En medio del debate sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el diputado nacional por el PTS-Frente de Izquierda, Nicolas Del Caño, caracterizó la iniciativa que impulsa el oficialismo como “similar a la que había presentado German Garavano” durante el gobierno de Mauricio Macri, en relación con los cambios a las mayorías necesarias para la designación del procurador general y a la modificación de su carácter vitalicio.
En diálogo con Contraeditorial, Del Caño cuestionó el accionar de Eduardo Casal en la Procuración General de Nación al asegurar que el procurador interino se ha dedicado a “custodiar los intereses de funcionarios del gobierno de Macri”. “No debería estar actualmente en ese cargo”, afirmó.
Articulos Relacionados
Por otra parte, el legislador cordobés explicó los motivos por los que no acompañaron el corrimiento de las fechas de las elecciones, votado en la Cámara de Diputados, al señalar que “no se puede garantizar hoy que en septiembre estemos en una mejor situación desde el punto de la emergencia sanitaria”. Del Caño cuestionó que se omita dedel bate el cambio de los pisos electorales que plantean las PASO para pasar a las elecciones generales, sosteniendo que en la actualidad se “perjudica a las minorías”.
“Nosotros hemos denunciado el lawfare, la persecución, la utilización de la justicia para perseguir opositores que se hizo durante el gobierno de Macri”.
Finalmente, el legislador criticó la “Ley Pandemia” que promueve el Ejecutivo porque, a su entender, falla en “buscar un criterio científico acorde a la realidad”. También consideró que el gobierno nacional prefiere “regirse por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional” antes que atender las necesidades de las mayorías populares.
– ¿Por qué decidieron no acompañar el proyecto del oficialismo que propone la reforma del Ministerio Público Fiscal?
– El proyecto del oficialismo, como ellos mismo explicaron, no es nuevo. Es similar a lo que impulsaba German Garavano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri, y el mismo Macri cuando estaba en el gobierno. Luego, en el año 2017, presentaron un proyecto con las firmas de Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto y otros senadores, donde había coincidencias importantes con esta iniciativa que vemos hoy. Una de ellas -que empeora aún más un sistema actual antidemocrático y cuestionado- es que no se necesitarían los dos tercios del Senado sino que la designación del Procurador se aprobaría con la mitad más uno. Es decir, un oficialismo circunstancial, con el jefe de los fiscales, más el nuevo sistema acusatorio, tendría muchísimo poder. Por eso lo rechazamos en su momento y lo vamos a rechazar ahora. Nosotros hemos denunciado el lawfare, la persecución, la utilización de la justicia para perseguir opositores que se hizo durante el gobierno de Macri. Lo vimos en Brasil con la proscripción de Lula Da Silva, utilizando el Lava Jato, con causas falsas inventadas por el juez Sergio Moro, y eso determinó el triunfo de (Jair) Bolsonaro. Aunque nosotros no tengamos confluencia en las ideas políticas de Lula, creemos que fue absolutamente antidemocrático. También denunciamos las persecuciones a dirigentes sindicales y la criminalización de la protesta.
“Tenemos una posición histórica que es la elección directa de jueces, fiscales,y del Procurador, a través del sufragio universal”.
– ¿Considera también que hubo lawfare contra Cristina Kirchner?
– Sí, creo que sí. Creo que fue claramente una persecución. Más allá de que después se tenga que dar una explicación a un montón de planteos. Hay causas que son claramente muy dudosas como la causa de los cuadernos, o todos los procedimientos que se hicieron. Me parece que hay muchas irregularidades que se han llevado adelante, eso no quita que haya que investigar las distintas sospechas y acusaciones que hubo. De todos modos, me parece que hay que tener en cuenta que cuando Cristina Kirchner estaba en el gobierno se dio la represión a trabajadores con Sergio Berni, que fue su secretario de seguridad, y hubo persecución a dirigentes sindicales como el caso de Rubén “pollo” Sobrero. Me parece que hay que poner las cosas en su justo lugar.
– ¿Y cuál es su posición en cuanto a cómo debería ser la elección del procurador general de la Nación?
– Tenemos una posición histórica que es la elección directa de jueces y fiscales, y del Procurador, a través del sufragio universal. Además, pretendemos que ganen lo mismo que un trabajador y que se terminen todos los privilegios de casta que tienen los jueces y fiscales actualmente. Necesitamos también una mirada popular de la justicia, aplicándose los juicios por jurados en el ámbito federal que hoy no se aplica.
“Eduardo Casal no debería estar actualmente en ese cargo”.
– ¿Qué opina sobre la gestión de Casal al frente del Ministerio Público?
– Lo que hizo Casal está claramente en consonancia con custodiar los intereses de funcionarios del gobierno de Macri, y no debería estar actualmente en ese cargo. Ahora, esta cuestión no se resuelve empeorando aún más el sistema. En un futuro si hay un gobierno de derecha y después tiene la potestad de poner a cualquiera, eso se paga. Lo hemos visto en otros casos, por eso no se puede permitir ese avance con esta ley, esté quien esté en el gobierno.
– Hubo un fuerte ataque en las redes sociales a los diputados que no se habían expresado sobre el proyecto, ¿qué opinión tiene sobre este accionar de Juntos por el Cambio?
– Eso es repudiable. Siempre rechazamos este tipo de actitudes. Eso demuestra cómo han actuado con el espionaje y la persecución cuando estaban en el gobierno. A través de ciertos medios de comunicación afines lanzaban campañas que nosotros hemos sufrido en carne propia. Recuerdo cuando nos opusimos al ajuste, a la reforma previsional en 2017, que inclusive nos inventaron causas penales. En la investigación que hizo la Comisión Bicameral también está el espionaje a nuestro partido. Por eso, hay que dar el debate político sin este tipo de amenazas.
“En una elección en donde vota menos gente, perjudican a las minorías”.
– ¿Por qué no acompañaron el corrimiento de las fechas de las elecciones?
– Nosotros planteamos que no podíamos garantizar hoy que en septiembre íbamos a tener una mejor situación, desde el punto de la emergencia sanitaria, que en el mes de agosto. Eso lo dijo la ministra Carla Vizzotti. Sin embargo, no nos parece el punto central. Hemos planteado dos cuestiones que creemos claves: una en relación con el financiamiento de los partidos políticos, que tiene que ser 100 por ciento público, estatal. En el gobierno de Mauricio Macri se modificó la ley y ahora pueden realizarse aportes privados a las campañas, y así vimos cómo le pedían el 1 por ciento del patrimonio a los empresarios que apoyaban la campaña de Macri, diciéndoles que después ese capital que invertían iba a verse recompensado bajo su gobierno. El oficialismo también recibe de empresarios como Hugo Sigman. Nosotros no recibimos por una cuestión de principios. Entonces, creemos que tiene que haber un financiamiento público, no podemos dejar que la campaña la financien los mismos laboratorios que hoy lucran con la salud de la gente y la vida de miles de personas.
– ¿También cuestionaron los pisos electorales?
– Sí, tanto el 1,5 por ciento de los votos para pasar a las generales que marcan las PASO, como el que en la elección general se establece relación con el padrón para realizar la distribución de cargos. Es una ley que viene de la dictadura de (Reynaldo) Bignone, del año 83, sobre el fin de la dictadura. Y eso todavía sigue vigente y hace que se perjudique a las minorías. Significa que la distribución de cargos está atada a la cantidad de gente habilitada para votar, y no a la cantidad de gente que efectivamente vota. En una elección en donde vota menos gente, perjudican a las minorías.
“La CGT firmó un salario mínimo de miseria, por debajo de la canasta de pobreza, de esta manera es imposible combatir a la pandemia”.
– A fin de esta semana ingresará la Ley Pandemia a la Cámara de Diputados ¿qué le parece a primera vista el proyecto del Ejecutivo?
– En principio nos parece que el proyecto plantea un semáforo epidemiológico que estipula una cantidad de casos muy por encima de las que se establecen en países como Alemania o España. Creo que va en consonancia con lo que ha pasado hasta ahora; hemos visto por un lado que el gobierno de la Ciudad ha defendido la presencialidad de las clases, y la apertura indiscriminada de los sectores. Salvo por las clases vemos que está todo funcionando con normalidad, esto se ve en los trenes, en los colectivos y en la circulación de la gente que no se puede quedar en casa porque no tiene para darle de comer a sus hijos. Entonces, me parece que hay que desmitificar y buscar un criterio científico acorde a la realidad. Por otra parte, se establecen facultades al poder ejecutivo, y en eso no estamos de acuerdo. Además, queremos que se discutan los proyectos de ley que hemos presentado desde el año pasado. Le expresamos al presidente Alberto Fernández que había que exigir la liberación de las patentes, declarar de utilidad pública el sistema de salud, centralizarlo y planteamos que había que poner un ingreso para todas las familias que no pudieran concurrir a sus trabajos. Sin embargo, prefieren regirse por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hay prioridades que tienen que ver con aumentarle a los jubilados y no ajustarles, o con mejorar el salario mínimo. La CGT firmó un salario mínimo de miseria, por debajo de la canasta de pobreza, de esta manera es imposible combatir a la pandemia. Otro tema es la declaración de utilidad pública del laboratorio de Hugo Sigman para acelerar el proceso de vacunación. ¿Tienen que defender los millones de Sigman? La verdad que esas no son prioridades y el resultado está a la vista: en un mes más de 10 mil muertos. Por otra parte, hay que recordar que el presupuesto que votó el oficialismo era un presupuesto que no contemplaba el paquete CODID, eliminaba el IFE. Por eso, me parece que todo ha sido una improvisación, le dieron lugar a otras prioridades que no son las de las mayorías populares.
