La pandemia que atraviesa el mundo ha puesto en la agenda pública la importancia del acceso a la conectividad y a la comunicación como un derecho humano. Paralelamente se hicieron visibles las desigualdades geográficas, económicas y sociales que existen en nuestro país. Si el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desnudó la concentración de medios audiovisuales, la conectividad y las telecomunicaciones en tiempos pandémicos corrieron el velo sobre el sector de las comunicaciones mostrando la gran concentración que existe en el sector. A esto se refirió el presidente Alberto Fernández en una entrevista concedida al programa televisivo Minuto Uno cuando sin titubear dijo “Quiero que el sistema de cables se abra, que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe, que terminemos con los privilegios que durante los últimos cuatro años le dieron (a Clarín), que desalentaron a empresas como Telefónica y Claro” “Quiero que Claro, que Telefónica y que todos los que quieran venir se expandan. Cuanta más competencia tengamos mejor va a ser”
Hablemos de privilegios
¿Por qué el presidente habló de los cuatro años de privilegios? Porque durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el Grupo Clarín fortaleció su posición dominante en el sector de las comunicaciones. Basta mencionar que a días de asumir la presidencia firmó el decreto de necesidad y urgencia 267/15 que bajo el discurso de la convergencia tecnológica modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y la ley 27.078 Argentina Digital. Para decirlo en breves palabras, se modificó todo el andamiaje de la ley 26.522 que limitaba la concentración y proponía la readecuación a pesar de que los artículos que lo sostenían fueron ratificados como constitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2013. Es ese mismo decreto el que modificó la naturaleza de los servicios de comunicación audiovisual por suscripción -el cable- al declararlos servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación eximiéndolos del cumplimiento de la ley 26.522, a excepción de aquellos que se brindan por vínculo satelital, favoreciendo claramente al principal operador del sector: Cablevisión. Es allí también donde se modifica la ley 27.078 Argentina Digital derogando el reconocimiento al carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC, es decir, al mercado mayorista eliminando la función del Estado de actuar como árbitro frente a los abusos de los grandes operadores. Además, se eliminaron zonas de promoción para proteger a los operadores más pequeños, y la capacidad del Estado de incidir en las tarifas por razones de interés público, entre otras cuestiones. En definitiva, el objetivo de este DNU fue borrar de un plumazo la capacidad del Estado para establecer las reglas del juego del sector.
La conectividad y las telecomunicaciones en tiempos pandémicos corrieron el velo sobre el sector de las comunicaciones, mostrando la gran concentración que existe en el sector.
Otra medida que benefició al Grupo Clarín fue la aprobación de la compra de la empresa Nextel que le permitió dar sus primeros pasos en el mercado de la telefonía móvil y hacerse de una porción nada despreciable de espectro radioeléctrico a un valor inferior al de mercado o, al menos, notablemente menor al que habían abonado Telefónica, Claro y Telecom en la licitación de espectro para 4G de 2014.
Pero sin dudas el crecimiento exponencial del grupo empresario en los últimos años se debe a la fusión con Telecom Argentina, a través de la empresa Cablevisión, que le permitió extender definitivamente sus negocios a todo el sector de los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación. La operación fue aprobada tanto por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como por el Ente Nacional de Comunicaciones. De esta manera el grupo Clarín se convirtió en el primer y único operador en poder brindar cuádruple play, es decir que puede brindar todos los servicios: telefonía fija, comunicaciones móviles, televisión por suscripción e Internet fija.
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el Grupo Clarín fortaleció su posición dominante en el sector de las comunicaciones.
En el año 2015 el Grupo Clarín generó ingresos por servicios de Televisión por suscripción e Internet Fija por 20 mil millones de pesos. En 2016, ya habiendo adquirido Nextel, obtuvo ingresos por estos servicios más el de comunicaciones móviles por 30 mil millones de pesos. Tres años después, tras fusionarse con Telecom, los ingresos alcanzaron los 237 millones de pesos. Según los informes anuales que publica ENACOM, en 2016 el mercado de las telecomunicaciones alcanzó los 198 millones de pesos y en 2019 los 497 millones de pesos. Por lo tanto, los servicios de telecomunicaciones de las empresas controladas por el Grupo Clarín pasaron de tener un 15% de participación del mercado al 48% en solo tres años. Como si fuera poco, en ese período pasó a ser la única empresa con la capacidad de brindar servicios convergentes completos, ya sea por cuestiones regulatorias o por disponibilidad de infraestructura.
Se podrían sumar los beneficios de la publicidad oficial y múltiples negocios que el grupo mantuvo con el Estado durante esos 4 años, pero aquí nos interesa el proceso de expansión y concentración en el sector de las telecomunicaciones. No hay duda que en este terreno ha sido el más favorecido.
Es con todos
El presidente habló de la necesidad de generar competencia en el sector. La competencia suele estar en boca de todos: el Estado habla de competencia, las pymes hablan de competencia, y las grandes empresas hablan de competencia. Paradójicamente hasta la empresa que mantiene una posición dominante en este mercado habla de competencia.
La estrategia de habilitar la televisión de pago satelital debería ser acompañada de una propuesta de inversión en satélites argentinos.
¿De qué manera entonces se podría generar competencia y desconcentrar un sector tan estratégico como el de las comunicaciones? Está demostrado que no será dejando al mercado establecer las reglas de juego donde sabemos que rige la ley del más fuerte. Tampoco será con una nueva ley de medios, según dijo el mismo presidente. El Decreto 690/20, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a los servicios TIC, recupera el rol promotor del Estado en el sector. La alternativa que se vislumbra parece ser la de fortalecer a los diversos actores del ecosistema TIC. Y allí es donde aparecen los nombres de las empresas Telefónica y Claro en boca del primer mandatario. Estas empresas han quedado relegadas en la expansión de sus negocios hacia el cuádruple play por dos cuestiones: ambos están prácticamente fuera del mercado de la televisión por cable en nuestro país (Telefónica tiene un desarrollo incipiente a través de su marca Movistar TV pero es marginal) y por otro lado poseen menos espectro radioeléctrico que su principal competidor limitando su capacidad de expansión en el segmento de los servicios móviles. La primera cuestión ha dejado de ser un problema regulatorio a partir de la ley Argentina Digital para convertirse en un problema de costos por el volumen de inversión y el tiempo que demanda el despliegue de infraestructura para dar estos servicios. La alternativa que proponen desde hace tiempo estas empresas es poder brindar el servicio de televisión por suscripción a través de la televisión satelital, un servicio que ambas empresas comercializan en la región, pero que en la Argentina tienen vedado paradójicamente por la ley 26.522.
La otra cuestión es la demanda por el espectro radioeléctrico para los servicios móviles. Si tenemos en cuenta que Clarin/Telecom, a través de sus unidades de negocios Personal/Nextel, tienen un total de 220 MHz (de los cuales deben devolver al Estado 80MHz dado que el límite de espectro en nuestro país es de 140 MHz), Telefónica a través de Movistar tiene 120MHz y Claro tiene 130 MHz, claramente hay un desequilibrio.
Es necesario repensar las adjudicacion es del espectro con una mirada federal e inclusiva.
El desbalance que existe incluso entre los grandes operadores se amplifica en el sector de pymes y cooperativas que, por su tamaño, ya tienen dificultades para competir por los elevados costos que implican las inversiones de infraestructura y el mantenimiento de las redes. Si sumamos la imposibilidad de brindar cuádruple play por falta de espectro para la telefonía móvil, los operadores locales podrían quedar complemente afuera del negocio.
¿Cómo comenzar a desconcentrar entonces? ¿Cómo generar mayor competencia? Sin duda el desafío es arduo e implica atender las demandas de los distintos actores y promover el crecimiento de más jugadores. En ese sentido, la estrategia de habilitar la televisión de pago satelital como última barrera ante la convergencia de servicios debería ser acompañada de una propuesta de inversión en satélites argentinos y además contemplar políticas públicas asimétricas para proteger a las pymes y cooperativas frente a estos grandes jugadores. Asimismo se debería ampliar la oferta de servicios de televisión satelital, considerando que la Argentina tienen la capacidad de fabricar en el país a través de INVAP y operar a través de ARSAT satélites para radiodifusión televisiva. El otro desafío indispensable es facilitar el acceso al espectro de los pequeños y medianos operadores, incluyendo a las empresas de telecomunicaciones provinciales con participación estatal mayoritaria (SAPEM), para poder brindar telefonía móvil y competir con servicios convergentes. Es necesario repensar las adjudicaciones del espectro con una mirada federal e inclusiva que contemple a todos los actores de cara también a los nuevos servicios que se avecinan, como el 5G.
Es imperioso avanzar en un proceso de desconcentración que revierta esos cuatro años de privilegios si queremos desarrollar una industria de TIC que no pierda de vista los derechos de la ciudadanía de acceder a servicios de calidad con precios y tarifas razonables y que promueva el desarrollo de las economías regionales y el trabajo de calidad.
