El 1 de marzo en su discurso anual ante el Congreso el presidente argentino Alberto Fernández anunció el comienzo de una “querella criminal” contra los miembros del gobierno anterior de Mauricio Macri por haber tomado una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fernández denunció que hubo “malversación de caudales públicos”. Si bien es cierto que muchos gobernantes se encontraron con pesadas deudas dejadas por administraciones anteriores, esta es la primera vez que se plantea un enfoque diferente. En este caso, no se trata de verificar si el país está en condiciones de pagarla, un tema que remite a la ya conocida “década pérdida” de los años ochenta del siglo pasado cuando las deudas externas de varios países de América Latina y el Caribe provocaron una crisis regional. En 1982 México declaró la moratoria de su deuda y tres años después, en 1985, Fidel Castro planteaba que la deuda era impagable. El eje era la imposibilidad de pagar y que los países endeudados quedaban en manos de las exigencias de políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales.
El presidente argentino no hace hincapié en lo económico (impagable) ni es un cuestionamiento moral de la legitimidad de la deuda de 45 mil millones de dólares que deja al país atado de pies y manos a los condicionamientos del FMI. Años antes, la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 también endeudó al país; pero no era un gobierno surgido de las urnas sino fruto de un golpe de Estado. Lo novedoso que plantea Fernández es que, en este caso, a pesar de estar en democracia, los funcionarios que tomaron la deuda lo hicieron de manera ilegal sin pasar por el Congreso, y violando las leyes que reglamentan el ejercicio de las decisiones políticas. Según Fernández los responsables deberán pagar por ello. Esto quiere decir que el expresidente Macri y sus principales funcionarios del área económica deberán responder por qué razón violaron las leyes.
La medida busca ser ejemplificadora y sentar un precedente: quién toma deuda de manera ilegal deberá pagar por ello con su patrimonio y puede terminar en la cárcel. Si prospera, en el futuro quienes gobiernen lo pensarán dos veces antes de endeudar un país; porque no quedarán impunes.
*Publicado en Nodal
