En los últimos años, nos topamos con que el federalismo ha devenido en una clara estrategia discursiva, pero que nunca se concreta porque los procesos siempre quedan truncados como consecuencia de la organización del territorio nacional, anclado a Buenos Aires y que se constituye —a nuestro entender— como la gran deuda pendiente desde la organización del Estado-nación en el siglo XIX y que llega hasta nuestros días.
Por ello, se necesitan políticas de ordenamiento territorial en un país que siempre termina atentando contra lógicas culturales, justamente, por la implementación de políticas ortodoxas y liberales que vieron al territorio como otra lógica más de la especulación. Para evitarlo, se necesitan repensar políticas más ancladas al lugar en tanto sentido de pertenencia, reconociendo las particularidades de lo diverso que se encuentran en el mapa de la Argentina.
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Las políticas ortodoxas y liberales siempre vieron el ordenamiento territorial como otra lógica más de la especulación.
Una tarea que, históricamente, ha sufrido los vaivenes de la vida política de nuestro país, siempre imbricado en la disputa desde los tiempos de la ciudad puerto de principios de nuestra historia, esa ciudad que ha intentado hegemonizar el territorio. En este sentido, vimos que no solo la amenaza de la intervención federal en épocas de extremo centralismo, sino que también, los mayores recursos económico-financieros de un gobierno central, en determinados momentos de nuestra historia, fueron echando por la borda nuestro régimen federal.
Gobiernos cívico-militares que terminaron con las autonomías de las provincias, que convirtieron a los gobernadores en agentes bajo las órdenes del gobierno central o, con gobiernos de corte liberal, que se aferraron a una lógica de ajuste, como el de Cambiemos, muchas veces mostrando un sistema de coparticipación transparente, prometiendo proyectos de desarrollo regional que nunca llegaron. Momentos de nuestra historia donde el gobierno central consolida un sistema de “premios y castigos”, en el que terminamos compitiendo entre jurisdicciones por una porción más, pero atentando de esa manera al sistema federal, que debe reconstruirse con solidaridad y con una planificación estratégica que oriente al desarrollo de cada provincia, que afiance el arraigo de nuestra gente, que equipare los terribles desequilibrios productivos, económicos, sociales, de infraestructura, de servicios, de cada uno de los rincones de nuestra Patria, es ese el desafío del federalismo. Los mayores recursos económico-financieros del gobierno central, en determinados momentos de la historia, fueron echando por la borda el régimen federal.
Hubo gobiernos centrales que consolidaron sistemas de “premios y castigos”, que hizo que las jurisdicciones terminaran compitiendo por quedarse por la mayor porción.
Para muestra de las desigualdades que todos conocemos basta el ejemplo de La Matanza, tal como siempre sostiene su actual intendente Fernando Espinoza y como lo hizo la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario —también ex intendenta de ese municipio— al sostener en el foro organizado por Agenda Argentina que “La Matanza cuenta con un presupuesto de poco más de $15 mil millones, mientras que, en la ciudad de Buenos Aires, para casi la misma cantidad de habitantes, éste asciende a más de $480 mil millones, es decir, 32 veces más”. Y este ejemplo puntual se repite entre provincias en el ámbito nacional, pero también al interior de cada uno de nuestras provincias, de nuestros territorios.
La distribución de las riquezas es el aspecto primordial del federalismo que, en el caso de haberse dado desde el inicio de nuestra organización nacional, hubiera permitido seguramente un desarrollo más equitativo de todos los territorios que integran a la nación. Es como lo sostuvo nuestro presidente, Alberto Fernández cuando afirmó que “vivimos en un país que se dice federal pero no actúa como federal y eso no es un buen país. Hubo una generación que diseñó un país central, abundante y rico, y uno periférico que padece”.
El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 32 veces mayor que el de La Matanza, a pesar que ambos distritos tienen casi la misma cantidad de habitantes.
Para revertir esta situación, tenemos que entender que la Argentina es un país que posee alta concentración de los recursos productivos, al mismo tiempo, que refuerza la desigualdad entre las provincias. A esta situación, debemos sumarle una lógica unitaria que ha hecho que los gobiernos provinciales se vuelvan dependientes desde el punto de vista financiero del poder central.
Esto también se encuentra unido a la génesis de nuestra historia como nación, ya que el régimen federal —al igual que en otras partes del mundo— se formó para incorporar al proyecto de país, territorios económicos y socialmente complejos, cuyas élites locales tuvieron intereses particulares, muchas veces, alejados del proyecto del que formaban parte, a cambio de que los Estados obtengan mayor extensión de territorio o que fueran incorporados a algún sistema de beneficio económico, generalmente, asociado a los intereses particulares de esas elites. Esto quedó a la vista en las últimas décadas, en la que el federalismo se encontró lejos de promover el desarrollo económico y la igualdad de condiciones.
Existe una lógica unitaria que hizo que los gobiernos provinciales se vuelvan dependientes, desde el punto de vista financiero, del poder central.
Si bien esta lógica no ha hecho más que profundizarse en los últimos tiempos y la llegada de la pandemia vino a empeorar las cosas, desde los últimos meses, vimos cómo este sistema unitario —que tanto criticamos en estas líneas— comenzó a experimentar una vuelta de timón, repartiendo insumos de primera necesidad a las provincias, como lo son los respiradores, barbijos, alcohol en gel y pulverizadores, entre otros. Ya lo mencionó nuestro ministro de Salud de la Nación, Ginés González García: “Estamos distribuyendo todos los respiradores y los insumos con racionalidad a todo el país para que estén donde hagan falta”.
La marea está cambiando, aunque falta mucho. Por ello, es fundamental, para esta nueva etapa, seguir repensando la dinámica en la que el Estado nacional concentra recursos en las provincias de mayor densidad demográfica, sin tener en cuenta la relación entre la riqueza y el tamaño de las provincias, por lo que las transferencias terminan siendo desigual, sin considerar la solidaridad que fue establecida en nuestra Constitución Nacional.
Esa concentración de recursos y falta de solidaridad se replica al interior de cada jurisdicción, reproduciendo esa lógica de centro- periferia, que tanta angustia provoca, y que es un obstáculo a la hora de pensar y planificar un verdadero federalismo de la Quiaca a Ushuaia.
*Los autores son integrantes del Grupo Artigas
