¡Llego el día! Desde el 1 de marzo esperábamos que ocurriera y parecía no iba a ser este año. Parecía que el Covid y la pandemia no daban un poco de descanso, para que el PEN envíe el proyecto de Aborto al Congreso. Llega junto al de los 1000 días, el otro que anunció el 1 de marzo: para apoyar a quienes continúen el embarazo, en base a lo incorporado en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
¿Por qué es importante la presentación del proyecto del aborto? Porque a diferencia del de los 1000 días, en el aborto la falta de legislación obliga por omisión a quienes necesitan interrumpir un embarazo en las primeras 12 o 14 semanas a poder hacerlo sin necesidad de que sea una violación o problema de riesgo de salud o vida de la mujer. Esto obliga a esas mujeres a tener que buscar una solución segura pagando o si no pueden pagar hacerlo en forma clandestina y poner en riesgo su salud y/o su vida. Esta injusticia permite a quien tiene recursos, principalmente económicos a no correr riesgos, pero quienes no los tienen y solo pueden atenderse en servicios públicos, son castigadas doblemente por carecer de esta ley. Por el contrario, las que quieren seguir su embarazo no sufren riesgo ni coerción por la falta de ley, solo les permitirá evitar que algunos prestadores les retaceen atención. Esta diferencia no es menor, sin embargo creemos que es bueno que el Estado vele por la salud y la vida en ambos casos, en el del aborto para evitar enfermedad o muerte por negarles atención, en el otro para asegurar atención plena.
“Entendemos que hay parlamentarios/as que se oponen, sin embargo pedimos que consideren que si lo rechazan lo único que logran es empujar a mas mujeres y niñas a quedar desamparadas”.
Dado la frecuencia de muertes de gestantes, creemos que es prioritario el tratamiento de la ley del aborto. Entendemos que hay parlamentarios/as que se oponen, sin embargo pedimos que consideren que si lo rechazan lo único que logran es empujar a mas mujeres y niñas a quedar desamparadas frente a las múltiples situaciones en las que pueden necesitar un aborto y al no poder recibirlo en un servicio público quedan a merced de quienes lucran con la clandestinidad del aborto. Porque lo que deben saber es que negando la atención no se acaban los abortos, sino ya no existirían en nuestro país. Lo que con esta ley se acabaran son esas muertes inaceptables que hoy existen. Si continúan rechazando son cómplices de esas muertes, algo que creo nadie quiere.
Además, la ley no obliga a nadie que no quiera abortar a hacerlo, la situación es similar a la ley de divorcio. La ley no aumentó el número, sí permitió a los que lo necesitaran a hacerlo y reconstituir una familia si querían. Porque, así como nadie se casa para divorciarse, nadie se embaraza para abortar. Pero quien se embaraza porque no pudo evitarlo, se ve obligada a hacerlo clandestinamente. Triste e injusta situación. Solo quien ha pasado por una situación semejante puede entender el dolor y sufrimiento al que se somete a esa mujer y su familia/pareja. Esperemos los señores /as parlamentarios entiendan esto y den una respuesta que miles de mujeres y familias esperan. ¡Ni una Muerta más!
*Médica, Máster en Salud Pública, especialista en Epidemiología y presidenta de la Fundación para estudio e investigación de la Mujer.
