El intento de Carlos Stornelli de perseguir a Miriam Lewin no sólo dejó en ridículo al fiscal, sino que también fue un bumerán contra su jefe Eduardo Casal, que está sólo y sin respaldo. Hasta Elisa Carrió le soltó la mano y apoyó la designación del juez Daniel Rafecas para el cargo. La opaca trayectoria de un funcionario obsecuente.
A mediados de octubre, el diputado Waldo Wolff, junto con otros legisladores macristas, realizó una antojadiza denuncia contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, motivada por su proyecto de crear un Observatorio de la Desinformación. Aquel embate fue malogrado por el torpe ímpetu del fiscal federal Carlos Stornelli, cuyo dictamen al respecto mereció el rechazo de la jueza María Capuccheti por no valer ni como monografía escolar. Para colmo, idéntico resultado obtuvo su posterior apelación ante la Cámara Federal, nada menos que con la firma del fiscal general José Luis Agüero Iturbe.
Aquello provocó un gran disgusto en el procurador interino Eduardo Casal –la máxima autoridad de los fiscales– al advertir que semejante decisión –por ser contraria a sus deseos– constituía un desacato. ¿Acaso Agüero Iturbe pretendía ahora despegarse de él?
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En este punto cabe una digresión: Casal es algo así como una criatura darwiniana, ya que su “mesa chica” es un canto a la evolución de las especies. Tanto es así que su mano derecha es el secretario letrado Juan Manuel Olima Espel; se trata del hijo de Juan Olima, el vicecanciller menemista que impulsó el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El responsable de la Secretaría Disciplinaria y Técnica es Juan Manuel Casanovas; se trata del hijo de Jorge Casanovas, el hombre que nombró Carlos Ruckauf en el Ministerio de Justicia Bonaerense, cuya ideología lo situaba a la derecha de Atila. En la oficina de prensa tuvo el gesto de ubicar a un pariente de su dilecto amigo, el fallecido doctor Roberto Durreu, secretario de Justicia durante la presidencia de Jorge Rafael Videla. Y para prolongar esa suerte de heráldica, designó en la Cámara Federal porteña –en reemplazo de Germán Moldes– al doctor Agüero Iturbe, hijo de su antiguo jefe y antecesor en la Procuración, Ángel Agüero Iturbe.
Casal es algo así como una criatura darwiniana, ya que su “mesa chica” es un canto a la evolución de las especies.
Su entronización tuvo lugar el 29 de junio de 2018 en el Auditorio de la sede del organismo. Al tomarle el juramento, Casal le soltó al oído:
– Tu padre estaría orgulloso de vos.Y el flamante fiscal general, replicó:
– De usted también, Eduardo.
El público, entonces, estalló en un aplauso.
Así se evocó allí a ese hombre que había dejado de existir hacía casi un lustro, y que tuvo un papel determinante en la carrera de Casal. Una carrera a todas luces oscilante entre la opacidad y la sorpresa.
El trabajo sucio
Nacido para chapotear en aguas servidas, con solo 36 años Casal dio el gran salto de su vida al convertirse en el “garrote” de Agüero Iturbe (padre), quien en 1994 pasó a comandar la Procuración, impulsado por el presidente Carlos Menem, con quien había compartido un estudio jurídico en La Rioja. Ese tipo, muy cuestionado por variadas trapisondas, encontró en Casal a un colaborador ideal; su condición de burócrata con fama de alcahuete encajaba cabalmente con sus funciones de “garrote del jefe”, al igual que su notable parecido físico con Mister Burns, el villano de la serie Los Simpson.
Tres años después, Agüero Iturbe fue sucedido por otro menemista de fuste, el doctor Nicolás Becerra, a quien Casal también sirvió con abnegación hasta 2004, cuando aquel fue reemplazado por Esteban Righi. Y luego éste por la doctora Alejandra Gils Carbó.
Por aquel entonces, Casal ya era en la Procuración parte del mobiliario. Y un amanuense de lujo para las peores causas. Por caso, haber beneficiado a represores requeridos durante la década del noventa en Italia al escamotear las notificaciones de los juicios por crímenes de lesa humanidad expedidas por los magistrados de Roma. Así obtuvieron el dulce beneficio de ser condenados “en rebeldía”.
Ya bajo el régimen macrista, la caída de Gils Carbó, tras un empeñoso hostigamiento de casi dos años, propició su llegada a la cúspide. Y no dudó en estrenar aquel regalo caído del cielo apartando al fiscal (y actual titular de la Oficina Anticorrupción), Félix Crous, de la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional), un área en constante cortocircuito con la política de seguridad del PRO.
La condición de Casal de burócrata con fama de alcahuete encajaba cabalmente con sus funciones de “garrote del jefe”.
A espaldas de Casal se rumoreaba que su misión sólo consistía en hacer el trabajo sucio, una pretendida contrarreforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) con la idea de que su reemplazante no arrastre el estigma de tan ingrata tarea. Su talante servicial era propicio para tamaña patriada.
Por eso resultó significativo que, en el otoño de 2018, cuando Mauricio Macri hizo conocer su preferencia por la doctora Inés Weinberg de Roca como candidata a dirigir la Procuración, él haya intensificado sus méritos.
Primero desplazó a Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal que tramita la causa por la escandalosa condonación de la deuda del Correo, que lo tiene al propio Macri como imputado. Luego ordenó a la obediente fiscal Laura Monti un dictamen favorable a la pretensión de la cadena Farmacity –fundada por el entonces vicejefe de Gabinete, Mario Quintana– de operar en el Gran Buenos Aires. Seguidamente bendijo el procesamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio contra el fiscal federal Carlos Gonella, ex titular de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) por difundir informaciones sobre un expediente penal que involucraba a la jueza macrista María Lanz. Y no se privó de apoyar el pedido chileno de extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala, entre otras obsecuencias.
Por aquellos días, en medio de las calamidades políticas, económicas y delictivas del gobierno de Macri, pasó inadvertida la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Una lástima, porque se trataba de su iniciativa más preciada. Su texto resolutivo la describía como una herramienta indispensable para “abordar de manera integral el extremismo violento, entendido como conducto hacia el terrorismo internacional, ya que ambos fenómenos socavan la paz y la seguridad internacional”. Una temática forzada: desde 1994, no hubo en los tribunales locales causas por terrorismo. Sin embargo, el asunto fue parte del denodado empeño de Casal por parecer más “amarillo” que el sol para así conservar el cargo en forma permanente o, al menos, ser recompensado con otro nombramiento no menos venturoso.
En la práctica, la SAIT tuvo el atributo de reunir en un mismo espacio a espías (de la AFI), policías (a las órdenes de Patricia Bullrich) y militares (al mando de Oscar Aguad). De hecho, su acta fundacional coincidió en el tiempo con la incorporación de estos últimos a tareas de seguridad interior, potestad que hasta entonces se hallaba deslegitimada por el decreto 727, firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré, que impedía el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos de cabotaje.
En consecuencia, muy a tono con el acatamiento oficialista a la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas” (que en su catálogo incluye azotes tan diversos como el fundamentalismo islámico, el narcotráfico y los desastres climáticos), la SAIT se planteaba como instrumento de persecución y fisgoneo que bien podía alcanzar a cualquier habitante y/o colectivo; desde opositores y ex funcionarios kirchneristas hasta organizaciones sociales, sin dejar de lado a mapuches, a estudiantes secundarios y competidores económicos de Macri.
Aquella estructura orwelliana dependía de la Procuración Penal ante la Corte Suprema –que presidía el propio Casal–, y al frente del área quedó nada menos que su ladero Olima Espel.
Medio año después –ya durante el varano de 2019– le explotó en la cara el arresto del espía polimorfo Marcelo D’Alessio. Quedaba así al desnudo una red de fisgoneo ilegal con finalidades políticas y extorsivas, conformada por espías de la AFI, periodistas y jerarcas judiciales ligados al régimen macrista; entre ellos, su querido Stornelli. Aquella circunstancia lo consumiría. O, al menos, lo dejaría pedaleando en el aire.
Tiempo de descuento
Entre sus íntimos, Casal supo presumir de ser un “tiempista”. De hecho, esa virtud supo llevarlo –aunque tardíamente– hacia la cumbre de la Procuración. Y no sin ilusionarse entonces con eternizar la excepcionalidad de su interinato. Sin embargo, en febrero de 2019, cuando el embarazoso vínculo de Stornelli con D’Alessio ya estaba en boca de todos, el procurador no imaginó que en diez meses el gobierno de Macri sería cosa del pasado.
La SAIT se planteaba como instrumento de persecución y fisgoneo que bien podía alcanzar a cualquier habitante y/o colectivo; desde opositores y ex funcionarios kirchneristas hasta organizaciones sociales.
En dicho lapso el procesado fiscal se convirtió en un cadáver insepulto, aunque sin perder del todo su capacidad de daño.
Ni la vergüenza: el expediente instruido por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hasta dejó al descubierto la enceguecedora celopatía de este sujeto con mirada perruna y sobrepeso, dado que también usaba recursos paraestatales con el propósito de espiar al ex marido de su esposa, incluso con la idea de plantarle droga. Un thriller psiquiátrico.
No obstante, Casal persiste aún hoy en cubrirlo con su manto protector.
Lo cierto es que casi todas las gestas emprendidas por él suelen tener un detalle particularmente sórdido.
Tal es el caso del sumario que le impuso a la fiscal Gabriela Boquín por supuestos malos tratos al personal a su cargo. Ya se sabe que esta medida no es ajena al hostigamiento que ella padece desde 2017, cuando frenó el acuerdo para licuar la deuda de la familia Macri con el Estado por el Correo Argentino. Lo notable es que en este último sablazo la denunciante sea una empleada que en realidad entregaba documentación en trámite –los avances del expediente en cuestión– al diputado de Juntos por el Cambio y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, vinculado al vaciamiento de la empresa por haber hecho retiros millonarios. Alta traición en la propia fiscalía.
Mientras tanto, Ramos Padilla daba por concluida su pesquisa con una resolución de 1.125 fojas, donde –entre muchas otras conclusiones– amplía el procesamiento de Stornelli, con retención de pasaporte y una fianza por 10 millones de pesos. Cabe resaltar que en ese texto el magistrado le dedica unos párrafos al Procurador, señalando el “dilatado trámite” con el cual demoró el expediente administrativo del fiscal, permitiéndole estar más de nueve meses en rebeldía.
Por toda respuesta, Casal solo atinó a esgrimir: “Las expresiones usadas aparecen infundadas y alejadas de la prudencia”
¿Acaso aquella tibieza defensiva está enlazada a la resignación de ser el inminente fusible de esta suma de disfunciones?
Algo de eso ya se olfatea en el aire: un indicio es que su entenado, el fiscal Agüero Iturbe ya no le obedece. Otro –aún más estrepitoso– es que Elisa Carrió, la vaca sagrada de la alianza Juntos por el Cambios, anunció el apoyo de la Coalición Cívica al pliego del juez federal Daniel Rafecas, el candidato oficialista para reemplazar a Casal en el Ministerio Público.
En tanto, Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate, del Frente de Todos (FdT), acaba de analizar diferentes notas sobre el funcionamiento irregular de la Procuración y de su titular interino. Las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El banquillo de los acusados podría ser su próximo destino.
