Entrevista al secretario de Derechos Humanos sobre las medidas que impulsa el gobierno para terminar con los abusos de las fuerzas de seguridad. El aumento de casos en tiempos de cuarentena y la nueva “sensibilización” de la oposición.
En el Chaco, la comunidad Qom fue allanada ilegalmente y fue víctima de una paliza brutal por parte de las fuerzas de seguridad provinciales. En San Luis, a Franco Maranguello (16) se lo llevó un patrullero de la casa por no cumplir la cuarentena. A las dos horas, cuando su madre lo fue a buscar a la comisaria del menor, le dijeron que se había ahorcado. Similar es el caso de Magalí Morales, que la detuvieron por violar el aislamiento social, y esa misma noche apareció muerta en la comisaria de la localidad puntana de Santa Rosa de Conlara. Mauro Coronel (22) murió después de los golpes que recibió en la seccional décima del Barrio Autonomía, de Santiago del Estero. En Chubut, un policía le disparó en la cara a un vecino que cerraba el portón de su casa. En Tucumán, Luis Espinoza (31), fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca. Walter Nadal, un sospechoso de robo, fue asesinado por la rodilla de un policía que lo asfixió en el centro de la capital tucumana. Los casos de violencia institucional ocurridos desde marzo a la fecha son varios más que los anteriormente mencionados.
En este contexto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti afirmó que el aumento de casos tiene su raíz en dos cuestiones: “el mal manejo de las fuerzas locales y provinciales” y el “vaciamiento de las políticas de derechos humanos” que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri.
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En diálogo con Contraeditorial, Pietragalla Corti señaló que no se puede justificar la violencia institucional” y que “una rápida sanción política y una sanción judicial puede ayudar a que estos hechos no se reproduzcan”. En este contexto, desde la Secretaría de Derechos Humanos están impulsando un proyecto de ley que “pretende a erradicar la violencia institucional a través de la formación de las fuerzas”.
Covid19 y Violencia Institucional
El funcionario nacional aseguró que se registró un aumento de los casos de violencia institucional cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a intervenir en el necesario cumplimiento de la cuarentena para controlar la expansión de la pandemia. “A partir del Covid19 empezamos a tener muchas llamadas que denuncian violencia institucional”, reconoció.
Al respecto analizó que hubo varios factores que influyeron en este aumento de acciones policiales violentas, entre ellos “el mal manejo de las fuerzas locales y provinciales, y el vaciamiento que sufrió la política de derechos humanos en la gestión anterior”.
Pietragalla Corti manifestó que empezaron a trabajar “desde lo poco que habían dejado” y señaló que la pandemia obstaculizó varias de las acciones políticas que tenían planificadas. “Habíamos pensado una campaña bien federal, pero a causa de la crisis sanitaria se suspendió la agenda programática que teníamos”.
Doctrina Chocobar
Consultado sobre si las doctrinas que impulsó el anterior gobierno todavía están arraigadas en las fuerzas de seguridad, Pietragalla Corti indicó que “antes se sentían habilitados a cometer irregularidades y, lamentablemente, eso no se cambia de un día para el otro”. Además, explicó que a esta situación se suman ciertas prácticas que están atadas al “control territorial” que llevan adelante las comisarías.
“Las policías son muy duras en algunas provincias, no quiero mencionar una puntual porque son varias. Hay que trabajar mucho en la formación y en la sanción, que es la que nos puede ayudar rápidamente a que los hechos no se reproduzcan. Rápidamente, hay que hacer una sanción política y una sanción judicial”, resaltó.
La Secretaría de Derechos Humanos impulsa un proyecto de ley para capacitar a las fuerzas de seguridad y, de esta manera, terminar con los casos de violencia institucional.
Contradicciones de la oposición
Con respecto a la preocupación que manifestó la oposición frente a los recientes casos de violencia institucional, el nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo celebró el interés de Cambiemos, teniendo en cuenta que “los que hoy se sensibilizan son los que ayer se callaban en relación con los casos violencia institucional”.
“Nosotros – agregó – estábamos sensibles con el tema cuando éramos oposición, y lo seguimos estando ahora. Es un tema que vamos a seguir trabajando porque es un eje fundamental en nuestra gestión. Por eso, vamos a hacer lo máximo para reducir la violencia institucional en nuestra democracia”.
A su vez, el funcionario marcó los claros contrastes en las formas de abordar el tema y recordó cuando el expresidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a Luis Chocobar, el policía de Avellaneda que el 8 de diciembre de 2018 mató por la espalda a un joven que acababa de apuñalar a un turista.
“La gran diferencia es cómo actuamos ante estos hechos. Nosotros no vamos a recibir a un policía, sino que vamos a acompañar a las familias, pedir justicia y acompañar todo el proceso”, aseguró.
Pietragalla Corti también manifestó que “casi no hay países que no tengan casos de violencia institucional”, en tanto calificó a la problemática como “muy difícil de erradicar”.
“La mayoría de los pibes que sufren violencia institucional son de sectores vulnerables, donde la situación es muy compleja”.
Capacitación
Por otro lado, Pietragalla Corti planteó que parte de la solución radica en la formación de las fuerzas de seguridad. “Todavía nos falta avanzar en la formación de la fuerza, un trabajo de largo plazo para el cual tenemos un proyecto”, detalló el funcionario. Al respecto, consideró positiva la nueva “sensibilización” de la oposición, para que el tema pueda prosperar en el Congreso.
“El proyecto tiende a erradicar la violencia institucional a través de la formación de las fuerzas y busca brindar apoyo a los familiares de las víctimas, tanto económico como profesional”, detalló.
Contención
Entre las problemáticas que debió afrontar al asumir su cargo, admitió que la Secretaría de Derechos Humanos tiene “un déficit en lo relacionado al personal humano que debe dar contención”, producto del vaciamiento ocurrido en los últimos años.
“Estamos trabajando desde el primer momento asesorando a las familias, además de tomar causas de casos cometidos hace muchos años atrás, que ni siquiera tenían abogado. En los casos nuevos también acompañamos y damos respuestas a los pedidos de las familias. También intentamos atender la cuestión social económica porque sabemos lo que es afrontar una tragedia, un velatorio, y tratamos de acompañar, alivianar”, indicó.
Por otro lado, Pietragalla Corti resaltó que “la mayoría de los pibes que sufren violencia institucional son de sectores vulnerables, donde la situación es muy compleja”, por lo tanto, la Secretaría busca acompañar a estas familias desde lo “legal y lo afectivo”.
Finalmente, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de articular con los municipios y las provincias para “dar respuestas” a todos los casos que se presenten y denuncien.
