Como se sabe, el lawfare no existe para los que se benefician del lawfare. Es decir, el lawfare, como mecanismo persecutorio de personas o espacios políticos identificados por los poderes fácticos como enemigos de sus intereses, debe cumplir con un requisito fundamental: su pata mediática, su pata judicial y su pata política, sincronizadamente, deben fingir demencia y negar su materialidad.
Bajo esa premisa es interesante repasar lo ocurrido hace poco más de una semana en el Consejo de la Magistratura, cuando la diputada lavagnista Graciela Camaño, titular del Comité de Selección del cuerpo, ordenó retirar todas las preguntas relacionadas a “el llamado Lawfare: noción y funcionamiento” del cuestionario que debían responder los aspirantes a ocupar los juzgados vacantes de Claudio Bonadío (extinto) y Rodolfo Canicoba Corral (jubilado).
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“Pepín” es el punto de fusión donde convergen el camarista federal Martín Irurzun, el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, el Grupo Clarín y Mauricio Macri.
Al calor de las denuncias que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), había realizado unos días antes en su alegato ante la Cámara Federal de Casación Penal por la causa “dólar futuro”, secundada por Axel Kicillof (gobernador de la provincia más grande del país) y Alejandro Vanoli (ex titular del BCRA). El acto de censura o el tijeretazo del lawfare como tema en tan relevante instancia no puede leerse con indulgencia o ingenuidad, sino como la confirmación de su existencia, de su operatividad intacta y de la enorme penetración que esta fatwa antidemocrática logró en las instituciones durante los años macristas.
El insignificante trato noticioso que tuvo el llamado a declaración indagatoria del abogado Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, va en el mismo sentido. No por volumen, indudablemente la noticia giró, es la ausencia de análisis que incorporen la perspectiva obvia -en este caso permitida- lo que aparece como síntoma de sus efectos: “Pepín” es el punto de fusión donde convergen el camarista federal Martín Irurzun (el creador de la doctrina de las prisiones preventivas automáticas para ex funcionarios kirchneristas), el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz (a quien introdujo casi de prepo en el máximo tribunal del país), el Grupo Clarín (de quien fue abogado litigante contra el Estado por la Ley de Medios) y Mauricio Macri, el presidente en cuyo despacho se desplegaba la mesa político-judicial y desde la cual emanaban, también, las órdenes hacia la AFI, Migraciones, la UIF y otros organismos que recababan información sobre los opositores a ser satanizados y perseguidos, mediática y judicialmente.
El operador “todo servicio” de Macri mantuvo 59 contactos telefónicos con el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz.
Ese mundo de relaciones incestuosas quedó expuesto; y no por una denuncia del actual oficialismo, sino por un informe solicitado por la jueza federal María Romilda Servini a la DAJUDECO, la dirección dependiente de la Corte a cargo de las escuchas que (al mejor estilo del viejo sistema Excalibur utilizado para resolver el asesinato mafioso del fotógrafo Joseé Luis Cabezas, ordenado por el empresario postal Alfredo Nallib Yabrán) analizó los llamados entrantes y salientes del teléfono celular de Rodríguez Simón, alias “Pepín”.
Son 10738 comunicaciones. De las cuales Servini pidió enlistar los enlaces telefónicos frecuentes, es decir, aquellos que se repitieron más de 15 veces en los dos años del corte analizado (2016-2018). Surge de esta revisión que el operador “todo servicio” de Macri mantuvo 59 contactos con Rosenkrantz; 38 con el socio de éste, Gabriel Bousat; 17 con Horacio Rosatti; 160 con el ex ministro de Justicia Germán Garavano; 50 con Presidencia de la Nación; 20 con Pablo Clusellas de la secretaría Legal y Técnica y 140 con un número que utilizaba Mario Quintana, segundo de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete. Aparecen allí también directivos de Clarín. Asiduamente.
La designación de Martín Soria en el Ministerio de Justicia preocupa a los que tiene que preocupar de verdad.
No sabemos de qué conversaron, es verdad. Todavía. Esto también es cierto. Pero los que están hablando son los hechos, y los hechos dicen que las tres patas del lawfare actuaron coordinadamente durante un periodo temporal que será, una vez iluminada su trama completa, el más negro desde la recuperación democrática en 1983 hasta el presente.
Como ese momento se acerca, el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, uno de los denunciantes de la mesa político-judicial, fue recibido esta semana con misiles disciplinantes de gran calibre por la prensa hegemónica. Se ve que la salida de Marcela Losardo, persona de confianza del presidente Alberto Fernández, cuya capacidad de conversación no logró perforar en más de un año el instinto conservador y antipopular del corporativismo judicial, preocupa a los que tiene que preocupar de verdad.
El enojo demuestra dos cosas. Una, que eso que se empeñan en negar, existe. Dos, que cuando pierden invisibilidad y son expuestos, se vuelven previsibles, por ende, vulnerables.
Es probable que cuando la coalición de gobierno decida avanzar sin rodeos sobre el lawfare no encuentre la tercera guerra mundial con la que el lawfare amenaza cotidianamente.
Porque el lawfare parece alimentarse del temor o la vacilación de su adversario. Ni de su coraje, ni de la decisión política de enfrentarlo. El caso de CFK es emblemático: podría estar presa hace años, hoy es vicepresidenta.
La libertad de movimientos frente a las corporaciones también se construye.
