La Oficina Anticorrupción recibió una auditoría interna de Radio y Televisión Argentina (RTA) que enumera una serie de irregularidades llevadas a cabo en ese organismo en el período 2016-2019 y que consistieron, entre otras acciones, en la tercerización de producciones con “una única productora que hasta ese momento no registraba antecedente artístico alguno con RTA”, por la empresa Mainasal SRL.
El reporte de RTA consigna también la utilización de mecanismos para evitar los controles internos, sobre todo entre junio y octubre de 2019, durante el último año de mandato presidencial de Mauricio Macri, y advierte que “las irregularidades se desarrollaron en un marco de secretismo extremo”.
Desde la Oficina Anticorrupción, que encabeza Félix Crous, confirmaron que la auditoría se encuentra en estudio y precisaron que la documentación -14 páginas con 11 apartados, cada uno para detallar una práctica irregular o una serie de hechos vinculados- ingresó a ese organismo descentralizado en las últimas dos semanas.
En cuatro meses se firmaron seis contratos por más de 35 millones de pesos con una productora sin antecedentes artísticos con RTA.
En el caso de la empresa Mainasal SRL, el relevamiento comprobó que en cuatro meses de 2019 -de junio a octubre de aquel año- “se propuso la firma de siete contratos diferentes por un monto global de 35.382.348 pesos de entonces” con el objeto de producir eventos del ciclo “Argentina baila” que antes habían sido realizados como una producción propia de RTA Sociedad del Estado y que luego, “sin justificación alguna”, pasaron a ser una coproducción.
La auditoría interna de RTA puso además el foco sobre dos programas que se emitieron en la TV Pública, que estaban basados en entrevistas y que fueron producidos por Mainasal SRL -“Lectores” y “Noches de Blanc”- a pesar de que no presentaban “peculiaridades que generen la necesidad de delegar su producción en terceros”.
Por todas esas decisiones, como también por los pagos que recibió Mainasal SRL con el argumento de haber producido otros eventos transmitidos desde la TV Pública como la Ceremonia de Apertura de los Juegos Bonaerenses 2019 o el Festival Vivo Luján 2019, la Oficina Anticorrupción está investigando a la productora y sus potenciales vínculos con exfuncionarios del gobierno anterior.
En paralelo, Mainasal SRL, que en la AFIP declaró como actividad principal la producción de espectáculos teatrales y musicales, está reclamando el pago de dos contratos por 12.646.090 pesos que la actual administración de RTA resolvió no firmar ni tampoco abonar ante “el cúmulo de irregularidades detectadas”, según se consigna en la auditoría.
“Se analiza la presentación de una denuncia penal para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades emergentes de estas negociaciones”, agrega el informe en las conclusiones del apartado 2.
Otros hechos que aparecen mencionados en el relevamiento interno de RTA dan cuenta del pago de 37 “comisiones de servicios” para funcionarios del organismo (un procedimiento o mecanismo habitual para quienes deben trasladarse por coberturas periodísticas o cuestiones artísticas) pero que en este caso se abonaban “con fines extra-laborales totalmente ajenos a las actividades de la empresa”.
La Oficina Anticorrupción investiga posibles vínculos entre la productora Mainasal y altos funcionarios del gobierno macrista.
El documento, en ese punto, detalla incluso que esos pagos -que totalizan 1.054.814,83 pesos según los valores de 2019 más los intereses que resultan de la tasa activa del Banco Nación- se utilizaron en algunas ocasiones para que esos funcionarios participaran en “actividades políticas, proselitistas o protocolares del titular de la jurisdicción que ejercía el rol de accionista de RTA SE, el ingeniero Hernán Lombardi a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”.
Aparte de mencionar a Lombardi, quien encabezó los medios públicos durante la gestión de Cambiemos, la auditoría de RTA informa en el apartado 4 acerca del inicio de una “investigación preliminar” sobre la posible “configuración de conflictos de interés o incompatibilidades” en las que podría haber incurrido el exfuncionario Cristian Larsen.
Pese a ocupar la Unidad de Auditoría Interna, Larsen “era el principal o único interlocutor de RTA en la negociación de los contratos de mayor envergadura económica”, que involucraban justamente a Mainasal SRL, pero también a “derechos de emisión, contratos de producción y de equipamiento y locaciones de los Juegos Olímpicos, Mundial 2018, Copa América”, describe el documento.
El informe concluye que los roles yuxtapuestos de Larsen, como titular de la Unidad de Auditoría Interna y al mismo tiempo negociador de los contratos, entre otras funciones, produjeron un “desbaratamiento del sistema de control interno de la empresa”, y plantea que esos actos “podrían ser subsumibles en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público”.
