Una escena que ese sujeto jamás imaginó para sí: Arturo Murillo, quien desde el Ministerio de Gobierno boliviano fuera la figura más temida de la dictadura encabezada por Jeanine Áñez, al cruzar a hurtadillas la frontera brasileña, a la altura de Corumbá, con peluca, gafas espejadas y pasaporte falso. Así huía el 11 de noviembre de 2020 de su destino carcelario a raíz de sus crímenes.
En ese mismo instante, ya con el presidente constitucional Luis Arce en el Palacio del Quemado, casi un millón de personas recibía a Evo Morales en las afueras de Cochabamba.
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De ello se acaba de cumplir un año. Y dicho sea de paso, ese miércoles transcurría, además, el primer aniversario de su derrocamiento. Culminaba de ese modo un proceso democrático que se había prolongado desde 2006.
El diario Página/12 reveló su coreografía final en una crónica enviada el 10 de noviembre de 2019 desde La Paz. Bien vale refrescar un párrafo en particular: “Hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en varios puntos del país. Entre esos hechos el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su casa, trabajadores del canal Bolivia TV y Radio Patria Nueva fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque, y la sede de la Confederación Campesina (CSUTBC) fue invadida y atacada”.
Serían las últimas palabras escritas por Sebastián Moro. Porque ese día él ya agonizaba en una clínica paceña. Su agonía se prolongó por una semana.
Todo indica que habría sido atacado por una patota derechista. Así pasó a ser el único periodista argentino que murió en el contexto del golpe de Estado.
Mientras tanto, en Buenos Aires, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea argentina partía desde El Palomar con gendarmes y pertrechos para apoyar el complot. Eran las 23.15 del 12 de noviembre y la nave llegó a La Paz entre las 4 y las 5 de la madrugada siguiente.
En su momento, este asunto pasó absolutamente desapercibido.
El 15 de noviembre, Bolivia se sacudió al compás de una masacre; la de Sacaba, en el Alto, donde murieron 12 personas y 120 fueron heridas.
El 19 se produjo otra carnicería, la de Senkata, en Cochabamba, con 11 muertos y 70 heridos.
Nadie entonces sospechó que aquellos derramamientos de sangre fueron cometidos con la parafernalia represiva aportada por el régimen macrista. Una donación que incluía cartuchos antitumultos de escopeta, aerosoles y granadas lacrimógenas en cantidades como para sofocar la Revolución Francesa.
Con Arce ya en la presidencia, la justicia boliviana empezó a investigar ambas matanzas y otros delitos cometidos por el gobierno de facto.
Su mandataria, Jeanine Añez, fue detenida el 13 de marzo de 2021 al ser allanada su casa de Trinidad, en el departamento del Beni. Y de inmediato, se la trasladó en avión a La Paz. Las imágenes de su ingreso a un calabozo de la Fuerza Anticrimen dieron la vuelta al mundo.
Unas horas antes, al ser sacada del aeropuerto de El Alto por policías al mando del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, fue rodeada por un tumulto de cámaras y micrófonos. Entonces, exagerando una expresión de asombro, musitó: “¿Golpe de Estado? Pues aquí no hubo un golpe”.
En paralelo también fueron arrestados algunos ministros de su gestión.
Dos meses después, Murillo cayó en la ciudad norteamericana de Miami con un asesor y tres empresarios estadounidenses. El quinteto está acusado de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero tras una compra de gases lacrimógenos, cuando el ex ministro aún estaba en funciones.
Ya en julio, el general de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara fue detenido en la ciudad boliviana de Santa Cruz, al igual que el ex jefe de la Armada, almirante Gonzalo Jarjuri Rada. Ellos, desde la comandancia de sus respectivas fuerzas, fueron los artífices operativos del golpe.
El delicado asunto del material represivo enviado desde Buenos Aires por las autoridades macristas estaba por dejar de ser un secreto guardado bajo siete llaves. Y simplemente por un hecho fortuito.
Porque el entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez Garcia (quien actualmente es ministro de Trabajo en Jujuy), había cometido un descuido imperdonable: olvidar en algún cajón de la sede diplomática una misiva enviada por Tercero Lara que prueba la colaboración clandestina del gobierno de la alianza Cambiemos con el derrocamiento de Evo y la dictadura de Añez. Específicamente, el militar le agradece en esa carta el abastecimiento del cargamento traído a bordo del Hércules C-130.
A partir de ese preciso momento, el tipo se convirtió en el cófrade más insultado por quienes fueron los máximos dignatarios del Poder Ejecutivo anterior, empezando por Mauricio Macri, seguido por Patricia Bullrich, Oscar Aguad y el ex canciller Jorge Faurie.
Es que los cuatro quedaron seriamente comprometidos en la comisión del delito de “contrabando agravado”. El lote de imputados lo completan el jefe de Gendarmería del macrismo, Gerardo Otero, y dos subordinados suyos.
La causa es instruida por el juez del fuero penal-económico, Alejandro Catania, y el fiscal Claudio Navas Rial, en base a una denuncia del ministro de Justicia, Martín Soria, la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El asunto disgustó al gobernador Gerardo Morales, quien es nada menos que el jefe político de Álvarez García.
Corría la tarde previa al feriado del 9 de julio. La temperatura rozaba los 24 grados en San Salvador de Jujuy. Morales arrojó su smartphone sobre el escritorio antes de dar unos pasos hacia el ventanal de su despacho, frente a la Plaza Belgrano. Y maldijo por lo bajo.
Al cabo de unos segundos, regresó al escritorio. Y musitó:
–Por ahora no abras la boca.
Don Normando asintió con un leve cabeceo, evitando cruzar sus ojos con los de Morales.
Simultáneamente, a pesar de la directiva del gobernador Morales, el alto mando de Juntos por el Cambio (JxC) presionó a Álvarez García para que difundiera su versión de los hechos. Y él cumplió aquella orden con un texto escrito a las apuradas y difundido por Facebook.
Allí incurrió en otra metida de pata: admitir que pidió “a diferentes dirigentes y funcionarios argentinos la autorización, no concedida, para que el avión de Evo Morales pudiera aterrizar en nuestro país”. Pero, en relación a la recepción del cargamento del escándalo, se desentendió.
Mientras tanto, Bullrich, Aguad y Faurie ya se expresaban al respecto. Las palabras de la ex ministra de seguridad fueron: “Yo no firmé nada; eso no pasó por mis manos”. Las del ex ministro de Defensa: “Esto es una canallada; nunca vi los documentos que ahora muestra el gobierno boliviano”. Y las del ex ministro de Relaciones Exteriores: “No puedo decir que hubo intercambio de materiales con Bolivia, porque no tengo idea; la Cancillería sólo intervino de manera diplomática”.
En resumen, los tres coincidieron en manifestar su ajenidad al asunto, pero reconociendo tácitamente la existencia del envío.
Simultáneamente, el abogado Pablo Lanusse tuiteó su parecer: “De los protectores de los dictadores Maduro y Ortega, y los promotores de ataques a Duque, llega el absurdo de la denuncia sincronizada entre el gobierno de Bolivia y de Alberto Fernández. No tienen límite ni vergüenza. ¡El absurdo es tal, que la opereta cae por su propio peso!”.
Resulta que, cuando las pruebas recolectadas en Argentina y Bolivia ya eran más que abrumadoras, Macri confió en el autor de esas sabias palabras su defensa ante la correspondiente imputación. Un optimista.
Por esa circunstancia, Lanusse acudió días después al búnker de Patricia Bullrich en la Avenida de Mayo, junto con otros dos involucrados: Faurie, y Aguad. Lo cierto es que la presidenta del PRO había convocado ese encuentro con suma urgencia, después de trascender el nombre del gendarme argentino que coordinó la entrega del cotillón bélico a los golpistas del altiplano: el comandante Héctor Caliba, un ladero del ex jefe de esa fuerza, Gerardo Otero. Tal cónclave fue revelado por el diario La Nación este sábado 24 de julio.
En su letra quedó plasmada la contrariedad de los asistentes frente a la ausencia de Otero. De hecho, la reconstrucción efectuada por el matutino de los Mitre consigna que “Bullrich les dijo a los demás que ella no había podido hablar todavía con el ex jefe de la fuerza, quien fue una pieza clave durante su paso por Seguridad. Que ni siquiera había podido dar con él. Y que creía que él estaba varado porque había viajado para vacunarse”.
Quizás en aquel mismo momento Faurie haya lamentado la ausencia de Álvarez García, quien, según La Nación, no habría podido viajar desde Jujuy “por un problema con el vuelo”.
Por su parte, Aguad solo dijo: “Para esto ni pienso poner abogado”.
Desde entonces, Catania y Navas Rial han sumado pruebas importantes. La más reciente surgió de un informe interno de Gendarmería, el cual señala que, en su apuro por colaborar con el golpe de Estado, los efectivos de dicha fuerza volaron sin un plan de operaciones y desobedeciendo los reglamentos.
También, de acuerdo al testimonio del gendarme Caliba –quien oficiaba de enlace con la policía boliviana– habría sido Álvarez García quien gestionó in situ el ingreso del “obsequio” represivo.
En aquella pesquisa de la fuerza también están bajo la lupa otros siete oficiales que seguramente serán imputados por Catania, por lo que tendrán que prestarse a una declaración indagatoria.
La señora Bullrich no olfatea nada bueno en ello. Entre otras razones, porque Otero nunca más atendió sus llamadas.
Tal vez, en la mente de la ex ministra, se proyectaran remembranzas de su idilio con aquella fuerza, como cuando proclamó, en medio de la crisis por la muerte de Santiago Maldonado que ella no iría “a tirar un gendarme por la ventana”. O cuando, al finalizar su gestión ministerial, supo recibir del propio Otero un sable de regalo, que justamente tenía acuñado esa frase en la hoja.
De hecho, la inoportuna falta de comunicación entre ese uniformado y ella es un indicio de que semejante romance habría caducado.
¿Acaso ahora los gendarmes estarían dispuestos a tirar una ex ministra por la ventana?
