La inaceptable presencia de policías bonaerenses – armados – alrededor de la Quinta Presidencial de Olivos generó el inmediato repudio de dirigentes políticos, sindicales y sociales, que llamaron a respetar las instituciones de la democracia y rechazaron las “actitudes desestabilizantes” que impulsan algunos sectores de la oposición. “Los problemas no se resuelven escondidos en los patrulleros, tocando sirenas”, afirmó el presidente Alberto Fernández.
Organismos de derechos Humanos expresaron hoy su “enorme preocupación” ante las protestas y dijeron que esos agentes se encuentran “virtualmente alzados contra las autoridades de la Constitución con el argumento de un reclamo laboral que sorprende que se manifieste con tanta crudeza y violencia”.
La posición quedó fijada en un comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, entre otros.
Los organismos de derechos humanos alertaron sobre operaciones mediáticas y “las provocadoras expresiones de la derecha más reaccionaria y de sectores de la oposición”.
“Vemos como una fuerza de seguridad avanza en actos de gravedad institucional, que exigen nuestra más absoluta condena. Advertimos, con preocupación manifiesta, cómo sobre las demandas de esos grupos se montan impunemente todo tipo de operaciones mediáticas, a las que se suman las provocadoras expresiones de la derecha más reaccionaria y de sectores de la oposición política”, señalaron los organismos.
Otra de las primeras reacciones fue la del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, que expresó su “repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense”.
“El legítimo reclamo salarial de las fuerzas policiales de la provincia, luego de la desastrosa gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el Gobierno nacional y el provincial, que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones”, señaló la bancada presidida por Máximo Kirchner.
“Rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia”, denunció el bloque de diputados oficialista.
Para el bloque oficialista de la Cámara baja, “rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados, que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político”.
“Las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas”, remarcaron.
Por su parte, el canciller Felipe Solá afirmó que “nada justifica la desobediencia de un cuerpo del Estado” y diferenció la “legitimidad” de pedir un aumento salarial del hecho de “extorsionar al Estado”, algo que encuadró en el delito de “sedición”.
“La legitimidad de pedir un aumento salarial deja de ser tal cuando esa condición se usa para extorsionar al Estado. Eso es sedición”, escribió. El canciller advirtió que la Policía “es un cuerpo de civiles armados, preparados para proteger a los civiles desarmados”, en alusión a las protestas que realizan -uniformados- efectivos de la fuerza bonaerense, en varios puntos del conurbano y frente a la Quinta de Olivos.
La CGT también condenó “el exceso del legítimo reclamo” de los policías bonaerenses y advirtió que “la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado”.
Para la CGT, el reclamo de los policías “con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado”.
La CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvo en un comunicado de prensa que “la visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto y todas las acciones posteriores constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones”.
Los integrantes del consejo directivo cegetista reclamaron que “la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales”, y señalaron que “la desigualdad social, la pandemia de coronavirus y la difícil realidad económica no justifica la insubordinación”.
Diversas organizaciones sindicales también se solidarizaron con Kicillof, como los municipales, ambas CTA, la Asociación Bancaria (AB) y los estatales (ATE), que coincidieron en repudiar lo que consideraron “una maniobra política contra las instituciones”.
Por su parte, el dirigente radical y embajador designado en España, Ricardo Alfonsín, afirmó: “El fin no justifica los medios: es inaceptable la protesta de un grupo de miembros armados de las fuerzas de seguridad en la residencia de Olivos. En esto todos los argentinos coincidimos. Y todo debemos repudiarlo”.
“El fin no justifica los medios: es inaceptable la protesta de un grupo de miembros armados de las fuerzas de seguridad en la residencia de Olivos”, afirmó Ricardo Alfonsín.
Diputados de la Unión Cívica Radical salieron a desmarcarse de la postura de sus aliados del PRO en Juntos por el Cambio, al calificar de “inaceptable” la protesta de los uniformados alrededor de la Casa de Gobierno.
El presidente de la bancada radical, Mario Negri, y sus pares de bancada Facundo Suarez Lastra, Emilio Yacobitti, Fabian Quetglas, Dolores Martínez, y Juan Martín, opinaron sobre la metodología de protesta de esos efectivos frente a la Residencia Presidencial de Olivos.
Negri aseguró que “un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo”.
Suarez Lastra afirmó que “la quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo”.
Larreta, calificó de “inadmisible” la protesta en la Quinta de Olivos y dijo que “no es la forma ni el lugar” para llevar adelante un reclamo salarial.
El legislador bonaerense Fabio Quetglas subrayó a su turno que “los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad; más aún en servicios públicos y por supuesto más si se trata de fuerzas de seguridad”.
A su vez, el radical porteño Emiliano Yacobitti dijo que “el reclamo salarial de la Policía de la provincia de Buenos Aires es razonable y debe ser atendido, pero siempre en el marco del respeto de la legalidad y la subordinación de las fuerzas de seguridad a las autoridades democráticamente elegidas”.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de “inadmisible” la protesta en la Quinta de Olivos y dijo que “no es la forma ni el lugar” para llevar adelante un reclamo salarial.
“La protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas”, dijo Lousteau.
“El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino”, aseguró Rodríguez Larreta a través de una publicación en sus redes sociales.
Los senadores nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio también cuestionaron la protesta y plantearon la necesidad de “enviar una señal muy fuerte que el derecho de protesta debe encauzarse en los canales institucionales de la Argentina”, según dijo el presidente de la principal bancada de la oposición en la Cámara alta, Luis Naidenoff.
El senador formoseño reclamó que “en esta Argentina que vive en un péndulo de extremo a extremo, las pasiones no nos ganen”.
Por su parte, el porteño Martín Lousteau reclamó “bajar el nivel de la confrontación y el agravio fácil” y agregó que “la protesta policial debe hacerse en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas”.
