Tres días antes del primer sirenazo policial en Adrogué, la AEA (entidad patronal, que nuclea a las empresas más poderosas del país) emitió un insólito comunicado, redactado para un país imaginario supuestamente tomado por temibles agentes del comunismo internacional.
El propósito era resistir las regulaciones tarifarias en materia de televisión paga y telefonías móvil y fija, evitar la ley que dispone un aporte extraordinario y por única vez para los 12 mil contribuyentes más ricos, y frenar la norma en materia judicial de ordenamiento de la Justicia federal, objetivos que colorearon con invocaciones a la defensa de la propiedad privada, aparentemente amenazada. El libelo fue ampliamente difundido por los múltiples soportes comunicacionales del Grupo Clarín, cuyos ejecutivos integran la mega Asociación empresaria. Tirar el centro y saltar a cabecearlo.
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Era la bandera de largada. Después de la avanzada de Eduardo Duhalde, y ante el caso omiso que el gobierno hizo a las amenazas opositoras (convertidas como pocas veces antes en un rejunte de enemigos amenazantes de la democracia), la derecha pasó al acto.
La protesta policial aparece como el segundo movimiento del apriete del capital sobre el gobierno popular.
No contaba con que un gobierno bajo asedio permanente, limitado por las condiciones objetivas que impone la pandemia, muestre signos de vitalidad política, capacidad transformadora y decisión de afectar intereses concentrados si de mejorar la vida de las mayorías se trata. El acuerdo sobre la deuda con los acreedores privados, la salida del default a la que el macrismo llevó a la Argentina y el horizonte inmediato despejado en materia de compromisos de pago, acentuaron el desconcierto en la oposición política.
Así, la protesta policial aparece como el segundo movimiento del apriete del capital sobre el gobierno popular, que ya habían anunciado desde Florencia Arietto hasta Juanita Viale. Desestabilizar hasta que aclare.
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El policía de uniforme azul, bajo el barbijo negro, con rigurosa media americana en la cabeza, apela a palabras oscuras como la noche que se presenta en Puente 12, partido de La Matanza: el gobierno de turno desprecia a la policía, dice; que es una fuerza armada, jerarquizada y profesional, describe.
Al trasladar la protesta a la Quinta de Olivos, la Bonaerense empezó a mostrar planteos políticos.
Los reclamos salariales con que pretenden disimular el apriete armado al gobierno popular, empiezan a mostrar planteos políticos. Para confirmarlo, la protesta contra el gobernador bonaerense, que es a quien deben obediencia se traslada a la quinta presidencial de Olivos.
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El fascismo que hizo nido en la nuca de las clases dominantes de este país, ha encontrado un nuevo recurso: montarse sobre el descontento y el hartazgo social provocados por la pandemia. En su propósito de huir hacia adelante cualquier bondi lo deja bien. Probó con el rechazo a la cuarentena, a los barbijos, a las vacunas; calificó de Cuarta Internacional socialista a la OMS; convirtió a un híbrido entre el Che y Lenin a Bill Gates. Desde el lunes por la noche ensaya una nueva criatura: subirse a la disconformidad policial con el nivel de sus ingresos, lastre de los años del macrismo, y amplificarla hasta el límite del levantamiento sedicioso, la interrupción de la cadena de mandos y la amenaza al orden constitucional.
Algunos comunicadores dieron un abordaje sindical a un acto político destituyente.
¿De qué reclamo justo están hablando en los medios?
El martes uno de los voceros policiales, peladito, de una tal “Defensoría Policial”, decía que el problema es que la política de seguridad no la definen los policías, sino que apenas la ejecutan… El cronista de A24 no le repreguntó. Total normalidad. Ni hablar el policía crítico de las órdenes de prisión domiciliaria dictadas por un Tribunal competente. ¿Qué tiene que ver Lázaro Báez con las “horas cores” del sueldo policial?
¿Se puede narrar en clave gremial un planteo claramente desestabilizador?
Una cosa es que lo haga Alberto Fernández, para descomprimir una situación crítica, que tensa la democracia y tensiona contra la necesaria tranquilidad y paz social que se necesita para atravesar el momento más complicado de la pandemia. Pero los comunicadores, que crean sentido sobre la realidad, no pueden permitirse un abordaje sindical sobre un acto político destituyente.
Afectar la coparticipación de la Ciudad y transferirla a la Provincia es una definición política.
Por lo demás, quienes lean claudicación presidencial en la moderación del monólogo de Alberto rodeado de intendentes conurbanos, más Massa y el gobernador Kicillof, seguramente olvidaron el discurso aparentemente conciliador de Hugo Chávez en 13 de abril de 2002, cuando volvió a Miraflores tras el golpe de Estado relámpago que había sufrido dos días antes, mientras estuvo detenido por militares. Tras su vuelta al poder, la revolución bolivariana se profundizó tanto, que aún hoy continúa en el poder a pesar de la muerte de su líder y del ataque sistemático de sus detractores.
En tal sentido, afectar un punto de la coparticipación a la Ciudad y transferirla a la provincia de Buenos Aires, no parece sólo un desembolso de recursos; es una definición política. Ya Cristina Fernández de Kirchner lo había planteado antes de que el FdT asuma el gobierno: “En la Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”. En los salarios de uniformados porteños y bonaerenses, se verifica el mismo desequilibrio. Teléfono para el alcalde porteño.
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Ya en abril de 2011, el entonces ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, advertía que los golpes de Estado ya no los hacen las Fuerzas Armadas regulares de nuestros países, sino las policías. Todavía no había sucedido el golpe victorioso a Evo Morales, pero sí el intento fallido de magnicidio policial contra el entonces presidente Rafael Correa, en Quito, que mereció una reunión urgente de la Unasur en apoyo al mandatario.
Zaffaroni advirtió en 2011 que los golpes de Estado habían pasado a manos de la policía.
“No esperemos a un comisario sentándose en el sillón presidencial”, decía el juez en 2014, al tiempo que explicaba que “el problema es la `autonomización` de las fuerzas policiales” y que el origen “se remonta al siglo XIX”, cuando surgió un “vicio estructural” que permitió que “las policías tengan capacidad de recaudación autónoma a cambio de garantizar gobernabilidad”.
Los golpes de Estado modernos son procesos, que vasculan descontento, desconfianza, odio, crisis institucionales, conflictos entre poderes, hechos violentos, desobediencia varias, cuyo propósito es desestabilizar a los gobiernos populares que los golpistas consideran enemigos de sus intereses. No rivales democráticos. Esos procesos resultan una sucesión de hechos y situaciones que se agravan, más que de conmociones agudas que se precipitan en pocas horas.
Un golpe resuelve mal y por derecha contradicciones que se presentan en el seno de las sociedades democráticas. Los medios masivos, parte indispensable de esos procesos, actúan como agente catalizador que crea las condiciones subjetivas para hacer viable la salida violenta. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
El macrismo residual está mirando, obsesionado y temeroso, el año electoral que se avecina.
El salto cualitativo en la estrategia desestabilizadora que ensaya el bloque de oposición, se dio a partir en el show montado en el Congreso por los diputados de Juntos por el Cambio, el martes 1 de septiembre. A ese hecho, que se perfecciona en los Tribunales, a través de una presentación judicial que persigue la declaración de invalidez a la decisión soberana de la cámara de Diputados respecto de la forma resuelta para sesionar, se le sumó inmediatamente la beligerancia separatista del intendente radical de Tandil. No cesó ahí la escalada, más bien lo contrario: los vecinos indignados del country de Pilar contra una decisión judicial, y la negativa de los jueces macristas Bruglia y Bertuzzi de presentarse en el Senado para someterse a las preguntas de los legisladores dela Cámara Alta, y regularizar su ingreso a la Cámara Federal. No son hechos sueltos: están concatenados, por un denominador común: la potente cadena mediática que alinea unos con otros bajo un solo objetivo: desgastar al gobierno popular. Los que tomaron deuda y fugaron dólares, se golpean el pecho por los que toman tierras.
Está claro que la revolución nunca es televisada. Pero el golpe sí. No es posible su cometido sin ese despliegue.
El conflicto policial adelanta. El macrismo residual, agazapado en las sombras y los pliegues del poder real de la Argentina, está mirando, obsesionado y temeroso, el año electoral que se avecina. Se sabe en problemas: nada indica que el gobierno muerda el polvo en las urnas el año que viene.
