Con la vuelta a la presencialidad escolar en el tope del debate público, un estudio de la consultora Analogías reveló que para una amplia mayoría de la población ni la situación sanitaria ni las condiciones de seguridad existentes habilitan que los alumnos y las alumnas dejen la virtualidad y pasen a tomar clases en los edificios escolares. Casi el 63% de los encuestados sostuvo que los requisitos necesarios para ese retorno se dan “poco o nada”.
En cuanto a los motivos de estas opiniones contrarias a un regreso inminente como el que propone Juntos por el Cambio, Analogías detalló que cerca del 43% respondió que el principal obstáculo es la dificultad para cumplir los protocolos, mientras que el 15% hizo foco en la situación edilicia de las escuelas y el 12% se refirió al temor de las familias a contraer Covid-19.
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Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, punta de lanza del regreso a como dé lugar, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta busca poner este debate en términos de una disputa política con los gremios, sólo el 24% de los consultados opinó que el problema estaría en una negativa o resistencia sindical. Y si esa cifra se analiza por segmento de opinión política, “se percibe una acumulación nítida de esa opción entre los opositores duros al gobierno, que en un 53% la consideran la principal causa de la dificultad”, precisó la encuestadora.
Realizado del 23 al 27 de enero sobre 1.322 casos efectivos de todo el país y bajo la modalidad de reclutamiento on-line, el estudio confirmó que el restablecimiento de algún tipo de modalidad presencial en materia educativa va de la mano con las valoraciones sobre la situación sanitaria. Por eso, hay una coherencia entre los temores y desconfianzas respecto de volver a las aulas y la opinión, ciertamente muy negativa, sobre el cumplimiento social de las pautas de prevención: apenas el 19% sostuvo que estos requisitos de cuidado básico se respetan “mucho o bastante”.
Ese pulso de la realidad sanitaria, diverso y cambiante a lo largo de la Argentina, también explica que más del 74% haya planteado que lo más adecuado, en general, es que sean los gobernadores de cada provincia quienes marquen el ritmo de la apertura de actividades, según las coyunturas epidemiológicas de los distritos.
