Trece departamentos de Salta, Jujuy y Tucumán ya alcanzan o superan el límite de propiedad extranjera establecido por la legislación vigente. El dato surge del séptimo informe elaborado por el Observatorio de Tierras, dependiente del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que advierte sobre la concentración de territorios estratégicos por su disponibilidad de agua, minerales y producción agrícola, así como sobre sus consecuencias ambientales y el desplazamiento de comunidades.
El estudio, titulado “El NOA al rojo vivo: cómo avanza la extranjerización de la tierra en Salta, Jujuy y Tucumán y qué consecuencias genera en el territorio”, cobra especial relevancia ante el tratamiento previsto para este jueves 6 de agosto en el Senado del proyecto denominado por el Gobierno “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La iniciativa propone modificar el régimen que regula la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y, según advierte el Observatorio, podría profundizar un proceso que ya supera los límites legales en varios departamentos del noroeste argentino.
A partir de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales desagregados a nivel departamental, el informe identifica nueve departamentos en Salta, tres en Jujuy y uno en Tucumán en los que la propiedad extranjera alcanza o supera el 15% de la superficie rural, el máximo fijado por la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Realizada por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos, la investigación no se limita a contar hectáreas. Su principal advertencia es que la extranjerización no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en territorios estratégicos donde coinciden recursos minerales, reservas de agua, producción agropecuaria, bosques nativos y comunidades indígenas.
El informe identifica nueve departamentos en Salta, tres en Jujuy y uno en Tucumán en los que la propiedad extranjera alcanza o supera el 15% de la superficie rural, el máximo fijado por la Ley 26.737
El informe aparece, además, en un contexto marcado por la disputa internacional por minerales críticos, la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una serie de reformas impulsadas por el Gobierno sobre las leyes de Tierras Rurales, Manejo del Fuego, Barrios Populares y Expropiaciones.
Salta, principal foco de extranjerización
Salta es la provincia del NOA con mayor cantidad de tierra rural en manos extranjeras. En el informe detallan que de sus casi 15,5 millones de hectáreas rurales, alrededor de 1.752.523 hectáreas, equivalentes al 11,31%, pertenecen a capitales foráneos. Los estadounidenses concentran el 44,4% de esa superficie extranjerizada, seguidos por capitales uruguayos y españoles.
Sin embargo, el promedio provincial oculta situaciones mucho más extremas. En San Carlos, el 59,8% de la tierra rural está extranjerizada; en Molinos, el 57,8%; en Guachipas, el 33,8%; y en General Güemes, el 28,8%. También superan el límite legal La Viña, Cerrillos, Orán, Cafayate y Chicoana.
La mayor concentración se produce en los Valles Calchaquíes, donde el avance de viñedos de alta gama, proyectos turísticos e inmobiliarios de lujo y, cada vez más, emprendimientos mineros se superponen con zonas de gran importancia hídrica.
En San Carlos, por ejemplo, existen glaciares de escombros que cumplen un papel clave en la regulación del agua de los valles intermontanos. En ese mismo departamento, donde existen seis comunidades indígenas, están previstos cuatro proyectos mineros.
En Orán y otros departamentos del Chaco salteño, en cambio, la extranjerización se relaciona con la expansión de la frontera agropecuaria, forestal y ganadera. El estudio menciona el caso de Quebracho Colorado SA, una empresa integrada por capitales estadounidenses que desde 2007 presentó solicitudes para intervenir cerca de 80.000 hectáreas de bosque nativo en Anta, Orán y Rivadavia.
El control del territorio no siempre implica comprarlo
Otro de los aportes del informe es señalar que los datos oficiales no permiten dimensionar por completo el fenómeno. El Registro Nacional de Tierras Rurales contabiliza la propiedad formal, pero no registra otras formas de control territorial, como las concesiones mineras o petroleras, los arrendamientos de largo plazo y la conformación de sociedades locales por parte de empresas extranjeras.
El estudio destaca especialmente el avance a través de estas modalidades de capitales chinos. En lugar de adquirir directamente los campos –y quedar alcanzadas por los límites y controles de la Ley de Tierras–, las compañías obtienen derechos de explotación y contratos que pueden extenderse durante varias décadas.
El Registro Nacional de Tierras Rurales no contabiliza formas de control territorial como concesiones mineras o petroleras, arrendamientos de largo plazo y sociedades locales de empresas extranjera.
De esta manera, pueden ejercer un control prolongado sobre la tierra, el agua, los minerales y los hidrocarburos sin aparecer necesariamente en las estadísticas de propiedad extranjera.
Un ejemplo es High Luck Group Argentina, subsidiaria de una compañía con sede en Hong Kong, que controla más de 1.148.000 hectáreas en Salta mediante concesiones de hidrocarburos, aunque no sea propietaria directa de esas tierras.
A esto se suma que Salta concentra nueve de los diecinueve depósitos de tierras raras identificados en la Argentina. Junto con las reservas de litio y cobre, estos recursos convierten a la Puna salteña en uno de los territorios más codiciados por las empresas mineras y los capitales internacionales.
Jujuy y Tucumán: concentración escondida
En Jujuy, la propiedad extranjera representa el 3,65% de la superficie rural provincial. Pero, una vez más, el promedio general esconde fuertes concentraciones locales.
Humahuaca tiene el 26,1% de sus tierras rurales extranjerizadas; San Pedro, el 20,7%; y El Carmen alcanza el 15%. En Humahuaca, prácticamente toda la superficie extranjerizada corresponde a capitales suizos.
En Jujuy, la propiedad extranjera representa el 3,65% de la superficie rural provincial. Pero, una vez más, el promedio general esconde fuertes concentraciones locales.
El informe del Observatorio de Tierras advierte que estos departamentos coinciden con la Quebrada de Humahuaca, corredores estratégicos de agua y territorios de comunidades indígenas cuyos relevamientos territoriales permanecen pendientes.
En Tucumán, la propiedad extranjera alcanza el 4,04% del territorio rural. El departamento más comprometido es Cruz Alta, en el corazón de la llanura azucarera y agrícola, donde unas 18.404 hectáreas están en manos de capitales principalmente españoles e italianos. Es también una zona atravesada por la expansión de la frontera agrícola y la deforestación de montes nativos.
Comunidades desplazadas y recursos en disputa
Detrás de los porcentajes, el informe reconstruye conflictos sociales y ambientales que llevan años o décadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, entre Salta y Jujuy. Allí, 33 comunidades kollas y atacamas resisten desde 2010 el avance de proyectos de extracción de litio.
Las comunidades advierten que el bombeo y la evaporación de grandes cantidades de salmuera pueden alterar el equilibrio hídrico del que dependen la producción artesanal de sal, el pastoreo y la agricultura.
En los Valles Calchaquíes, comunidades indígenas y familias campesinas denuncian cercamientos de campos comuneros, restricciones a fuentes de agua y pastizales, así como juicios por la superposición entre títulos de propiedad recientes y territorios ocupados ancestralmente.
Según el estudio, la llegada de emprendimientos vitivinícolas, turísticos, inmobiliarios y mineros multiplica la presión sobre poblaciones que ya enfrentan dificultades para obtener el reconocimiento formal de sus territorios.
La legislación vigente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También fija límites por nacionalidad y restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas consideradas estratégicas. Sin embargo, como advierte el Observatorio de Tierras, “los departamentos con mayor extranjerización coinciden con zonas de glaciares y ambientes periglaciares, proyectos mineros en actividad o previstos y territorios de comunidades indígenas”.
Para sus autores, el nuevo marco se complementa con el RIGI, que ofrece amplios beneficios a las grandes inversiones, facilita la remisión de utilidades y no exige que las ganancias obtenidas por la explotación de recursos estratégicos sean reinvertidas en los territorios.
La discusión legislativa, por lo tanto, no se limita al derecho de propiedad ni a la cantidad de inversiones que podrían ingresar al país. En el centro del debate están el control de la tierra, el acceso al agua, el aprovechamiento de minerales críticos, la conservación de los bosques y la permanencia de las comunidades que habitan esos territorios.
