Había que ver a Patricia Bullrich, disfrazada con el traje a rayas de las viejas cárceles, en su reciente visita a la ciudad formoseña de Clorinda para agitar un discurso en defensa de los derechos humanos. Semejante escena bastaba para comprender que ella no es una de esas personas que incluyen el ridículo entre sus prejuicios. Pero con un agravante: sus manos están manchadas con sangre.
Porque aquella mujer fue la edificadora del último –Dios así lo quiera– Estado policial en la Argentina. Y no es poco.
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Seguramente, cuando la precariedad del sistema jurídico sea subsanada por una impostergable reforma, Bullrich deberá responder por sus crímenes.
Idéntica suerte será entonces para sus ya olvidados alfiles; entre ellos, Pablo Noceti, Gonzalo Cané, Fernando Soto y Daniel Barberis. Claro que no está de más refrescar sus ominosas trayectorias.
En tanto, una pregunta flota en la atmósfera: ¿qué será en la actualidad de estos cuatro jinetes del apocalipsis macrista?
Torquemada
El sujeto que acababa de votar en una escuela de San Isidro huía por una calle arbolada con pasitos cortos y veloces. A sus espaldas le gritaban: “¡Santiago Maldonado, presente!”. Su pareja, un tipo de porte atlético y barba entrecana, se interponía entre él y los escrachadores, volteándose cada tanto para chillar “¡Está ahogado!”, mientras el otro apuraba aún más el tranco. Era nada menos que Noceti. De tal manera sobrellevó la jornada electoral del 26 de octubre de 201. Y aquella fue su última aparición pública.
En este punto es necesario retroceder al 13 de diciembre de 2016. Hasta entonces Noceti era un individuo de hábitos casi espartanos y bajo perfil. Por eso fue paradójico que, tras exactamente un año de silencioso trabajo en la función pública, su nombre haya saltado a la luz aquel martes por un desliz jolgorioso de su jefa, la inefable Patricia.
“¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, exclamó aquella noche a viva voz y ya con dicción incierta, durante un festejo por el fin de año en la sede del Ministerio de Seguridad, sobre la calle Gelly y Obes. “¡Todas andan locas por él!”, volvió a vociferar. Junto a ella, el aludido forzaba una sonrisa muy incómoda. Un video del asunto se viralizó.
Hasta entonces Noceti supo circular como un fantasma por los pasillos ministeriales. Era consciente de que su profuso desempeño como abogado de represores y apologista de la última dictadura le podría jugar en contra.
En este punto hay que remontarse al atardecer del 31 de julio de 2017, cuando comenzó su propia Campaña del Desierto.
Ese lunes, en representación de la ministra, Noceti convocó en un salón del hotel Cacique Inkayal, de Bariloche, a jefes de todas las fuerzas federales y provinciales con asiento en Río Negro y Chubut; entre ellos, los titulares de los Escuadrones 35 y 36, además de sus secretarios de Seguridad. Ese selecto auditorio asimiló su arranque no sin un gran azoro: “Si violan a mi mamá, voy a actuar”. Así, con la voz en falsete, resumió su plan de “provocar” una situación de “flagrancia” en el territorio mapuche de Cushamen para embestir contra sus pobladores sin la burocrática intermediación de un juez. El tipo se exhibía fanatizado y torpe. Se tropezaba con las palabras. Es muy posible que algunos de los asistentes del cónclave advirtieran en sus dichos el germen de un acto irreparable. De hecho, los funcionarios provinciales y los jefes de sus policías se desmarcaron del desequilibrio de Noceti al punto de esquivarlo a partir de entonces, además de no participar en ningún operativo. Pero ese no fue el caso de los gendarmes. Ni de sus jefes Gerardo Otero y Ernesto Rubino.
A primera hora del martes Noceti partió de Bariloche en una camioneta blanca con una tira de lucecitas led en la trompa. Cerca de las 11:30 se detuvo ante la tranquera que separaba la ruta del asentamiento mapuche, al ocurrir el violentísimo ingreso de la Gendarmería.
Ya se sabe que en tales circunstancias el mochilero Santiago Maldonado quedó acorralado en la orilla del río por un grupo de uniformados. Y que su cuerpo terminó sumergido en ese cause gélido, donde jamás se hubiera metido por propia voluntad.
Lo cierto es que así comenzó para la ministra su gran crisis de gestión. Una crisis que condujo al lugar de los hechos a otros dos protagonistas de esta trama: Cané y Barberis. El primero era subsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales. Y el otro, director de Violencia Institucional. Por su parte, el doctor Soto fue el último en ingresar a la escena.
Pierna de ases
Corría la tarde del 22 de agosto de 2017 cuando Bullrich se torturaba con los dientes el labio inferior, durante un vidrioso cónclave entre funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de organismos de derechos humanos para tratar la la desaparición forzada (aún en curso) de Maldonado.
De pronto, Diego Shulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) fue hacia el baño. Allí fue increpado por dos septuagenarios que acababan de orinar.
– ¡Ustedes están defendiendo a un guerrillero! –disparó uno de ellos.
Y el otro, amplió:
– El chico participó en una operación de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y fue apuñalado por un puestero…
Quien habló primero era Cané. Y quien redondeó el mensaje, Barberis. Ambos tuvieron un rol primordial en la intoxicación de esa pesquisa.
Aquella era una de las funciones de Cané; la otra, controlar el devenir del expediente judicial. A tal efecto pasó a ser el “interventor” gubernamental en el despacho de Guido Otranto (el primer juez de la causa). Su presencia en Esquel ya era parte del paisaje. De modo que este sujeto obeso, desaliñado y jactancioso se había convertido en su sombra. En los bares y restaurantes que frecuentaba, cualquier persona podía acceder a los más delicados secretos de Estado con sólo sentarse a metros de su mesa. Él no dejaba de vociferar toda clase de datos a sus ocasionales interlocutores.
Cuando Otranto fue apartado del caso –en septiembre de aquel año– él regresó a Buenos Aires.
Pero a fines de noviembre tuvo una nueva misión en tierras patagónicas: “coordinar” el desalojo de la comunidad mapuche del lago Mascardi, cerca de Bariloche. Allí –ya se sabe– justo sería asesinado Rafael Nahuel por un balazo de la Prefectura Naval.
Cabe destacar que Cané tampoco fue ajeno al espionaje realizado sobre familiares y amigos de Maldonado.
Eso le costó su procesamiento en el juzgado federal de Daniel Rafecas. El cariz de dicho expediente hizo que optara por renunciar al ministerio con el propósito de preservarse.
Barberis, a su vez, tuvo la misión de “coordinar” los falsos testimonios de los gendarmes que participaron en el operativo ordenado por Noceti para que no se auto-incriminaran ni pusieran en riesgo penal al ministerio.
La historia de este ex funcionario es casi desconocida.
La única experiencia que tiene en el tema de la seguridad es su pasado de secuestrador extorsivo. Los casos del empresario Julio Kancepolski (1977) y César Cohen, un niño de apenas 12 años (1985), lo atestiguan. Por tal actividad residió siete años en la cárcel de Villa Devoto. Su resurrección civil comenzó en la era menemista al amparo de Carlos Grosso y Carlos Ruckauf. Previamente había fundado una ONG para ayudar a presos. Después –y hasta su debut en la función pública macrista– regenteó dos fundaciones: el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía (ILAPyC) y la Fundación Más Paz Menos Sida. Luego, ya enfundado en su traje ministerial, sus compinches de antaño lo consideraban “un tumbero que se hizo amigo de la gorra”.
En su trabajo de desligar a los gendarmes del caso Maldonado, les dijo a cuatro de ellos: “Si no podemos salir juntos de este barco, se encalla. Porque en este barco están ustedes y nosotros”. El registro sonoro del “sincericidio” fue incorporado al expediente.
En tanto, la abdicación de Cané propició el ascenso del doctor Soto, la cuarta pata del estado mayor de Bullrich. Su cargo: director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales.
En enero de 2019 fascinó a Bullrich con dos hazañas de su inventiva: el llamado Plan Restituir, cuyo propósito era “limpiar el honor” (y devolver al servicio activo) a uniformados que salieron airosos de causas por homicidios y torturas, junto al célebre reglamento que habilitaba el uso policial de armas letales ante cualquier “peligro inminente”, incluso por la espalda.
Esto último derivó en que Bullrich le encomendara la defensa penal del policía Luis Chocobar, un ícono del gatillo fácil.
Era la reinvención de un hombre que hasta entonces únicamente había descollado en la esfera pública por sus insistentes visitas a programas de TV.
Lo cierto es que ese hombre esmirriado y calvo, con ojillos que siempre brillaban detrás de unos lentes sin marco, era muy propenso a la acumulación de cargos, Tanto es así que en esa cartera él también actuó de enlace con el FBI, además de haber sido jefe de la Dirección de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa. Paralelamente reportaba al Ministerio de Justicia por integrar la Comisión Nacional de Huellas Genéticas.
También intervino –con más eficacia que Cané– en la causa Maldonado y en la de Rafael Nahual.
Por un lado, Lleral había llegado a la conclusión de que Santiago había muerto por “una sumatoria de incidencias”, y que las mismas “no constituyen un delito”. Y por otro, en Bariloche, el juez Leónidas Moldes anuló la pericia que señalaba al prefecto Javier Pintos como el asesino de Nahuel.
En ambos desenlaces emergía la “influencia” del doctor Soto.
Desde el llano
Casi al año del escrache sufrido al votar en una escuela de San Isidro, Noceti fue acusado penalmente por el Gobierno Nacional a raíz de su responsabilidad en la muerte de Santiago, al concluir una investigación iniciada el 22 de enero de 2020 por la Gendarmería a pedido del Ministerio de Seguridad ya a cargo de Sabrina Frederic.
Dicha pesquisa plantea que impartió órdenes “ineficaces e ilegales” el día de la represión a la Pu Lof de Cushamen, cuando desapareció el artesano, y que los jerarcas ministeriales del macrismo luego armaron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. La denuncia se extiende al ex jefe de Gendarmería, Otero, y su segundo, Rubino. La presentación fue efectuada en los tribunales de Comodoro Py, y recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
Dicho expediente, tras una breve escala en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, habría sido finalmente enviado al despacho de Lleral en el Sur, donde, desde luego, quedó sumido en el sopor eterno.
Por lo demás, en mayo, Noceti había sido convocado por Bullrich como asesor en la efímera “Comisión del Día Después”, una sello macrista para establecer políticas una vez superada la pandemia. Mientras tanto, retomó la defensa de represores y continúa conviviendo con su novio en San Isidro.
En cambio, el lazo de Cané con Bullrich es muy esporádico. Y lejos de ser molestado por la Justicia, detenta un alto cargo en la Corte Suprema: titular letrado de su Secretaría Civil y Previsional Nº 2. Allí resuelve con prontitud los reclamos millonarios por haberes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Sin embargo, sobrelleva sus días con un casi nulo nivel de exposición. De hecho, hasta eliminó su cuenta de Twitter, donde antes solía manifestar su visión del mundo; un imaginario signado por los siguientes tópicos: su fervor por las “ejecuciones sumarias” de malvivientes por “vecinos” armados y la “incompatibilidad de la democracia con la aplicación del derecho penal”.
En ese punto coincide con Soto, quien no solo sigue siendo el abogado de Chocobar sino que defiende a otros tantos cultores del gatillo fácil, como así también a civiles que incurrieron en la “justicia por mano propia”. Además es profesor en el Instituto Universitario de la Policía Federal sin descuidar sus quehaceres en el consejo administrativo de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, de cuya obra es fanático. Soto mismo, dada su condición de ideólogo del Estado matador, podría haber sido un personaje de la Historia Universal de la Infamia.
En cuanto a Barberis, el más lumpen del cuarteto de ex funcionarios del Ministerio del Miedo, no hay mucho que decir. En su regreso al llano intentó reactivar sus fundaciones, a la vez que se lo ha visto revolotear sobre ciertos cenáculos del peronismo no kirchnerista y entre las terceras líneas del PRO. En ambas cosas, sin demasiada fortuna.
Todos ellos sueñan con volver al edificio de la calle Gelly y Obes.
