En su editorial por la AM530 Somos Radio, Roberto Caballero cuestionó el reciente discurso del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas, al calificar la postura del Ejecutivo como un “uso inapropiado” de la causa nacional, para disimular una política de subordinación alineada con los intereses de los Estados Unidos. “Es una estrategia suicida”, agregó.
Durante su análisis, Caballero sostuvo que el reciente anuncio oficial de aplicar y endurecer la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para sancionar la exploración ilegal de hidrocarburos en el archipiélago, constituye una maniobra de distracción frente al remate de recursos naturales. “Esta ley es una herramienta, pero ojo, cuidado, es un martillo. En manos de Milei, es un peligro”, advirtió.
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En este marco, denunció que la retórica sobre la soberanía en el Atlántico Sur contrasta con la firma, en junio pasado, de una carta de intención suscrita con el embajador estadounidense Peter Lamelas. Según la interpretación de Caballero, dicho acuerdo compromete la defensa y la inteligencia nacional a las directivas de Washington: “Lo que Milei dice de Malvinas no lo hace en representación del pueblo argentino, sino en representación de los intereses de Estados Unidos en la región”.
A su vez, la postura exterior del gobierno nacional fue definida como una “subordinación estratégica” que ubica al país en una “zona roja” del escenario internacional, debido al alineamiento automático con la agenda geopolítica de Estados Unidos e Israel frente a la disputa comercial con China.
“Es una estrategia suicida. El Gobierno utiliza la causa Malvinas como un mecanismo de supervivencia electoral mientras destroza la soberanía política real”, enfatizó Caballero en el tramo final de su exposición.
Por último, el análisis concluyó con un rechazo explícito al “uso y abuso” de la causa por parte de la administración libertaria, ratificó el homenaje permanente a los caídos en el conflicto bélico de 1982 y señaló la necesidad de recuperar “un gobierno nacional y popular” para llevar adelante la defensa de la soberanía en el territorio insular y marítimo.
