La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó la relevancia institucional del envío al Congreso de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. “Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos”, sostuvo la funcionaria, y por eso señaló que contar con “un Estado presente” significa la responsabilidad de “evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.
Precisó que las dos iniciativas remitidas al parlamento por la Casa Rosada “son complementarias y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”. En ese sentido, consideró que se trata de “una cuestión de salud pública pero también de justicia social”.
“Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos”.
Gómez Alcorta recordó que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos, pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. Según las cifras que maneja su ministerio, en la Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año.
Como también lo hizo el presidente Alberto Fernández en el mensaje donde anunció el envío de los proyectos, la ministra detalló que “por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura”, y que “desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”.
En la Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año.
“Todas y todos –sostuvo– sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros”. Por eso, consideró que “frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud”.
En cuanto al efecto sobre el sistema de salud, la abogada buscó desmontar falsas creencias. De hecho, aseguró que “garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”. Recordó que en la actualidad “las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad”.
“Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”.
Sobre el llamado Plan de los 1000 días –el otro proyecto enviado al Congreso junto al de ILE–, la ministra reiteró que así como “la responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras”, también lo es “que las mujeres que tengan dificultades económicas puedan llevar adelante sus embarazos”. En ese punto, indicó que la propuesta es “poner en marcha políticas públicas que garanticen condiciones de salud integral durante esa etapa y en los primeros 3 años de vida de sus hijos/as”.
