Entrevista a la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien se refirió al costo institucional y humano que provoca el lawfare, al caso de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y a la presión de los poderes fácticos. “Sería un honor”, señaló sobre las versiones que la dan como candidata a la Corte Suprema de Justicia.
– Cynthia Ottaviano: Desde hace mucho tiempo venimos abordando lo que dimos en llamar lawfare, que es posible cuando un gobierno de derecha articula con la comunicación concentrada y sectores colonizados del Poder Judicial en pos de la persecución del disidente. En alguna oportunidad, nuestra entrevistada ha manifestó haber sufrido presiones por parte de Cambiemos, y quería hablar con ella, sobre todo, porque luego de la renuncia de Highton de Nolasco a la Corte Suprema de la Nación, su nombre está sonando como posible alternativa para ocupar el puesto vacante. Ana María, desde tu punto de vista, ¿qué oportunidades abre esta dimisión?
– Ana María Figueroa: Highton no solo deja un lugar en la Corte, deja también la única participación de una mujer en la Corte Suprema de la Nación. Hoy, que el mundo entero va caminando hacia la paridad, que la única mujer que ejercía en la Corte se vaya, deja una inquietud muy grande, tanto en la sección de mujeres juezas como en la sociedad. Con su renuncia, Highton de Nolasco deja vacante también su dirección en la Oficina de la Mujer y en la Oficina de Violencia Doméstica, de modo que es necesario buscar un perfil de mujer con perspectiva de género. Aquí yace una de las mayores preocupaciones respecto a la designación del miembro que ocupará el cargo vacante en la Corte. Como vos bien dijiste, surgieron varios nombres de mujeres, entre ellas, Ángela Ledesma, la única, además de mí, que integra la Cámara Federal de Casación Penal. En mi caso particular, tengo dos doctorados, uno de ellos en género, vinculado a la autodeterminación de las mujeres en el sistema constitucional argentino. En estos últimos 10 años, he firmado el 70% de las sentencias de los 850 fallos en materia de género que han llegado a la Cámara Federal de Casación Penal. Quien ocupe el cargo vacante, debe ser una persona con la suficiente formación académica, pero también debe haber trabajado en las temáticas de derechos humanos y de género.
– Me imagino que sería un honor que te eligieran para el cargo.
– Figueroa: Así es. Cualquier reconocimiento hace que una se sienta honrada. De todos modos, más allá del honor individual, uno debe pensar qué perspectiva y qué innovación tiene para aportar en lo colectivo desde una concepción progresista y amplia que evolucione favorablemente al servicio de la población, sobre todo en beneficio de los derechos de las mujeres y de la sociedad en su conjunto en el ámbito de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
“Hoy, que el mundo entero va caminando hacia la paridad, que la única mujer que ejercía en la Corte se vaya, deja una inquietud muy grande, tanto en la sección de mujeres juezas como en la sociedad”.
– En ese sentido, ¿crees que, actualmente, están garantizadas todas las perspectivas en la Corte?
– No, de hecho, Elena Highton deja un hueco importante que refiere nada más y nada menos que a la mitad de la población de todas las sociedades.
– En cuanto a las perspectivas, además de la de género, ¿cuáles otras faltarían?
– Desde la salida del doctor Raúl Zaffaroni, no hubo más penalistas en la Corte. Esa es una falencia que habría que tratar de enmendar, entre otras cosas porque la gran mayoría de las causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia son de índole de materia penal. También hay déficits en relación a la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, no nos olvidemos del fallo del 2017 de esta misma Corte, en el que concedía el beneficio del 2×1 a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y que gracias a las manifestaciones populares dio marcha atrás. Hay errores en la Corte que luego tardan en corregirse.
– Y esos errores pueden producir daño social.
– Exacto. Por eso no debemos hablar solamente de nombres. Hay algunos/as que elaboran grandes discursos, pero a la hora de aplicarlos no son tan eficientes.
– Al final de la resolución que emitió el Tribunal Oral Federal número 8 en relación al sobreseimiento de los involucrados en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, dice textual: “El entramado judicial que operó, ha socavado la confianza de la sociedad en las instituciones que conforman nuestro sistema de gobierno, pero particularmente, en quienes estamos llamados a impartir justicia”. ¿Qué reflexión te merece el fragmento?
– Comparto totalmente. El poder Judicial no debe estar disociado de la sociedad en general, y si nuestra sociedad está atravesada por la pobreza, la exclusión social y la marginalidad, la Corte no puede fallar sin tener en cuenta estas problemáticas, no puede llevar adelante procesos dejando de lado la sensibilidad social. La utilización excesiva de incidentes para alargar procesos o para poner en duda a los jueces y a los tribunales competentes, y la admisión de algunos armados inapropiados, como en el caso del Memorándum, hacen mella en la credibilidad de la sociedad respecto a la justicia, porque tener que llegar al punto en el que, luego de tantos años de litigio, un tribunal, como en este caso el TOF 8, tenga la valentía suficiente para fallar, es inadmisible, y es por este tipo de cosas que la gente empieza a descreer de la justicia. El poder Judicial es uno de los tres poderes políticos del Estado, y si la gente deja de creer en el Ejecutivo y en el Legislativo, como ocurre con el Judicial, nos veríamos envueltos en una crisis muy seria de democracia y de gobernabilidad.
“El Poder Judicial no debe estar disociado de la sociedad, y si la nuestra está atravesada por la pobreza, la exclusión social y la marginalidad, la Corte no puede fallar sin tener en cuenta estas problemáticas”.
– El en fallo dice textualmente que en todas las instancias con poder de intervención, debe restablecerse rápidamente y de una vez por todas la “paz jurídica”. Quería preguntarte si está vacante en la Corte no representa una oportunidad para que, quien la ocupe, sea una persona que pueda contribuir a la “paz jurídica” en el marco del reconocimiento del lawfare.
– Sin dudas. Coincido totalmente con vos. Son muchas las horas al día a las que una se dedica a estudiar las causas para cumplir con la ley como corresponde e impartir justicia, y a no admitir ningún tipo de presiones, porque siempre se habla de la presión que se ejerce desde el poder político, pero también existen presiones ejercidas desde poderes económicos, fácticos y medios de comunicación. El lawfare llegó a un punto tan alto, que el ex presidente de la Nación decía que para encontrar la verdad iban a buscar a jueces que los representen, dando a entender una idea errónea de que los jueces deben representar al poder Ejecutivo. El período 2015-2019 fue muy incómodo para los jueces independientes, y debemos evitar que esta situación vuelva a repetirse. Ni el poder Judicial debe decirle al Ejecutivo cómo tiene que gobernar, ni el Ejecutivo debe decirle al Judicial cómo debe fallar.
– Vos fuiste objetivo directo del lawfare, ¿cómo viviste personalmente las presiones?
– A los tres días de la asunción del gobierno de Macri, un funcionario del Ministerio de Justicia me vino a preguntar sobre cuándo iba a sacar un fallo. Yo lo corté inmediatamente y lo despedí de manera lacónica. Luego de este episodio, la presión fue ejercida desde medios de comunicación, ya no desde el poder político de manera directa, lo que dejó en evidencia la cooperación y la coordinación que había entre ambos sectores. Esto no es nuevo, funciona en toda América Latina de la misma manera. Desde la connivencia de los poderes, se intentan manipular las investigaciones y los juicios contra los adversarios, y el objetivo principal es desprestigiar y encarcelar a quien es objeto de la persecución. A través de este mecanismo, la información pública es manipulada y pueden llegar a iniciarse juicios sin sustento y prueba alguna, violando así los procedimientos judiciales desde una aparente legalidad que no es tal y que en realidad tiene fines políticos de fondo. De esta manera se va judicializando la política, se produce el desprestigio del poder Judicial desde ese abuso del derecho para dañar la reputación y el prestigio del adversario político, y desde la manipulación de la sociedad, se va generando una crisis en el orden institucional de la democracia.
– ¿Cuáles son los daños reales y concretos a la democracia? Porque escuchando tu respuesta, pareciera que no viviéramos en un verdadero Estado de Derecho.
– Waldo Ansaldi habla de democracias pobres y de pobres democracias. Cuando hay una gran manipulación de la información, o cuando las personas no tienen asegurados los derechos elementales, como el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda, las personas dejan de pensar en la democracia o en las elecciones, porque están ocupados pensando en sobrevivir. Cuando esto sucede, la calidad de la democracia se deteriora. En el caso particular de la Argentina, hemos pasado de poner satélites en el espacio a preguntarnos cómo hacemos para alimentar a nuestra población. Con eso te digo todo.
– ¿Crees que actualmente vivimos en una “pobre democracia”?
-Lamentablemente, en muchos aspectos el retroceso es muy marcado. Actualmente hay muchos condicionamientos que limitan el desarrollo de nuestra democracia, y en la medida en que los problemas estructurales de la economía y las políticas neocoloniales sigan vigentes, el futuro será cada vez más incierto. Con este panorama, deberíamos preguntarnos si alcanza con el sufragio universal para garantizar la participación ciudadana.
“A los tres días de la asunción del gobierno de Macri, un funcionario del Ministerio de Justicia me vino a preguntar sobre cuándo iba a sacar un fallo. Yo lo corté inmediatamente y lo despedí de manera lacónica”.
– En su momento, debido a reclamos de las comunidades indígenas frente a la disputa por el litio en sus territorialidades, la Corte abrió todo un proceso de participación pública ciudadana, mismo proceso que se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero parece que ahora esa participación se cierra.
– El siglo XXI debe dirigirse hacia más aperturas, incluso podrían establecerse temáticas determinadas con vías de recepción de planteos y discusiones relevantes. La Corte Suprema debe ubicarse mucho más cerca del pueblo, y debe abocarse a solucionar temáticas sensibles en pos de mejorar el funcionamiento democrático, como por ejemplo las escuchas, la Ley de Inteligencia, cómo se evalúan determinados tipos penales, los delitos de intimidación pública, los límites a la libertad de expresión, el federalismo, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos; es decir, temas esenciales que interpelan a la población en su conjunto.
– Comparto tu intención de trabajar por temáticas, pero estamos ante una Corte en la que sus miembros se han votado a sí mismos para elegir presidente.
– En el siglo XIX, la Corte Suprema de nuestro país, que por aquel entonces tenía alrededor de 1.900.000 habitantes, estaba compuesta por nueve jueces y dos fiscales. Hoy, con 45.000.000 de habitantes, tenemos una Corte de cinco miembros. Hoy en día existe una gran concentración en el Poder Judicial, y con ella, la posibilidad de que con tres votos se definan las leyes más importantes elaboradas tanto desde el poder Ejecutivo como desde el Legislativo. Por más honestas y brillantes que sean estas tres personas, no pueden concentrar tanto poder en sus lapiceras. Esto es lo que está ocurriendo hoy con nuestra Corte.
– ¿Crees que debería ampliarse la cantidad de integrantes?
– Sí, hay que ampliar el número de miembros en la Corte. Teniendo en cuenta el antecedente de la, por ahora, fallida elección de Daniel Rafecas como Procurador General de La Nación debido a la traba en el Congreso, no sé exactamente qué factibilidad política hay hoy para proponer la ampliación de la Corte, pero me parece absolutamente necesaria.
– ¿Cómo se repara el daño ocasionado a las personas sobreseídas de la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán? Muchos de ellos estuvieron presos, con el caso emblemático de Héctor Timerman, quien perdió la vida en el proceso y al que se le ha negado el acceso a la salud.
– Los días no se recuperan, y los días privado de tu libertad son tremendos, de modo que no hay forma de reparar el daño ocasionado. Por más indemnización del Estado a la que puedan aspirar, el tiempo nadie se los va a devolver, y la vida menos.
“Los días privado de tu libertad son tremendos, no hay forma de reparar el daño ocasionado. Por más indemnización del Estado a la que puedan aspirar, el tiempo nadie se los va a devolver, y la vida menos”.
– ¿A cuáles acuerdos sociales tenemos que llegar en la Argentina para que no vuelvan a producirse estos daños irreparables?
– A partir del 1994, cuando se introdujo la figura del Consejo de la Magistratura de La Nación, que es el órgano encargado de seleccionar por concurso de oposición, antecedentes y entrevistas a una terna vinculante que se remite al Ejecutivo, y luego el Ejecutivo remite al Senado y el Senado luego le presta acuerdo, se intentó responder a tu pregunta. Ocurre que ese mecanismo debe funcionar de manera excelente para que no se generen daños irreparables. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene la atribución constitucional de elegir a los mejores jueces y a las mejores juezas para que realicen una función muy importante, que es la de administrar justicia en base a la interpretación del derecho. El Consejo de la Magistratura debe funcionar bien, y para que eso ocurra, no debe existir la menor incidencia política partidista durante sus designaciones. Además, cuando hay denuncias contra los jueces, el órgano disciplinario del Consejo debe funcionar correctamente dando respuestas ágiles, no archivando las causas, porque una de sus funciones principales es controlar que los jueces actúen conforme a derecho.
– En este mismo sentido, uno de los ángulos que me interesaría abordar tiene que ver con una investigación de los colegas de El Destape. Se trata de las visitas que recibía el por entonces presidente Mauricio Macri por parte de integrantes del poder Judicial, más precisamente de los camaristas de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitas que, por otra parte, fueron más de 15 y ninguna de ellas fue informada en los registros oficiales de audiencia de la Casa de Gobierno. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que varios jueces se juntaban a jugar al paddle y al fútbol con Macri?
– En el caso de los dos colegas, ya está la causa en el Consejo de la Magistratura. Aspiro a que el Consejo lo resuelva lo más ágilmente posible. Como se trata de colegas de la Cámara de Casación Penal, prefiero no opinar. Deben ser sometidos a investigación, y como cualquier ciudadano, deben dar las argumentaciones, las explicaciones del caso para que su situación se resuelva prontamente.
– La sociedad también tiene mucho derecho a saber cuál es la relación de integrantes del Poder Judicial con quienes integran el gobierno, y también, como señalabas anteriormente, con quienes integran el mundo de la comunicación y el mundo empresarial, porque en definitiva, cuando hablamos de poder, esos sectores deben estar incluidos en ese debate. De todos modos, qué conveniente que algunos siempre se olviden del poder económico y del mediático.
– Eso lo tengo muy claro, por eso planteo el término de poderes fácticos, refiriéndome al poder económico y a los medios de comunicación masivos. Muchas veces, según a quien tienen en la mira, en vez de cumplir con su rol de comunicar, aportan elementos falsos que confunden a la sociedad y generan daños importantes en el tejido democrático.
– Entrevisté en este mismo espacio a Cristina Caamaño, a Alejandra Gils Carbó, destacadas colegas tuyas. Hace poco también entrevisté a Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia. Todos ellos nos contaban sobre los daños ocasionados que generan las estigmatizaciones mediáticas, en muchos casos daños a la salud.
– Así es. Yo padecí esas estigmatizaciones durante casi tres años. En mi caso, empezaron a fines del 2015, y cesaron después de que, en marzo del 2018, el canciller del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo, haya presenciado la presentación de mi libro sobre derechos de género y trata de personas, y haya dicho que su presencia significaba que el Papa estaba allí. A partir de ese apoyo que recibí del Vaticano, las presiones mediáticas fueron cesando. Antes de eso, sufrí de problemas de gastroenteritis y de un montón de inconvenientes, porque el cuerpo siempre acusa el recibo.
“La causa de Hornos y Borinsky ya está en el Consejo de la Magistratura. Aspiro a que lo resuelva lo más ágilmente posible. Deben ser sometidos a investigación, y como cualquier ciudadano, dar las explicaciones”.
– No se puede vivir así, y lamentablemente esto no forma parte del debate público.
– Es verdad. Para ser juez o para ocupar determinados cargos hay que tener convicciones, y saber que con el ejercicio de las funciones, también empiezan a haber presiones. Lamentablemente, hay que lidiar con estas situaciones.
– En tu caso, ¿cómo soportaste las presiones?
– Principalmente, gracias a mis hijos, que son mi sostén total. También gracias a amigos, familiares, y varios funcionarios y empleados de Casación Penal, quienes me han apoyado mucho. En fin, uno se sostiene en esos pilares.
– ¿Crees que el ensañamiento de las presiones mediáticas aumenta por el hecho de ser mujer?
– Sin dudas. En el ámbito de la justicia federal, la gran mayoría de los cargos importantes de decisión están ocupados por hombres. Además, en el conjunto de las cámaras, somos el 30% mujeres y el 70% varones, y superar ese techo es muy difícil, porque no es de cristal, es de titanio. Junto con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, tendremos que seguir peleando de manera colectiva, y también junto con los colegas varones que entienden la situación y que nos apoyan, porque no solo son las mujeres las que tienen perspectivas de género, hay muchos varones que están trabajando muy bien en ese sentido. Algunos sectores, los que nos ponen obstáculos, todavía siguen exigiéndonos más demostraciones de títulos y doctorados para igualarnos con los varones, pero estoy convencida de que esa pelea se viene ganando, a un ritmo muy lento, pero el resultado es irreversible.
– Cuando vas a los resultados académicos, los de las mujeres suelen ser mejores que los de los varones, y esto lo subrayo yo y lo digo como profesora del campo de las ciencias sociales. Te agradezco la nota, y creo que debemos seguir esforzándonos para poder visibilizar perspectivas como las tuyas, entre otras cosas, para revertir el flagelo del lawfare.
– Es esencial. Al principio de la pandemia, muchos pensaban que el mundo iba a volverse más solidario, y ahora, que vemos que nada de eso ha sucedido y lo que sí ocurre es que el mundo se va derechizando e individualizando cada vez más. En el ámbito de la justicia, debemos seguir trabajando muy fuerte para que el derecho internacional de los DDHH sea el que triunfe frente al derecho interno y a los individualismos. Esa tiene que ser nuestra apuesta a futuro.
