El proyecto que propone un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, avanza en la Cámara de Diputados con perspectivas de conseguir dictamen.
En diálogo con Contraeditorial, el legislador afirmó que la iniciativa tiene el consenso necesario para lograr el dictamen en la comisión conjunta de Energía, Combustibles, Presupuesto y Hacienda, que se reunirá de forma presencial el próximo lunes.
“Tenemos el consenso para avanzar en el dictamen”, ratificó Cleri, en tanto subrayó que uno de los objetivos del proyecto es darle una respuesta a un sector que necesita “previsibilidad y certeza”.
Los biocombustibles que se desarrollan en la Argentina son, principalmente, el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas, puntualmente, de la caña de azúcar y del maíz. El biodiésel, en cambio, es extraído de la soja.
“Se construyeron 54 empresas en 15 años, por lo que ahora necesitamos consolidar la capacidad instalada”
El principal punto de discusión es que los biocombustibles se mezclan en diferentes proporciones con los combustibles fósiles. El proyecto del Frente de Todos, que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo, establece que el gasoil que se comercialice dentro del territorio argentino debe contener un mínimo obligatorio de biodiesel del 5 por ciento. Sin embargo, la autoridad de aplicación -la Secretaría de Energía- puede reducirlo al 3 por ciento “bajo diferentes contextos”.
El régimen actual determina un corte para el biodiesel del 10 por ciento, sin posibilidad de variación.
En el caso de las naftas, el corte que se establece para el bioetanol en el proyecto es del 12 por ciento (6% para el elaborado a base de caña de azúcar y otro 6% por ciento para el que se elabora con maíz). De igual manera, la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir estos valores, especialmente cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pueda distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor. Además, podrá variar el corte si hay situaciones de escasez de bioetanol a base maíz.
El objetivo del nuevo régimen es cuidar el empleo, la industria y la macroeconomía.
El régimen actual vence el próximo 12 de mayo y desde el Poder Ejecutivo planean una prórroga de, por lo menos, 60 días hasta que el Congreso avance en el nuevo régimen.
La iniciativa del Frente de Todos -en término de plazos- propone que la vigencia del nuevo régimen se extienda hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado por el Ejecutivo por cinco años más, lo que otorgaría una mayor seguridad jurídica.
“Estamos en una nueva etapa, se construyeron 54 empresas en 15 años, por lo que ahora necesitamos consolidar la capacidad instalada que brindó la Ley 26.093 y la 26.344, y cuidar a las empresas de menor escala”, indicó el santafesino.
En este sentido, Cleri explicó que el nuevo régimen “construye herramientas objetivas para elevar el corte o bajar con parámetros precisos establecidos en la ley, cuidando el empleo, la industria y la macroeconomía”.
Los biocombustibles que se desarrollan en la Argentina son, principalmente, el bioetanol y el biodiesel.
Otro de los objetivos fundamentales del proyecto es lograr sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. Al respecto, cabe señalar que el corte con etanol, el elaborado con caña de azúcar, favoreció a un cultivo que no tiene mercado y su utilización le permitió al país un ahorro de divisas durante los últimos años. Distinta es la situación del biodiesel, que ha tenido un costo de divisas por menor exportación de aceite de soja.
Gracias al uso de biocombustibles y la producción de nafta con corte de bioetanol de maíz, durante el último año la Argentina logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65 por ciento, según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Al respecto, es preciso recordar que el bioetanol, por ejemplo, es considerado uno de los mecanismos principales en la búsqueda de reducción de gases de efecto Invernadero.
El uso del biodiésel, en comparación con el diésel de petróleo, tiene grandes ventajas para todo el planeta: su quema puede emitir un 48 por ciento menos de monóxido de carbono; un 44 por ciento menos de material particulado (que penetra en los pulmones) y un 67 por ciento menos de hidrocarburos. El biogás colabora con la reducción de la tala de árboles y permite reutilizar los residuos constituyendo una alternativa de energía renovable.
Durante el último año la Argentina logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65 por ciento, gracias al uso de biocombustibles.
Sin embargo, hay que resaltar que tanto el bioetanol (a base de maíz) como el biodiesel (a base de aceite de soja) fomentan los monocultivos y la deforestación para ampliar la frontera agrícola, por lo que no llega a ser una real opción verde ante el petróleo.
A raíz de ello, a nivel mundial no se cree que la utilización de biocombustibles continúe en alza como en los últimos años, donde la desesperada búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles les abrió camino.
Otra razón que desmotiva su producción es que la calidad energética es menor y más costosa. Esto significa que cada litro de bioetanol tiene solo el 65 por ciento de energía contenida en un litro de nafta, es decir, cuando el consumidor carga 10 litros de nafta con corte al 10 por ciento está cargando energéticamente 9,65 litros, un 3,5 por ciento menos.
En este panorama, el proyecto del Frente de Todos busca consolidar y darle previsibilidad a un sector en sostenido crecimiento en los últimos quince años, cuidando las pymes y los puestos de trabajos que se generan en provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Salta. Todo ello sin pasar por alto la incidencia que tienen los biocombustibles en el precio final que llega al surtidor. Y, sobre todo, sin olvidar que elaborar combustibles con alimentos como materias primas (maíz y soja) en un país con altos índices de pobreza es, por lo menos, una contradicción ética.
