El proyecto de ley de “Abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios” que impulsa el Frente de Todos logró dictamen favorable en las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
El proyecto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y dedica un capítulo a establecer criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género.
“Solo será posible erradicar la violencia institucional si construimos un compromiso transversal a las diferentes fuerzas políticas”.
En diálogo con Contraeditorial, la diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, destacó que de ser sancionada la ley sería “la primera norma que le dé entidad legal a lo que es la violencia institucional, específicamente, a la ejercida por las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios”.
“Es importante – destacó – porque reconoce que el Estado ejerce violencia sobre los ciudadanos a través de los dispositivos que tiene para garantizar seguridad en este caso, entonces tiene que haber una reparación especial”. “Una persona que muere en manos de las fuerzas de seguridad no es solamente una persona que muere asesinada”, agregó.
La iniciativa, que se viene debatiendo desde el año pasado en las comisiones, habilita una instancia administrativa para solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional.
“Una persona que muere en manos de las fuerzas de seguridad no es solamente una persona que muere asesinada”
Además, propone afianzar políticas de bienestar del personal policial, como garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional.
Con respecto a la capacitación de las fuerzas, la diputada hizo hincapié en el trabajo que ya se está realizando desde el Ministerio de Seguridad donde se tiene claro que “el primer respecto a los derechos humanos tiene que ser dentro de las fuerzas”.
Si bien Juntos por el Cambio realizó varios aportes al proyecto, decidió finalmente no acompañar el dictamen de mayoría y presentó un dictamen de minoría. Entre quienes propusieron modificaciones que fueron incorporadas al texto final se encuentran la diputada Karina Banfi y el diputado Cristian Ritondo.
El ex ministro de seguridad bonaerense propuso la creación, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, del Registro Nacional de Agentes, Funcionarios y Funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados.
“El primer respecto a los derechos humanos tiene que ser dentro de las fuerzas”.
“La creación de un registro de policías exonerados, es muy importante porque se crea en el ámbito nacional de la fuerza federal, pero se va a trabajar con todos los ministerios de seguridad para que cuando las policías locales incorporen personal puedan tener acceso a este registro y no estén incorporando a alguien que haya cometido una falta grave”, expresó Penacca sobre el aporte de la oposición.
Sin embargo, Juntos por el Cambio se mostró con opiniones divididas en las comisiones. Hubo posiciones más duras como las de los diputados Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid que marcaron diferencias con otros diputados del mismo espacio. Este último manifestó que “el proyecto apunta a desguarnecer al personal de seguridad hasta violando el principio de inocencia”.
“Hay una parte de la oposición que no está de acuerdo con ejes centrales del proyecto, por ejemplo la limitación a la defensa técnica a la policía denunciada por hechos de violencia que el Estado Nacional ya ha asumido en el marco de la normativo internacional”, dijo la diputada del FdT, y agregó: “Es parte del corazón de los reclamos de los organismos de derechos humanos”.
Otras diferencias con un sector de la oposición giraron en torno a la posibilidad de que la sociedad civil controle a las fuerzas de seguridad. “Nosotros queremos que la sociedad civil pueda controlar a la Policía a través de las diferentes autoridades porque creemos que eso mejora a la Policía”, explicó Penacca.
La elaboración del texto se logró con la participación de “actores de la sociedad civil que sufren violencia institucional.
Es importante mencionar que el proyecto propone la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género, dispuesta por la Ley Micaela.
Además, la ley impulsa la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Penacca sostuvo que si bien no se llegó a un único dictamen, van a dejar abierta la posibilidad de modificaciones hasta que el proyecto llegue al recinto. “Nuestro espíritu de cara a la sociedad es dar un mensaje contundente donde dejemos de lado las diferencias partidarias y que sea un mensaje de toda la cámara. Solo será posible erradicar la violencia institucional si construimos un compromiso transversal a las diferentes fuerzas políticas” destacó.
Finalmente, Penacca resaltó que la elaboración del texto que podría tratarse en las próximas sesiones, se logró con la participación de “actores de la sociedad civil que sufren violencia institucional, el colectivo LGTBQ+, los sectores populares que se han organizado como los pibes y las pibas que integran la marcha de la gorra, las madres en lucha, mamás de pibes de sectores populares que fueron asesinados por la policía de diferentes provincias”.
Además, destacó los aportes de sectores del Estado que abordan la temática, como la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, el Comité Contra la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y la defensoría de la Nación, entre otros organismos.
