El 17 de mayo se celebró el Día Internacional de Internet en un contexto mundial atravesado por la pandemia que ha puesto a la conectividad y el acceso a internet en el centro de la escena. Si internet ya era importante en nuestra vida, desde la aparición del Covid-19 que confinó al mundo a trabajar, estudiar y entretenerse en sus hogares, se convirtió en un servicio esencial. Así lo entendió el Estado Argentino a la hora de evaluar la situación y declarar servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a los Servicios TIC a través del decreto de necesidad y urgencia 690 de agosto del 2020. Ello permitió que el Estado retomara el rol de planificador y promotor de las TIC que el macrismo había dejado de lado.
Sin embargo, algunos actores del sector han considerado que este decreto configura una extralimitación del Estado en sus deberes no solo por la declaración de servicio público sino, principalmente, por la regulación de precios que se establece a partir del mismo. Este es uno de los motivos por los cuales la empresa Telecom (cuyo principal accionista es Clarín) se ha presentado a la justicia solicitando una cautelar que lo exima del cumplimiento de esta normativa. No ha sido la única empresa que recurrió a la justicia, pero sí la única que ha incumplido las disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Entre los años 2016 y 2019 el aumento de los precios del sector comunicaciones acumuló 326,3%, frente a una inflación de 231,4% en el mismo período.
Las críticas a la regulación de precios comenzaron con el congelamiento de precios que tuvo el sector durante el 2020 en un contexto de parálisis económica producto de la pandemia donde el gobierno nacional toma esta medida para garantizar el acceso a la conectividad a un precio razonable luego que en los años anteriores el sector de las comunicaciones fuera de los más beneficiados. Según datos del Centro de Economía Política (CEPA) entre los años 2016 y 2019 el aumento de los precios del sector comunicaciones acumuló 326,3%, frente a una inflación de 231,4% en el mismo período. Luego del congelamiento y a partir de lo establecido en el DNU 690/20, en 2021 el gobierno tomó la decisión de regular los precios a partir de topes de aumentos para moderar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Es interesante la manera en que el decreto obliga al Estado a arbitrar los medios para garantizar la disponibilidad de los servicios TIC a todos los habitantes. Y es que lejos de pensar que la universalización del servicio de internet va a darse a partir de la inversión privada como expresan voceros del sector, la evidencia demuestra que el rol del Estado para garantizar el acceso a la conectividad es indispensable. Así lo demuestra la Red Federal de Fibra Óptica construida por la empresa pública ARSAT durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner que con 31.529 km de fibra óptica es la red más grande del país acercando internet a localidades que estaban fuera de las zonas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta política de Estado, que demandó una inversión superior a los USD1200 millones, permitió no sólo incluir con criterio federal a millones de usuarios y usuarias sino también bajar el mega mayorista beneficiando a pymes y cooperativas de todo el país.
El rol del Estado para garantizar el acceso a la conectividad es indispensable.
La incertidumbre que algunos sectores le adjudican al DNU no es tal si se analizan las acciones que el Estado Nacional impulsa desde agosto de 2020. La declaración de servicio público fue la punta de lanza de una serie de medidas que apuestan a que los servicios TIC en tanto servicios esenciales y estratégicos lleguen a todos los argentinos y las argentinas, es por ello que se dispuso el Plan Conectar sobre cuatro pilares: la conectividad satelital a través del ARSAT SG1, la ampliación y fortalecimiento de la REFEFO, la actualización del Centro Nacional de Datos y la valorización de la TV Digital Abierta.
La construcción del satélite de telecomunicaciones ARSAT-SG1, como parte de la estrategia de universalización, permitirá brindar internet a los hogares en aquellos lugares donde no se puede llegar por costos o geografía con la fibra óptica. La inversión estimada es de U$D280 millones. De esta manera se retoma el proyecto de poner en órbita un tercer satélite de telecomunicaciones, antes denominado ARSAT 3, cuyo lanzamiento estaba previsto para 2019 pero que el gobierno de Mauricio Macri abandonó implicando un costo para el Estado de alrededor de U$D 40 millones.
El satélite de telecomunicaciones ARSAT-SG1 permitirá brindar internet a los hogares en aquellos lugares donde no se puede llegar por costos o geografía con la fibra óptica.
El ENACOM estableció varios programas dentro del Fondo Fiduciario del Servicio Universal que apuntan a financiar el tendido de redes para ampliar la cobertura de los servicios TIC y mejorar su calidad. Estos programas son: Programa para el desarrollo de Infraestructura de Internet destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el RENABAP (inversión de $1000 millones), Programa de Acceso a Servicios TIC a Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidas para el Despliegue de Redes (inversión de $300 millones), Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de Comunicaciones Móviles para Corredores Viales y otras zonas geográficas (inversión de $500 millones), Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas (inversión de $2000 millones), Programa Conectividad Línea Adjudicación de Aportes no reembolsables Destinado a empresas con Participación de los Estados Provinciales (inversión de $1500 millones), Programa de Subsidios de Tasas de Crédito para Capital de Trabajo para Licenciatarios de Servicios TIC (BNA) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas de servicios (inversión de $1000 millones), Programa de Acceso a Conectividad para parques Industriales (inversión de $500 millones).
Sólo en Aportes No Reembolsables el ENACOM asignó durante 2020 $ 1.585.211.748,00 del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para PYMES/Cooperativas/Sector Público/ Actor Comunitario. Estos datos dan cuenta que sólo en 2020 se adjudicaron ANR por un 51% más que durante todo el periodo 2016-2019. Los recursos totales asignados por sector durante 2020 suman un total de $1.617.416.748,04. (ver la distribución en el gráfico).
Por otra parte, el Estado asistió al sector en el sostenimiento de las fuentes de trabajo a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que implicó que 2952 empresas del rubro Información y comunicaciones recibieran este beneficio en la etapa 1 de acuerdo al Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Producción. De la misma manera, el estímulo a la demanda que generan los aumentos de los distintos programas como AUH, Progresar, Programa Potenciar Trabajo, entre otros, se constituyen en mecanismos indirectos.
En Argentina el 63,8% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 90%, a internet. Además, los datos muestran que, en la Argentina, 88 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 85 de cada 100 utilizan internet (Fuente: INDEC). Si bien es una tasa de penetración alta para la región, empujada por internet móvil, el acceso a las TIC se da de manera desigual. La exclusión del ecosistema digital se da tanto a nivel geográfico como económico y social. Reconocer y afrontar este problema implica pensar en estrategias integrales entre los distintos actores que tengan la voluntad de disminuir la brecha digital. La sinergia entre el sector público y el sector privado es fundamental para ampliar la cobertura y mejorar el acceso y la velocidad de internet. Los datos que hemos mostrado dan cuenta que en esa tarea el Estado es un actor central para garantizar el derecho humano a la comunicación de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
