Saldando el compromiso que había asumido durante la campaña presidencial, Alberto Fernández envió este martes al Congreso de la Nación los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, también conocido como Plan de los 1000 días. “Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda”, señaló el presidente en un mensaje que difundió a través de redes sociales.
“Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
“La legalización no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve, solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.
Como ya explicó en otras oportunidades y como supo plantear en su rol docente en la Facultad de Derecho, el mandatario sostuvo que “la criminalización del aborto de nada ha servido: solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”. En ese sentido, señaló que cada año se hospitalizan alrededor de 38 mil mujeres por abortos mal practicados y que “desde la recuperación de la democracia murieron más de 3000 mujeres por esa causa”.
En un mensaje donde buscó dar argumentos contundentes y expresar con claridad los motivos de su decisión, el presidente ratifico que “la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros”. Conocedor del fuerte debate público en torno al tema, Fernández subrayó: “No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve, solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.
Desde la recuperación de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos.
También aclaró que “la legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud”, toda vez que “los procedimientos validados que se utilizan con estándares de la Organización Mundial de la Salud son en su mayoría ambulatorios, ni quirúrgicos ni farmacológicos”.
Entre las tantas voces que salieron a celebrar la decisión del Poder Ejecutivo estuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta: “Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral”, aseguró la funcionaria.
En cuanto al trámite parlamentario, habida cuenta de la experiencia de 2018, todo hace suponer un paso rápido por el plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidades, Legislación Penal, Legislación General, Salud y Acción Social. En todos los casos, tanto las presidencias como la composición de las comisiones son claramente favorable a los proyectos enviados por la Casa Rosada. Ya en los recintos, el oficialismo confía en tener la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados y Diputadas pero sabe que en el Senado es donde la puja será voto a voto.
