El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) multó a la distribuidora Edesur SA en casi $168 millones de pesos, a raíz de reiterados “incumplimientos en materia de Seguridad Pública” correspondientes a los años 2018 y 2019.
Según detalló la intervención del organismo de control, a cargo de Federico Basualdo, la sanción es resultado de haber verificado “más de 3.000 casos con anomalías en materia de seguridad eléctrica en la vía públicas y deberes de información y respuesta a los requerimientos emitidos por el Ente Regulador”. La medida se enmarca en la tarea que la actual conducción viene realizando sobre los más de 40.000 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior.
La multa es por “incumplimientos en materia de Seguridad Pública” en los años 2018 y 2019.
Para las multas aplicada a Edesur por un total de $167.812.000 –dispuesta a través de las resoluciones 85, 86 y 87–, se tuvieron en cuenta el “reclamo de usuarios y usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el Enre”.
Entre las situaciones que gatillaron la sanción contra la concesionaria del servicio público de distribución eléctrica figuran dos denuncias: una de julio de 2019, formulada por el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora “por incumplimiento a las normas de seguridad en la vía pública”, y otra previa, de septiembre de 2018, por el incendio en una vivienda del partido de Ezeiza, “debido a una anomalía en una instalación eléctrica en la vía pública”.
El Enre denunció irregularidades cometidas por el gobierno de Macri en el cálculo de las multas.
Semanas atrás, el Enre también aportó a la justicia federal documentación sobre “irregularidades en el cálculo de las multas y otros montos” en un acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri había firmado en mayo de 2019 con Edesur y también con Edenor.
Según el Ente, Cambiemos utilizó un método que se apartó de las fórmulas establecidas y que fue tan beneficioso para la parte privada que las empresas pasaron de tener deudas millonarias con el Estado a convertirse en sus acreedoras. La presentación fue hecha ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que investiga una posible malversación de fondos públicos por parte del macrismo en favor de estas concesionarias.
