El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, afirmó que “la violencia institucional es una deuda de la democracia” y destacó que todas las herramientas del Estado se han puesto a disposición para que la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril, “se lleve a cabo con la celeridad necesaria”.
En diálogo con Cynthia Ottaviano en “Volver a las Fuentes” (AM990), Pietragalla condenó la Doctrina Chocobar que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en materia de seguridad y respondió a las recientes críticas de Nora Cortiñas a la política de derechos humanos del gobierno nacional.
“Nunca vamos a avalar la impunidad ni el encubrimiento, y siempre vamos a estar del lado de las víctimas y los familiares. Nunca vamos a aplaudir a un policía que dispare por la espalda”, afirmó el funcionario.

– ¿Cómo está trabajando la secretaría de Derechos Humanos respecto a la desaparición de Facundo Astudillo Castro?
– La causa está en instancias federales, la justicia federal es quien coordina las acciones de búsqueda, mientras el Estado pone todas las herramientas a disposición para que esa búsqueda se lleve adelante con la celeridad necesaria. Nosotros pusimos a disposición el equipo de Verdad y Justicia, programa que ha trabajado en casos de violencia institucional. Desde que se hizo la denuncia por desaparición forzada, el 3 de Julio, nos pusimos a disposición de la familia y estamos en contacto permanente con los abogados de la familia, esperando dar con el paradero de Facundo y que esté con vida, por sobre todas las cosas, no perdemos las esperanzas de que así sea.
Tiene que quedar en claro que todos los recursos del Estado están acompañando a la familia, estoy en constante diálogo con el gobernador Axel Kicillof, lo conozco y sé la preocupación que tiene, no nos puede pasar esto.
Si es real lo que se sospecha y las fuerzas policiales están vinculadas a la desaparición, hay que sancionar política y judicialmente a los responsables.
“Jamás vamos a aplaudir y recibir a un policía que actúe de forma ilegal y arbitraria”.
– Las fuerzas de seguridad venían empoderadas desde el gobierno anterior, arrastrando hechos de violencia institucional, y se sabía que en el marco de la pandemia operarían esas mismas fuerzas, aquí hay que tomar medidas de carácter preventivo.
– Totalmente, la violencia institucional es una deuda de la democracia, si bien se radicalizó gracias al discurso político del macrismo y el respaldo a la denominada Doctrina Chocobar, haciéndose tangible en los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
Desde nuestro gobierno siempre vamos a estar del lado de la justicia y de la familia damnificada, y todos queremos saber la verdad, tanto Alberto (Fernández) como Axel (Kicillof) y todos los funcionarios de nuestro espacio político. Jamás vamos a aplaudir y recibir a un policía que actúe de forma ilegal y arbitraria.
Esto va más allá de las banderas políticas, hay que aprovechar la “sensibilidad” de la oposición con este tema y trabajar para erradicar la violencia institucional de nuestra democracia. Hay que cambiar las normativas de la época de la dictadura que siguen vigentes hoy en día.
Estamos trabajando en un proyecto de ley para profesionalizar a las fuerzas, no puede ser que un agente de seguridad salga con un arma en la mano luego de seis meses de instrucción.

Debemos trabajar en conjunto con la sociedad, porque cuando los medios de comunicación bombardean con casos de inseguridad, la gente pide más policía en la calle, y lo primero que hace la política es llenar las calles de agentes de seguridad sin formación.
– Debe haber una educación en el plano cultural, porque hay lógicas clasistas como la portación de cara y la portación de pobreza, que terminan siendo determinantes en casos de violencia institucional.
– Así es, cuando hablamos de la formación de las fuerzas, también nos referimos a una educación adecuada en el plano cultural y dejar en claro el margen de la legalidad donde deben moverse, todo dentro de la ley y nada afuera.
Nosotros no estamos en contra de la policía, estamos en contra de los comportamientos ilegales que comete.
Hay que dejar de ser hipócritas y trabajar de forma contundente en ese sentido.
– No en todas las provincias la situación es la misma, hay algunas donde es todavía más delicada que en otras. Intuyo que el proyecto del que hablás es el mismo que mencionó Máximo Kirchner. ¿Qué ejes tendría?
– Si, se trata de lo hablado anteriormente y tiene que ver con un plan integral donde se incluye el acompañamiento a las víctimas, tiene que ver con la adecuación de las provincias a mecanismos unificados desde el gobierno, donde no se permite la tortura.
“Nos duele que una madre hoy esté pidiendo por su hijo, no especulamos políticamente con esto”.
Veo a muchos funcionarios que fueron gobernadores hablar ahora de la violencia institucional, y espero que lo estén haciendo de corazón, porque nosotros hace 10 años que venimos trabajando en este tema y nos duele que una madre hoy esté pidiendo por su hijo, no especulamos políticamente con esto.
Es una deuda democrática y los gobiernos que vengan a partir de ahora deben repararla, no puede pasar que pongamos una placa en una comisaría donde se torturó y se desapareció a un compañero en los 70, y cuando nos vamos de ahí, a la noche en la misma comisaría se torture a un pibe de un barrio.
– ¿Qué significa que algunas provincias no tengan mecanismos contra la tortura?
– Desde el Estado se trabaja conjuntamente con organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, para unificar mecanismos que garanticen los derechos de las personas que están privadas de su libertad.
Cuando hay un caso de violencia institucional en una provincia, y ese caso no se condena ni se juzga, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no condena a la provincia, condena al Estado argentino. Por eso es tan importante unificar las medidas.

– El comité contra la desaparición forzada de la ONU le pidió inmediatez y exhaustividad en la investigación al Estado argentino ¿Ustedes ya respondieron?
– Todavía no, pero vamos a responder como hicimos la semana pasada con una presentación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos elaborando la respuesta.
– Ayer, la mamá de Facundo Astudillo Castro, nos contó que el fiscal de la causa tomó la decisión de sobrevolar la zona para ver los rastrillajes desde el cielo, y no la atendió a ella. Los hechos de violencia institucional suelen tener una pata del poder Judicial. ¿Han podido conversar con quienes están llevando la causa adelante?
– Sí, estamos pidiendo permanentemente información de la causa a quienes la llevan adelante.
– Te lo digo porque quienes llevan la causa han atendido antes a la prensa que a la madre de Facundo.
– Es una locura, en estos casos lo primero que hay que hacer es contener a los familiares y escucharlos. La secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se puso en contacto con la madre, apenas tengamos algún requerimiento que ayude a enfrentar esta situación traumática, lo vamos a resolver.
– Quería saber, teniendo en cuenta tu historia personal, cómo te sentís frente a la desaparición hace más de 70 días de un pibe de 22 años.
– Mal, y hoy, con la responsabilidad que tengo al ejercer el cargo de secretario de Derechos Humanos, me siento doblemente mal. A nosotros nos afecta, Axel Kicillof está preocupado y muy triste con este tema.
“En estos casos lo primero que hay que hacer es contener a los familiares y escucharlos”.
Nunca vamos a avalar la impunidad ni el encubrimiento, y siempre vamos a estar del lado de las víctimas y los familiares, este es un cambio radical respecto al gobierno anterior, nunca vamos a aplaudir a un policía que dispare por la espalda.
– Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, declaró que la política de derechos humanos está abandonada.
– A las Madres y a las Abuelas las respeto y las quiero, Norita para mí es un baluarte y un ejemplo de lucha, pero tengo ciertas diferencias con algunas de las últimas declaraciones, porque tenemos que trabajar todos juntos y ser contundentes respecto a este tema.
Hay que dar el ejemplo con las sanciones, como hizo Capitanich en Chaco apartando a los miembros de la cúpula policial que entraron ilegalmente a una casa de la comunidad qom. Hay que tomar decisiones políticas y concretas en contra de la violencia institucional.