en general, no solo de la reunión Gestapo.
-¿Qué ocurrirá con ese dictamen de la comisión?
-El dictamen puede llegar a tener algún curso de acción parlamentaria concreto, como un proyecto de resolución o un proyecto de declaración, pero la realidad es que estos dictámenes son insumos de acción política para tratar en el Parlamento temas que tengan vinculación con eso. No se cuál va a ser el dictamen, pero buscamos que el Parlamento lo discuta, porque no puede no tener el repudio de toda la dirigencia política, la representación parlamentaria de la sociedad tiene que repudiar estas prácticas. Evidentemente no va a ser el caso, esto va a volver a caer en la grieta.
-¿Qué relación ve entre la “Gestado antisindical” y el “Proyecto Amba” que dispuso agentes de inteligencia en territorio bonaerense?
-Hay una unidad de concepción y de conducción, porque fue la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza, y con gran parte de su gabinete, la que también articuló con la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani el Proyecto Amba en términos de despliegue territorial, de ubicación de las bases y de objetivos. La fachada del Proyecto Amba, era luchar contra el narcotráfico, pero el propósito real era el espionaje a organizaciones políticas, sindicales y sociales y vincular a esas organizaciones con el narcotráfico. En una reunión, Magdalani y Arribas nos reconocieron que Vidal fue la que indicó los lugares donde tenían que erradicarse las bases. En esa misma reunión, Arribas y Magdalani nos dijeron que se habían iniciado algunas causas después de un año de trabajo, pero nunca dieron detalles de esas causas. En realidad, no existió ninguna causa iniciada por delitos de narcotráfico por parte del gobierno de Vidal o del gobierno nacional a partir del trabajo de la AFI en el Proyecto Amba. Fue una gran mentira. Fue la pata más pretenciosa del espionaje que efectuó Macri. El Proyecto Amba fue generalizado y apuntó a detonar los principales territorios en donde el peronismo gobernaba o era fuerte electoralmente. Creo que la Gestapo forma parte del proyecto Amba, porque tiene los mismos objetivos y se llevó a cabo con la misma práctica. Incorporaría a la Gestapo como un capítulo dentro del Proyecto Amba.
-El primero de febrero se está convocando a una movilización para pedir por una Suprema Corte mejor, ¿Crees que la gente debería acompañar esta marcha?
-Creo que es absolutamente legítimo que la sociedad se autoconvoque, se movilice de manera espontánea, como es esta marcha. Los que comenzaron a convocar inmediatamente me contactaron para que la difunda, pero les comenté que yo formaba parte de una organización política, y son temas delicados. No obstante, no puedo dejar de señalar que es absolutamente legítima la forma en que se está organizando, y ni hablar de lo justificado que es el reclamo en general. Reivindico el derecho de la sociedad a movilizarse con o sin el acompañamiento de la dirigencia política. Esta idea no nació en una unidad básica o comité, tiene otro origen. El Poder Judicial tiene una imagen por el piso y no hay ninguna salida a esta trampa en la que nos ha metido el Poder Judicial, si no es con una reforma profunda de todas sus estructuras, fundamentalmente de la Corte.
-¿No es más probable que la movilización ocasione más costos para el gobierno, o ve que puede abrir posibilidades de cambios reales?
-Me parece que las movilizaciones siempre tienen una consecuencia. El gobierno va a pagar igual el costo, porque así funciona la Argentina. El sistema de medios que tenemos funciona así desde hace 20 años, y está interesado en mantener también el status quo judicial. Todo ese costo que el gobierno paga en la opinión pública lo va a pagar con o sin marcha. No hay forma de que el gobierno no lo pague. Lo que me parece que hay que hacer es apuntalar todas las iniciativas del gobierno. Hay ideas relacionadas a reformas judiciales que se están discutiendo. Hay que profundizar en ese sentido. La movilización creo que va a ser multitudinaria y va a haber un respaldo social a las reformas al Poder Judicial. Me parece que el gobierno tiene que avanzar en eso.
-¿Cuáles son los cambios que deberían generarse en el Consejo de la Magistratura para su mejor funcionamiento?
-Creo que los cambios que necesita el Consejo de la Magistratura están lejos de concretarse, porque tienen que ver con un cambio en la lógica de funcionamiento. Se transformó en una estructura gigantesca que no sirve para nada. Hay miles de trabajadores en el Consejo de la Magistratura y no hay una rendición de cuentas sobre el funcionamiento del uso del presupuesto nacional. Y esa rendición de cuentas se tiene que dar ante la sociedad. Por lo tanto tiene que haber mayor participación en el Consejo de la Magistratura. Es decir, mayor prevalencia de la política en términos de los representantes parlamentarios, pero también hay que pensar otras formas de participación popular. Por ejemplo, pueden ser consejeros elegidos directamente por la sociedad, como hay en varias provincias argentinas. O con participación popular en la elección de los jueces y abogados. Son múltiples las posibilidades de cómo se pueden elegir consejeros, pero necesitamos avanzar en ese sentido. Hoy es un organismo que está fundamentalmente puesto al servicio de los jueces, de pagar sus vacaciones, facilitarle la vida, pero nadie piensa en cómo esos jueces dan respuesta a la sociedad. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura tiene que cumplir un rol, y ni hablar para lo que fue pensado que es para la elección de jueces y para la remoción de jueces. También hay una imposibilidad de avanzar con sanciones disciplinarias porque los jueces tienen un esquema de bloque que arrancó con la conformación del Consejo y se extiende hasta hoy. Entonces, todos esos cambios requieren de leyes que cambien profundamente al Consejo, y la verdad que no lo veo. El gobierno está avanzando con un proyecto de ley que es el proyecto posible en los papeles, porque es el proyecto que el macrismo presentó en 2016, con lo cual uno puede pensar que si es el mismo proyecto podrían acompañarlo y podría tener consenso, pero resulta que la oposición no está para el consenso. Por eso acaban de presentar proyectos distintos Mario Negri, Pablo Tonelli, obviamente con una profunda prevalencia de la corporación judicial, inclusive con la presencia del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura, cosa que es otro error desde el punto de vista conceptual. No veo que nada prospere, por más buena voluntad que tenga el gobierno de avanzar en un proyecto que podría cerrarles. Hay una posición muy cerrada con este tema del macrismo y de la oposición.
-¿Por qué la Corte se autoadministra y no es administrada por el Consejo de la Magistratura?
-En la reforma de la Constitución del 94, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, se establece que el Consejo es el que llevará adelante los concursos, para después elevar una terna al Poder Ejecutivo, es decir, va a ser el que lleve adelante los procesos de selección y remoción de jueces, y también va a ser el administrador del Poder Judicial. Es decir, es el administrador de los recursos y ejecuta el presupuesto. Esto no tuvo grandes inconvenientes hasta la reforma del 2006 que llevó adelante Cristina Kirchner, porque la cabeza del Consejo de la Magistratura, y la de la Corte era la misma. El presidente de la Corte presidía el Consejo, entonces la administración estaba unificada. En el 2006 la Corte deja de ser un miembro del Consejo y ahí es donde se produce el problema. Había una serie de plazos fijos que estaban manejados por el presidente del Consejo, que dejaron de ser plazos fijos del Consejo y pasaron a ser de la Corte y se inició una batalla extorsiva contra el gobierno y el sistema institucional para quedarse con el manejo exclusivo de su presupuesto, y eso se da en una disputa poco disimulada contra Cristina. Es un despropósito y no debe haber antecedentes en el mundo. Ahora, después de 16 años alejada de la administración se siente con la oportunidad, se siente respaldada por los sectores más reaccionarios de la sociedad y busca recuperar el comando exclusivo del poder judicial. En esto, también hay que encontrar la explicación del fallo de la Corte que termina con el Consejo actual, y coloca al presidente de la Corte al frente del Consejo y unifica las administraciones.
-La Corte tiene plazos fijos millonarios, ¿los puso a disposición en la pandemia? Otro poder del Estado como el Poder Legislativo hizo donaciones a instituciones de salud, ¿la Corte hizo algún aporte?
-No se sabe cuánto dinero hay en los plazos fijos, ni en qué bancos están, hay toda una opacidad muy notoria. Los plazos fijos están inmovilizados y parecen que forman parte de un negocio financiero. Antes de la pandemia, el Poder Judicial estaba hecho pelota, y la Corte no compraba una mísera computadora, y no te digo para los juzgados de Capital, que tienen otros recursos, sino para los juzgados de frontera que están desmantelados. La Corte millonaria, ni antes de la pandemia ni después de la pandemia, utilizó para algo los plazos fijos. Siguieron intactos.
