“Sigue la persecución, sigue el avasallamiento y la verdad que estoy indignada con lo que están haciendo conmigo”, denunció una vez más Milagro Sala, quien esta tarde fue trasladada desde su vivienda –donde cumple prisión domiciliara– a una fiscalía para conocer una nueva casusa que la líder de la Tupac Amaru y su defensa consideran otro capítulo de la persecución política y judicial que encabeza e instrumenta el gobernador de Jujuy, el macrista Gerardo Morales.
En medio del silencio de la prensa hegemónica y de la mayoría de la dirigencia política, Sala volvió a acusar al mandatario provincial de orquestar un proceso judicial plagado de arbitrariedades y abusos. “Sigue el atropello de Morales hacia mi persona, y ya no solamente de él, sino también del presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Armando Rivarola, que también es diputado provincial”, sostuvo Sala, luego de regresar de la fiscalía donde se le informó de otro expediente donde se la involucra. “Me llevaron a hacerme conocer la nueva causa, cuando la policía reprimió los compañeros de Campo Verde”, precisó la dirigente.
La causa por el escrache, ocurrido hace 12 años, pretende condenar a la luchadora social por un hecho en el que ella no participó,
Ayer, sus abogados habían responsabilizado al Tribunal Oral Federal de Jujuy por “la violación del derecho de defensa”, durante una audiencia convocada en la causa por un escrache realizado a Morales en 2009, donde Sala no estuvo presente y sin embargo fue condenada a tres años de prisión en suspenso. “Fue una manifestación más de la ilegalidad con la que actúa el Tribunal, ya que la causa está prescripta según el Código Penal y los estándares de la Corte, y frente a su propio apuro y los pedidos de Morales, llamaron a esta audiencia con dos días de anticipación, lo que es a todas luces violatorio del derecho de nuestra defendida a reunirse presencialmente con sus abogados”, denunció Marcos Aldazabal, abogado de Sala.
Aldazabal afirmó que el TOF les obstaculizó el ejercicio de la defensa, al impedirles “preparar la labor con el tiempo adecuado”. Por eso, solicitarán “la nulidad de todo lo actuado” en la audiencia citada para el 30 de junio por la Cámara de Casación en un incidente conexo.
Agregaron que a uno de los condenados, Ramón Gustavo Salvatierra, se le impidió designar a un abogado de su confianza, lo que constituye causal de nulidad y puede hacer caer todas las sentencias. A esta situación irregular se suma que la propia magistrada Liliana Snopek, una de las integrantes del TOF que juzga a Sala, “es pariente de la esposa” del mismísimo Morales.
La defensa recordó que la causa por el escrache, ocurrido hace 12 años, pretende condenar a la luchadora social por un hecho en el que ella no participó, y agregaron que la dirigente –con prisión domiciliaria– no puede volver a la cárcel ya que una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo impide por razones de salud física y mental.
Milagro no puede volver a la cárcel ya que una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo impide por razones de salud física y mental.
El Tribunal, que junto a Snopek confirman los jueces Mario Juárez Almaraz (presidente) y Alejandra Cataldi, rechazó el viernes pasado un pedido de prescripción de la acción penal que había entablado la defensa, y ahora se dispone a emitir una nueva sentencia ya que Casación así lo ordenó en un fallo de 2017. Sucede que la fundadora de la Túpac Amaru fue sobreseída por la figura de amenazas –el TOF consideró que esa acción estaba prescripta–, pero Casación luego intervino, agravó el tipo penal a “amenazas coactivas” y pidió una nueva sentencia.
Ese fallo de Casación fue firmado en junio de 2017 por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, tres de los funcionarios judiciales que en el gobierno de Cambiemos visitaban con regularidad al entonces presidente Mauricio Macri en Olivos y la Casa Rosada.
