La muerte de una turista brasileña atacada por un hombre con problemas de salud mental expuso el vacío estatal y la falta de implementación de una norma sancionada en 2022 que Jorge Macri no aplica.
La reciente muerte de una turista brasileña en el barrio porteño de Balvanera, tras haber sido agredida por un hombre de 30 años que fue declarado inimputable en múltiples oportunidades y que acumulaba ingresos psiquiátricos previos, expuso una vez más las fallas del sistema legal y sanitario en materia de salud mental. También evidenció un problema que hace pocos días fue denunciado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): la falta de reglamentación e implementación por parte del gobierno porteño de la ley 6.483, que hace cuatro años creó, justamente, el “Sistema de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido”.
El pasado 29 de octubre, Gustavo Daniel Moreno, titular de la Asesoría Tutelar N°1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y Relaciones de Consumo de CABA, intimó con un oficio judicial al jefe de Gobierno Jorge Macri a reglamentar esta ley, que fue sancionada en 2021 y promulgada el 4 de enero de 2022. El objetivo de esta norma es centralizar denuncias, unificar registros, coordinar intervenciones judiciales, policiales y sanitarias, y activar mecanismos tecnológicos para localizar a personas desaparecidas, con un articulado específico para quienes tienen padecimientos mentales o capacidad restringida. Sin embargo, nunca se puso en marcha.
Moreno lo explicó con crudeza: “Una persona con padecimientos mentales está gravemente expuesta y puede ser riesgosa para sí o para terceros”. Esa vulnerabilidad extra, que no tienen otro tipo de personas, vuelve urgente dar con su paradero.
Pero, a diferencia de lo que sucede con la desaparición de niñas y niños, la visibilización de estos casos es casi nula. “Recién cuando suceden hechos graves, ya sea de autoagresión o de agresión a otros, se empiezan a preguntar por qué nadie hizo nada con esta persona, y si sabían que estaba en esta situación por qué andaba igual por la calle”, planteó el asesor tutelar.
En la actualidad, la falta de coordinación entre los organismos responsables y la carencia de los mecanismos de intervención previstos en la legislación que el Ejecutivo portero no implementa, hacen que localizar a estas personas resulte muy difícil.
Moreno señaló que “la posibilidad de detección rápida de alguien con padecimiento mental en la calle o donde esté le da posibilidad al efector que la está buscando y a la familia de trabajar para mejorar su situación, respetando su subjetividad, y ver si tiene que volver a una internación o qué otra cosa podemos hacer para darle una mejor calidad de vida y evitar que lastime a otros”.
Sin embargo, el funcionario subraya algo tan básico como ausente: “Para poder hacer algo con esa persona, primero la tenemos que encontrar. Y en materia de padecimiento mental, en este momento ni siquiera tenemos un registro, algo que también debería estar vigente”.
El asesor tutelar constató in situ que el Registro de Búsqueda de Personas Adultas con Padecimientos Mentales e Incapaces no funciona en el lugar físico indicado en la página web del Gobierno porteño: avenida San Juan 2353. Con la nueva ley, iba a ser reemplazado por un Registro de personas con paradero desconocido y personas halladas con identidad desconocida en la Ciudad de Buenos Aires. Pero como eso aún no sucede, debería mantenerse operativo. “Fuimos al lugar y no hay nada. No saben decir dónde funciona pero el gobierno lo sigue publicitando como si existiese”, sostuvo.
Para Moreno, la falla central no es solo que no funcione este registro, sino que no haya un sistema que active una búsqueda estructurada. En la actualidad, para hacer una denuncia por paradero desconocido se puede acudir a la policía, a la asesoría o al juzgado de familia ante una internación involuntaria. “En cualquiera de los casos se termina dando intervención a la fuerzas de seguridad”, resumió el asesor tutelar. Sin embargo, aclaró, más allá del buen trabajo de la policía, la búsqueda no es automática: “No es que salen a buscar. Si te llegan a parar por una infracción o porque estás en una situación compleja y chequean tu número de documento, tus datos y aparece un pedido de paradero, ahí te detienen y se lo comunican a una autoridad”.
La ley 6483 viene a sistematizar tanto la registración como la búsqueda y establece que la autoridad de aplicación dependerá del Ministerio de Justicia y Seguridad. “Es decir, pone a todas las denuncias de todos los efectores judiciales y del Ministerio Público en cabeza de las fuerzas de seguridad e impone la búsqueda, que es necesaria, porque los dispositivos actuales de alerta no funcionan con la celeridad que los casos ameritan”, explicó Moreno.
También destacó las herramientas que existen en CABA para esta tarea: “La Ciudad tiene un montón de cámaras y los datos biométricos podrían surgir directamente del sistema de registración de las personas, pero sin reglamentación todos esos recursos permanecen inactivos para este fin”.
Sin respuesta
Jorge Macri tiene 20 días hábiles para brindar una respuesta y el plazo aún no está vencido. Moreno advirtió que, si no hay avances, pensarán en otras alternativas, como “denunciar ante el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, o judicializarlo para obligar al gobierno a que reglamente e implemente una ley que está vigente”. Además, agregó que debería tener presupuesto para el año que viene.
La falta de reglamentación y la inexistencia del registro unificado producen un escenario en el que la Ciudad no sabe cuántas personas tienen paradero desconocido, dónde están, quiénes las buscan y con qué herramientas. “La sistematización va a dar números duros, estadísticos y bastante actuales”, destacó el magistrado.
Parte del articulado de esta ley también se refiere al cruce de datos con personas que ingresan como NN en los hospitales y con los cadáveres. Para ilustrar la importancia de ese aspecto, Moreno recordó un antecedente emblemático: “No podemos olvidarnos de Luciano Arruga”, señaló, en referencia al joven que estuvo seis años desaparecido hasta que su cuerpo apareció enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Si bien después de ese caso se establecieron protocolos desde el Ministerio de Salud porteño, la nueva norma indica que “el Poder Ejecutivo dictará protocolos a los efectos de establecer la condición de persona hallada con identidad desconocida, estando estas con vida o no, cuando resulte imposible acreditar debidamente la identidad”.
En cuanto a la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, en el oficio enviado el asesor tutelar explicó que “no se tiene información sobre la existencia de los protocolos dictados con posterioridad a la publicación de la ley 6.483 para el inicio del proceso de alertas tempranas en la desaparición de niñas, niños y adolescentes, conocido bajo la denominación de ‘Alerta Sofía’”.
Moreno insistió en que “si el Ejecutivo considera que el sistema actual es eficiente, si cree realmente que esta nueva norma no es necesaria, que envíe un proyecto de ley”.
En el caso del hombre señalado como autor del ataque en Balvanera de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, tenía varios pedidos de paradero y declaró estar en situación de calle. Desde 2010 hasta la actualidad, había tenido reiteradas internaciones por problemas psiquiátricos en centros de salud, de los cuales se fugó; a los que se sumaron causas por lesiones, robos o intentos, con posterior ingresos en nosocomios e intervención del SAME en la vía pública.
Las consecuencias son concretas: personas con padecimientos mentales deambulando sin seguimiento, hospitales que no informan ingresos de NN, familias que no saben por dónde empezar a buscar, y respuestas estatales lentas y desarticuladas que pueden terminar en tragedias.
“Hay que pensar en la angustia que siente un familiar cuando no encuentra a la persona en situación de padecimiento mental, sin saber exactamente dónde está. Es el respeto a la subjetividad del otro y a poder cerrar una historia, además de evitar que pueda ser riesgosa”, concluyó Moreno.
