Mientras el “caso” Pfizer se consolida como el nuevo ariete para atacar al plan de vacunación llevado adelante por el gobierno nacional y esmerilarlo de cara a las elecciones de medio término, la oposición político-mediática hace silencio ante todos los incumplimientos, demoras y prácticas de coacción empresarial que la farmacéutica estadounidense aplicó en distintos países de América Latina, Europa y África.
Un informe difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recopila la enorme cantidad de casos en la región y al otro lado del océano Atlántico donde Pfizer hizo de la distribución de su vacuna contra el Covid-19 una prenda de negociación política y de lucro a toda costa, sin importar los compromisos asumidos ni la gravedad de las situaciones epidemiológicas.
“Pfizer reconoce que no sabe cuándo va a hacer entrega de las dosis compradas anticipadamente y, que no puede ser penalizada si no cumple con plazos anunciados” (Contrato que la empresa firmó con Brasil)..
En mayo pasado, la prensa informaba que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, “reclamó a las farmacéuticas internacionales por el retraso en el envío de las remesas de dosis contra la Covid-19, que su Gobierno ha contratado en el marco de un plan de vacunación masivo”. Entre estas empresas en falta estaba Pfizer. “El Gobierno ecuatoriano –señalaba el artículo aparecido en el sitio swissinfo.ch– había ya pagado unos 75 millones de dólares en anticipos para la adquisición de las vacunas, lo que representa el 20 por ciento del valor negociado con la estadounidense Pfizer, la china Sinovac y la británica AstraZeneca”.
También en mayo, Panamá señalaba que “se retrasa la llegada de 108.810 dosis de la vacuna de Pfizer”. Según la página telemetro.com, “se trataba del decimoquinto lote con dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer que llegaría Panamá, para reforzar la estrategia de inmunización”. De acuerdo a declaraciones de Elvia Lau, directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud panameño (Minsa), “la farmacéutica Pfizer indicó que presentó problemas en el envío”.
Dos meses antes, el gobierno de México había informado que “el país dejará de recibir vacunas de Pfizer tres semanas”, lo que en ese momento significaba una merma del 50%, y que “en las siguientes tres semanas no habrá más envíos”. En una nota publicada por el sitio de noticias Animal Político, se consignaba la explicación dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres”.
En abril, el Ministerio de Salud de Brasil publicó en su página web el contrato que había firmado con Pfizer, que de inmediato presionó y consiguió que lo borraran, invocando una cláusula de confidencialidad. El documento especificaba que “el pago de las dosis se hará de forma anticipada sin compromiso de entrega en fecha pautada, perdida de inmunidad soberana del Estado y jurisdicción en Nueva York para tratar conflictos”, entre otras cláusulas de ese tipo, de acuerdo al artículo aparecido en el sitio Minuto Uno. Por ejemplo, la farmacéutica imponía que “el Estado debe renunciar a la inmunidad soberana de todos sus organismos, incluso del Banco Central, en caso de que tenga una sentencia condenatoria”. Por otra parte, en el contrato, agregaba la nota, “Pfizer reconoce que no sabe cuándo va a hacer entrega de las dosis compradas anticipadamente y, que no puede ser penalizada si no cumple con plazos anunciados”.
“La campaña de vacunación se ralentizará debido a los retrasos en las entregas de Pfizer, lo que provocará grandes recortes para las regiones” (TGCOM24, Italia).
Ya en febrero, el sitio estadounidense The Bureau of Investigative Journalism había publicado un informe acerca de las prácticas avasalladora de negociación de la compañía. “Pfizer exige que los gobiernos jueguen con activos estatales para asegurar un acuerdo de vacuna”, afirmaba el artículo, donde también se consignaba que la empresa “ha sido acusada de ‘intimidar’ a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna Covid”. En el pliego de condiciones de Pfizer se enumeraba la exigencia para que los estados de la región pongan “edificios de embajadas y bases militares como garantía contra el costo de futuros casos legales”.
Pero el efecto Pfizer en el continente no se limitó a Latinoamérica. En Canadá también sintieron el rigor de sus prácticas: “Pfizer le dice al país que no recibirá ninguna dosis de la vacuna Covid-19 la próxima semana”, sostuvo el sitio de noticias de la CNN, y agregó que “el primer ministro Justin Trudeau trató de tranquilizar a los canadienses de que las entregas de vacunas se recuperarían nuevamente en unas pocas semanas”.
Presiones en Europa y África
En enero, la prensa italiana advertía que “Pfizer reduce las entregas: las regiones se enojan por los recortes”. El artículo aparecido en TGCOM24 detallaba que “la campaña de vacunación se ralentizará debido a los retrasos en las entregas de Pfizer, lo que provocará grandes recortes para las regiones”.
Cuatro meses después, el sitio Start Magazine daba cuenta de “todos los retrasos de Astrazeneca, Pfizer y no solo en las vacunas”, con datos de la Fundación Gimbe sobre el progreso de la pandemia y la campaña de vacunación en Italia.
Algo similar se consignaba por entonces sobre la situación en Dinamarca: “La región danesa –publicaba el sitio The Local– detiene la vacunación Covid-19 para nuevos grupos después del retraso en el suministro (…) después de que el fabricante Pfizer confirmara un retraso en el suministro”.
En marzo, el sitio vozpopuli.com informaba que en España “desaparecen otras 7.020 vacunas de Pfizer del último informe de Sanidad”, lo que en ese momento llevaba a 30.000 las dosis “perdidas”. En concreto, se referían a que “el Gobierno anunció el lunes que iba a recibir 7.020 vacunas más de las que finalmente ha entregado a las comunidades autónomas”.
Pfizer hizo de la distribución de su vacuna contra el Covid-19 una prenda de negociación política.
En abril, era el gobierno de Sudáfrica el que llegaba a un punto muerto en sus tratativas con Pfizer, debido a las exigencias de la parte privada. The Bureau of Investigative Journalism detallaba que “durante las negociaciones de la vacuna Covid-19, la compañía buscó una indemnización contra los reclamos civiles de los ciudadanos que habían experimentado efectos adversos de la vacuna, lo que significa que el gobierno tendría que cubrir los costos en su lugar”.
Esta situación generalizada tuvo su punto de eclosión cuando el malestar de varios países tomó forma de bloque: “La Unión Europea informó que pedirá explicaciones al laboratorio Pfizer-BioNTech por el retraso continuo en la entrega de las dosis pactadas con Italia”, publicaba el sitio Hoy Día Córdoba. “Ante el enojo de Italia, y de otros países europeos que también se ven afectados por esta situación, el organismo político más importante del Viejo Continente solicitó aclaraciones a Pfizer sobre qué está ocurriendo”, detallaba el portal.
Frente a estos antecedentes que se multiplican, y aunque una parte de la oposición local esté empecinada en destacar la excepcionalidad de las dificultades de la Argentina en su negociación con Pfizer, lo que salta a la vista son las prácticas de una empresa que en todo el mundo incumplió los acuerdos que había firmado para el suministro de vacunas y presionó a los Estados a resignar soberanía a cambio de un insumo que salva vidas.
