El premio Nobel de la Paz y titular de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, consideró que el espionaje ilegal es parte de “un mecanismo de dominación que se pretende imponer en los países de América latina” y aseguró que “no le extrañan” las denuncias sobre el presunto desarrollo de esas actividades que se habrían realizado durante el gobierno de Mauricio Macri.
El también fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) afirmó que “cuidar la salud de la población” es lo más importante durante la pandemia de coronavirus, y estimó será “necesario un nuevo contrato social” cuando Argentina salga del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “La peor pandemia será del hambre que surgirá después del coronavirus, con un mundo lleno de pobreza y desocupados”, sostuvo.
Sobre el presunto espionaje ilegal, Pérez Esquivel señaló que no le “sorprenden esas denuncias sobre lo que pasaba con la AFI en tiempos de Mauricio Macri” y añadió: “No me extrañan esas presentaciones. Todos sabíamos que había presiones sobre los jueces durante el gobierno de Cambiemos y ahora la Justicia deberá esclarecer”.
“Se trata de imponer un pensamiento único con un proyecto colonial de dependencias”.
El año pasado, las revelaciones del caso por espionaje ilegal que involucraban a Marcelo D’Alessio como partícipe de una red extorsiva originaron una causa que actualmente instruye el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien ordenó la detención del falso abogado y el procesamiento del fiscal federal Carlos Stornelli.
En el marco de la investigación, la CPM fue convocada por el magistrado como “amicus curiae” en función de la experiencia que tiene este organismo con el análisis de documentos de espionaje ilegal.
Es que desde 2000, este organismo autónomo del Estado bonaerense administra el archivo de la disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), que durante más de 40 años recabó información política, social y gremial sobre unos 600 mil ciudadanos.
“Nos criticaron mucho por esa participación y lo único que hicimos es un trabajo técnico, en función de nuestra experiencia. Allí pudimos ver que se había montado una red para apretar jueces y políticos”, explicó el militante y escultor.
– ¿En los hechos que se denunciaron en las presentaciones que hizo ante la justicia la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Graciela Caamaño, y lo que analizó la CPM en la causa D’Alessio puede decirse que encuentra la matriz de lo que se conoce como “lawfare”?
– Creo que es así. Estamos ante operaciones destinadas a presionar a la justicia y a los dirigentes políticos. Ahí vemos la participación de servicios de inteligencia y medios de comunicación. Eso es el ‘lawfare’, que se da como una continuidad de la doctrina de seguridad nacional. Ahí vemos que existe un vaso comunicante con las dictaduras que sufrimos en América latina, cuando no se puede recurrir a las Fuerzas Armadas, el poder apela a otros factores. En este contexto, el espionaje ilegal y el ‘lawfare’ son herramientas para imponer un orden de dominación sobre nuestros pueblos.
– ¿Hay un rasgo regional en estas actividades?
– Lo entiendo así. Se trata de una política de seguimiento e intervención sobre las decisiones judiciales. Le sucedió a Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa en Ecuador, y a Lula en Brasil. Ni hablar de lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, que sufrió un golpe de Estado que contó con la participación de Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien denunció un fraude que no existió. Se trata de imponer un pensamiento único con un proyecto colonial de dependencias. No hay casualidades, por eso, los pueblos tienen que estar muy atentos.
“La peor pandemia será el hambre que surgirá después del coronavirus”.
– En tiempos de pandemia, ¿por dónde pasa la defensa de los derechos humanos?
– Fundamentalmente por cuidar la salud de la población, en eso el Gobierno está actuando bien. Es lo que hay que priorizar en estos momentos y dar respuestas a las demandas sociales que vayan surgiendo. En Estados Unidos hubo 167 mil muertos, en Brasil y otros países de la región la situación es dramática y con este panorama imaginemos qué es lo que pasará en regiones de África y Asia. Por eso creo que la peor pandemia será del hambre que surgirá después del coronavirus, con un mundo lleno de pobreza y desocupados. En este contexto, se necesita un nuevo contrato social, debemos investigar esa deuda eterna y plantear políticas que desarrollen la economía de los sectores populares. Tenemos que construir una realidad en la que se puedan compartir el pan y la libertad.
– Por estos días se plantea la discusión de la soberanía alimentaria en relación a la intervención de la empresa Vicentin, ¿ello formaría parte de ese nuevo contrato?
– Sin soberanía alimentaria no hay soberanía nacional. Un país debe estar en condiciones de producir alimentos de manera independiente para sus ciudadanos. Ahora, sobre el tema Vicentin, me parece que se debe investigar exhaustivamente qué es lo que pasó con esa empresa y los créditos que se tomaron del Banco Nación. Son recursos que le sacaron al pueblo y que son necesarios en momentos en los cuales se están pasando muchas necesidades.
