La detención de Susana Martinengo, exdirectora de Documentación en la presidencia de Mauricio Macri y apuntada como quien habría recibido información del espionaje a Cristina Fernández y otros dirigentes, suma un nuevo episodio al extenso historial del PRO en este tipo de denuncias.
Junto a la obsesión por el big data, los focus groups y la posibilidad de hurgar en los gustos de la población y “medir” sus opiniones, el macrismo desarrolló una relación particular con las tareas de inteligencia y su aplicación política. En definitiva, cuando los algoritmos de Internet no alcanzan, los espías se ofrecen como una “deep web” para ir más allá. Claro que el uso en democracia de estos métodos –un pilar del lawfare– no nació con el PRO, pero sí es notable la recurrencia con que el partido de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se vio envuelto en escándalos de este tipo, en una secuencia que se remonta a su origen y llega al presente.
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El propio Macri es el gran caso testigo: así como en 2015 fue el primer presidente en asumir procesado, justamente acusado de dirigir una asociación ilícita dedicada al espionaje, ahora pesa sobre él un pedido para que la Justicia lo indague por similares motivos.
La presentación hecha el 26 de mayo por la intervención de la AFI, que denunció la producción masiva de inteligencia ilegal en la gestión de Cambiemos –en ese marco se dio la detención de Alan Ruiz y de otros exagentes– es el capítulo más reciente de una vieja novela de espías. Pero, lejos de tratarse de una ficción, es una realidad que se traduce en aprietes judiciales, extorsión de empresarios, persecución mediática y política de dirigentes, y en ir a la cárcel sin una condena.
Espías con gorra
El hito fundante fue la Policía de la Ciudad, en 2008, presentada por el entonces alcalde Macri como una fuerza “modelo”. Aunque tuvo y tiene prohibido hacer inteligencia, su cúpula se nutrió con varios expertos en la materia llegados de la Policía Federal, como su primer y fugaz jefe, Jorge “Fino” Palacios. Macri lo exponía como su policía ejemplar, mientras la comunidad judía lo repudiaba por su actuación en la investigación por el atentado a la AMIA, donde estaba imputado por entorpecer la pericia. El Fino asumió la jefatura de la fuerza en junio de 2009, renunció en agosto y en octubre fue procesado por encubrimiento en la causa por las irregularidades en el caso AMIA.
Ese mismo mes estalló el escándalo de Ciro James, ex policía federal y abogado, con un contrato en el Ministerio de Educación porteño. James, a quien Palacios apadrinaba, había “pinchado” teléfonos de Sergio Burstein, de Familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, uno de los dirigentes más críticos del comisario preferido por Macri.
El aporte de la justicia corrió por cuenta de dos jueces de Misiones –provincia donde Macri supo tener residencia–, que ordenaron escuchas en causas sin relación alguna con las personas “pinchadas”. Y en cuanto a las víctimas, al conocerse a todos los espiados por James, además de empresarios, también apareció un miembro de la familia del propio Macri: Daniel Leonardo, esposo de Sandra, hermana del expresidente –ambos ya fallecidos–. Era sabida la mala relación de Mauricio y Franco con un cuñado al que nunca habían aprobado.
Este doble uso, tanto para afuera como hacia adentro, se volvería otra constante. Más aún cuando se supo que Osvaldo Chamorro, quien había tomado el manejo interino de la policía porteña tras la caída del Fino, indagaba en los datos patrimoniales y financieros de políticos, incluido el entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La investigación escaló hasta el procesamiento de Macri, que así asumió la presidencia, con un inminente pedido de juicio oral. Pero la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, junto a los descalabros realizados en la causa por el entonces juez federal Norberto Oyardibe, trajeron paz y sobreseimiento al flamante jefe de Estado. En octubre de 2018, la Cámara de Casación Penal anuló todo lo investigado, por considerarlo “viciado”, ya que Oyarbide había actuado “de oficio”.
En cuanto al Fino, murió en 2020. Un año antes, había sido sobreseído en el expediente por el encubrimiento del atentado, en un fallo escandaloso que también absolvió a Carlos Menem, Rubén Beraja y Víctor Stinfale.
Los pormenores de este caso, surgido junto al nacimiento del PRO como fuerza política con roles de gestión, sentaron las bases de un método que se repetiría y que poco tiene que ver con agentes desviados o espías librepensadores. El caso de Ruiz lo demuestra: llegado a la AFI en 2018 como jefe de Operaciones Especiales, antes fue subcomisario de la Policía de la Ciudad y funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese hombre, claramente consustanciado con el esquema de mando del macrismo, es el principal sospechoso de coordinar tareas de espionaje sobre e Instituto Patria, sus dirigentes y militantes en agosto de 2018.
Docentes en la mira
En 2009, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció que, con la cobertura de su contrato en la cartera educativa, Ciro James los había espiado. El agente fue parte de un equipo que realizó auditorías en colegios durante uno de los tantos conflictos del PRO con docentes y alumnos. UTE sostuvo que pedían informes de asistencia a los maestros y el nombre de los estudiantes que participaban de las tomas.
Los docentes de la Ciudad –unos de los sectores más refractarios y resistentes a las políticas del macrismo– tienen su propio apartado en este historial de espionaje. En 2012, acusaron al PRO de impulsar un “0800 caza de brujas”, por orden del entonces ministro Esteban Bullrich, que pedía alertar sobre “la intromisión de la política” en las aulas. Antes, el gobierno había intentado instalar cámaras de seguridad dentro de las escuelas. En 2016, en igual sentido, los gremios acusaron a Rodríguez Larreta de querer montar “un Gran Hermano para controlar a los docentes”, ya que para habilitar sus cuentas oficiales de mail debían dar datos personales y sobre su participación en redes.
El sueño de la AFI propia
Con el PRO en la Rosada, los espías recuperaron los fondos reservados y se reforzó el secretismo sobre los recursos de la exSide, piedra angular de las prácticas ilegales. Con el manejo del dinero como principal gesto del albedrío concedido a los agentes, Macri puso como director a su amigo Gustavo Arribas, secundado por Silvia Majdalani. Sobre ellos dos también pesa un pedido de indagatoria por parte de la interventora Caamaño.
La otra gran innovación de Cambiemos fue quitarle a la Procuración General la oficina encargada de las escuchas telefónicas y dársela, por decreto, a la Corte Suprema, donde quedó en manos del juez Martín Irurzun, cercano a Ricardo Lorenzetti y creador de la doctrina que sirvió a los fines de encarcelar sin condena a exfuncionarios kirchneristas.
Con Macri en la Nación, el espionaje ilegal puso en valor otro de sus componentes: la articulación con sectores de la prensa que no sólo usan este material, sino que asumen un rol en su razón de ser. Un ejemplo claro lo dieron las escuchas que registraron diálogos entre Cristina Fernández y Oscar Parrilli, y que debieron ser destruidas, pero que acabaron alimentando a las audiencias de Jorge Lanata y Luis Majul.
Esto y mucho más también cristalizó en el escándalo que en 2019, bajo extrema presión, comenzó a destapar el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en un expediente donde están involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli, funcionarios y dirigentes de Cambiemos, y el periodista del Grupo Clarín Daniel Santoro.
La acusación contra D’Alessio y Stornelli de haber extorsionado a un empresario para no sumarlo al caso de “los cuadernos”, derivó en una investigación acerca de cómo la cadena entre funcionarios judiciales, espías y políticos se completa con medios que se nutren de los datos “sucios” que ofrece el espionaje, cerrando las pinzas del lawfare.
D’Alessio caminaba despachos políticos y judiciales, y también era panelista de programas de televisión y un contacto servicial para periodistas tan famosos como Santoro, editor del diario Clarín, fundador de FOPEA y parte de la Academia Nacional de Periodismo que preside Joaquín Morales Solá, donde coordina la comisión de Ética.
Se expuso además otro nivel de violación a la intimidad, con el plantado de micrófonos clandestinos en establecimientos penitenciarios, de donde Elisa Carrió tomó los audios para elucubrar que todo lo revelado por Ramos Padilla era una confabulación de “presos k”.
El doble filo
En cuanto a la reciente presentación hecha por la intervención de la AFI, también ratificó el doble filo del espionaje, útil para operar sobre opositores como para controlar a los propios. Si en 2008 James “pinchó” el teléfono de un cuñado de Macri, en 2017 y 2018, durante las cumbres de la OMC y del G20, los agentes “chuparon” mails de periodistas tan afines como Majul y de miembros del oficialismo como Laura Alonso o Mario Negri.
En 2015, Macri había dicho que en su gobierno la AFI estaría “al servicio de la seguridad nacional” y no “para hostigar y espiar a los ciudadanos”.
Vaya una más para la lista de promesas incumplidas.
