Con la designación del reemplazo de Losardo comienza el fin del lawfare o su intolerable vigencia. Después de CFK, ¿qué otra mujer iluminó los sótanos de la democracia?
Aunque no sea algo bueno, sino más bien lo contrario, suena bastante lógico que en un país donde el lawfare derivó en un naturalizado punitivismo antikirchnerista aún vigente (como evidencia la Operación Sarlo), el simple trámite de recambio ministerial en la cartera de Justicia se convierta en un moroso intercambio de opiniones entre integrantes de una coalición donde conviven obligadamente denunciantes de esta práctica aborrecible y una corriente aliadófila del macrismo entre 2016/2017 que se inclina hacia una suerte de negacionismo para diluir responsabilidades propias en el horroroso despliegue del mecanismo.
La derrota de Macri, se sabe, fue posible por la confluencia de un abanico tan amplio y diverso de fuerzas, que no llama la atención que la resultante sea una gestión muy hablada, por momentos babélica, donde es difícil ponerse de acuerdo en todo. Están quienes tenían por horizonte único la victoria electoral capaz de garantizar el retorno a los despachos estatales y quienes la ponían como condición necesaria, pero no suficiente, para avanzar hacia un nunca más al neoliberalismo y sus prácticas, entre ellas, el lawfare. Pero camino a las elecciones de medio término, se presenta imperioso compendiar prioridades entre ambas alas para que la experiencia del Frente de Todos no se agote exclusivamente en la fortaleza electoral que da la unidad, sino en el deber de asunción de las problemáticas comunes que todavía falta resolver.
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La diversidad encontró su mejor síntesis, corresponder destacarlo, en el área económica. Para el 2021, el plan del gobierno es que se cumpla lo que dice la ley de Presupuesto: crecimiento arriba del 5 por ciento (algunos dicen 7 y otros hasta 9 por ciento) y salarios ganándole a la inflación en dos o tres puntos porcentuales, corriendo el eje de la discusión de los ajustes eternos que habitualmente propone el FMI. En este caso, Martín Guzmán deja más o menos conformes, por ahora al menos, a quienes integran la coalición porque mezcla dosis adecuadas de críticas al capitalismo salvaje con elogios a la administración eficiente de los recursos, cosa que incluye el control del déficit. Casi una tercera posición la suya, basculando entre monetaristas y distribucionistas.
Pero quizá haya sido un error grave pretender soluciones en el área de Justicia con idéntico estilo oscilante. Marcela Losardo, persona de íntima confianza del presidente, adujo agobio después de un año y monedas, sin poder poner en marcha un plan propio para garantizar la reforma judicial. Cuando la coalición despertó al mundo de la pospandemia gracias a las vacunas, la Corte Suprema de Justicia del lawfare todavía seguía ahí. También el procesado fiscal Carlos Stornelli y su jefe, el procurador interino permanente Eduardo Casal, al igual que buena parte de los magistrados (Hornos, Irurzun, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, Ercolini, etc) que revistaban en los pliegues del mecanismo que hirió de muerte derechos y garantías ciudadanas desde 2016 al presente.
Podrá alegar Losardo en su defensa, que la pandemia complicó el sutil cara a cara que exige maniobrar en campo minado. O tomar como argumento que la ausencia de mayorías parlamentarias propias en Diputados funciona como territorio invalidante, no abonado, para que germinen sus mejores intenciones. Quizá todo eso sea atendible, pero la única verdad, que es la realidad, indica que por más ciertas que sean las excusas, casi nunca generan soluciones.
Marcela Losardo, persona de íntima confianza del presidente, adujo agobio después de un año y monedas, sin poder poner en marcha un plan propio para garantizar la reforma judicial.
La Argentina actual tiene poco de la Argentina de hace cinco años. Las instituciones se han vuelvo más frágiles. El desorden se impone hacia donde uno mire. Los poderes fácticos se han vuelto superpoderes. Es una realidad donde cada vez hay menos márgenes para administrar las cosas que hay, todo exige cambios inmediatos y hasta extremos. Empujada por amistad o lealtad, la ahora ex ministra con destino a Francia, aceptó un cargo con desafíos enormes adjuntados, entre ellos, corregir situaciones desgraciadas como la que Cristina Kirchner expuso ante la sala de la Cámara Federal de Casación Penal en su zoom histórico.
La impotencia puede llevar al agobio, y la situación fatigosa a la salida. Es comprensible. Nada equivale, sin embargo, al dolor del estigma político o la ausencia de libertad plena que sufren dirigentes, actuales y viejos funcionarios kirchneristas y simples militantes que ven cotidianamente como sus referentes y representantes son zamarreados por un Poder Judicial que carece, a esta altura, de apoyos sociales relevantes y casi ningún prestigio profesional.
La judicatura se mueve como un país monárquico dentro del país democrático, que se ha asociado a una elite económica cuyos delitos, como el de la evasión o el contrabando, son presentados desde sus propias plataformas comunicacionales como aventuras libertarias frente al “estatismo soviético”, cuando son conductas que, al no ser castigadas, agravan el déficit fiscal que tanto preocupa a Guzmán y al FMI, mucho más que el aseguramiento presupuestario de los derechos a los pobres o excluidos que la política tan denostada pretende.
Que los intérpretes casi divinos de la Constitución, cabeza misma del Poder Judicial, participen tan obscenamente del orden conservador de las cosas (no aplicar la Ley Micaela bordea lo reaccionario y criminal), se asuman como trinchera legal de las corporaciones y justifiquen lo injustificable con sus fallos, explica entre otras cosas que la democracia sea una suerte de formalidad electiva para una parte de la sociedad y una ausencia dolorosa para otra que, cómo planes económicos neoliberales y endeudamientos mediante, ve cómo se aleja de sus derechos, y de sus sueños, día tras día.
El Poder Judicial carece, a esta altura, de apoyos sociales relevantes y casi ningún prestigio profesional.
De todos modos, pensar que un poder incapaz de adaptarse a los cambios sobrevivirá a las novedades de época contradice lo que la experiencia histórica demuestra. Habrá que pensar, al interior de la coalición de gobierno, cuáles son las efectividades conducentes de las que hablaba Hipólito Yrigoyen, primer presidente víctima del lawfare, y atacar con sentido práctico el problema y no con tanta teoría.
Cuando el presidente decida quién será el o la nueva titular de la cartera de Justicia sabremos si la reforma sigue por el habitual sendero desgastante del último año, hasta llegar a ningún lado, o sorprende incorporando nuevos actores (o actrices) a la pelea, que ataquen flancos no suficientemente explorados de un poder con destino asegurado de derrumbe, claro que si se lo empuja con la fuerza y el sentido adecuados.
Si la reforma judicial suma transversalmente a la marea feminista, entonces será tan imparable como irreversible.
Si la reforma judicial, además de la denuncia de las injusticias del lawfare, que conmueve fundamentalmente al kirchnerismo y aledaños, suma transversalmente a la marea feminista que lucha para que, entre otras cuestiones vinculadas a la igualdad, se incorpore la perspectiva de género a prácticas y fallos que hoy cuestan muertes y asesinatos, entonces será tan imparable como irreversible.
Con mirar lo que sin agobiarse Cristina Caamaño pudo hacer en la AFI, uno de los sótanos de la democracia que denunció el presidente, basta para asomarnos a lo que podría pasar si eso tan conducente, finalmente, ocurre.
