En la primera jornada de oradores y expositores por la rezonificación de Costa Salguero y la construcción de edificios en la Costanera Norte primaron, por un lado, los detalles técnicos del proyecto que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos y, por otro lado, las críticas en torno a las restricciones en el libre acceso a la ribera porteña, ya que la venta de tierras que prevé la iniciativa la vuelve inconstitucional.
En la primera de las que serán más de 20 jornadas, con más de 7.044 inscriptos que expondrán los puntos a favor y en contra del proyecto que impulsa Horacio Rodríguez Larreta, sobresalió la voz del defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien cuestionó la falta de integralidad del proyecto que “responde a lógicas circunstanciales” e “intervenciones aisladas”.
“En un proyecto como este debemos buscar la integración desde el Tigre hasta La Plata para que no sea una medida aislada, sino decidir definitivamente de qué manera queremos vivir; si seguimos pensando intervenciones aisladas, o pensamos acciones conjuntas de este espacio geográfico que aglutina a una urbe extraordinaria de doce millones de personas”, sentenció. A su vez, Amor hizo hincapié en idear un proyecto que no siga sumando a “una división entre la ciudad y el río”, sino que trascienda las fronteras de Buenos Aires.
Finalmente, el Defensor del Pueblo propuso trabajar en conjunto y “pensar una autoridad metropolitana, de intervención frente al río, con integrantes de todos los ministerios de ambientes, de espacios públicos, y de obras públicas de todos los municipios costeros, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación para decidir un plan maestro integral para la costa que permita definirla desde el Tigre hasta la Plata”.
Habrá más de 20 audiencias públicas hasta fin de enero, con más de 7.044 inscriptos.
Varios de los arquitectos que expusieron en la audiencia pública apoyaron el proyecto, entre ellos Luis Grossman, quien defendió la iniciativa del Ejecutivo después de definirla como un proyecto “con parque y buena arquitectura” y desmentir la instalación de torres. Para Grossman, edificios de hasta nueve pisos no constituyen torres.
Otro de los arquitectos, Miguel Cormack, defendió la propuesta de Larreta pero coincidió con Amor en que hay que pensar un proyecto “para toda la Costanera” y no desaprovechar esta oportunidad para “recuperar el acceso público a ese borde costero y acompañarlo con un parque, con un espacio abierto público para uso recreativo y cultural”. Además, se refirió a la necesidad que “la ciudad llegue al río, no solo una trama vial, sino la trama urbana”.
Otro argumento que utilizó el Pro para defender la iniciativa fue que los espacios verdes sin comercios o movimiento las 24 horas del día son inseguros. Agustina Señorians, asesora en Géneros del Ministerio de Espacio Público porteño, hizo hincapié en esta línea al afirmar que “los espacios en desuso u oscuros, alejados, poco conectados, son potencialmente peligrosos por su oscuridad y falta de movimiento, las mujeres los evitamos por los percibimos como inseguros”.
Este argumento fue rebatido por varios oradores, quienes plantearon que no puede prescindirse de un espacio verde porque sea inseguro, sino que el Estado es el que debe garantizar la seguridad. De no ser así, no es el espacio verde el que está fallando sino el Estado.
Entre los cuestionamientos más fervorosos resaltó el que manifestó el comunero Diego Achile, quien criticó que las audiencias públicas no sean vinculantes y luego arremetió con la política de Horacio Rodríguez Larreta. “Estoy aquí para defender la tierra pública tan codiciada y arrasada por el gobierno de la Ciudad, que lleva más de 12 años gobernando. En la comuna 13 vivimos con espanto cómo se abalanzaron por las tierras del Club Tiro Federal, cómo rondaron como buitres las tierras del Cenard y cómo en los últimos cuatro años, donde gobernaron también la Nación, fueron y van en busca del playón de Colegiales, el último pulmón verde del barrio”. Otros comuneros marcaron la intencionalidad del gobierno porteño por cooptar las tierras públicas para impulsar proyectos inmobiliarios privados.
Achile también sostuvo que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, mientras la Ciudad apenas tiene 5,56 metros cuadrados, contando lo público y lo privado, y con este proyecto vuelven a reducirlo”.
Hubo cuestionamientos por el carácter no vinculante de las audiencias públicas.
Otro de los puntos que marcaron los expositores inscriptos voluntariamente, a diferencia de los oradores invitados por el gobierno porteño, fue la inconstitucionalidad del proyecto que posibilita la venta del predio de Costa Salguero.
“La inconstitucionalidad no es solo cuestión de juristas, y constitucionalistas, aunque parece que la totalidad de los arquitectos varones que me precedieron planifican sin leer la Constitución. La constitucionalidad es una cuestión esencialmente ciudadana, y en este caso más aún porque ha sido la ciudadanía en los 90, organizada en asambleas y en movimientos ambientalistas – y aquí un reconocimiento a la Fundación Ciudad – quienes lograron que en el artículo 8 y 27 de la Constitución se estableciera que la Costanera debe ser un gran parque público en su totalidad, con libre acceso y circulación. Lograron la prohibición absoluta de privatizar un metro cuadrado de la Costanera y mucho menos atreverse a venderlo”, aseguró Jonathan Baldivieso de la Coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Además, Baldivieso cuestionó la estrategia del gobierno de Larreta para continuar con la privatización de la Costanera. “Nos quieren hacer creer que la única forma de que la Costanera sea un parque público es llevando ciudad. Y que eso implica privatizar, construir viviendas, construir comercios y hoteles. O que para que el parque sea vivo, sea seguro o haya vitalidad urbana, también se debe privatizar. Una mirada economicista y sesgada de lo que debería ser la ciudad”, subrayó Baldivieso.
Igualmente, la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Kousovitis, rebatió varios de los argumentos que Cambiemos expresó en defensa de la iniciativa y señaló que “la pandemia consolidó el rumbo que la Ciudad de Buenos Aires ha elegido; el despojo de nuestros bienes comunes, a partir de la privatización de más de 500 hectáreas de tierras públicas, y ese despojo tiene consecuencias, que es la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana”.
“La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia habitacional, sanitaria, ambiental y climática. Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante y enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, es fundamental y debe ser prioritario recuperar la totalidad del borde costero”, sentenció la académica.
La OMS recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. La Ciudad apenas tiene 5,56.
La audiencia pública se extenderá hasta fin de enero y se espera que diariamente se expresen más de 20 inscriptos sobre un total de 7.044, un número histórico para una audiencia de la Ciudad.
El proyecto de Larreta
La iniciativa impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y aprobada por la Legislatura el pasado 8 de octubre abre paso a la venta de terrenos que son públicos y que se encuentran concesionados hasta el 2021.
La iniciativa prevé la construcción de un barrio con viviendas de lujo, conformado por diez bloques de edificios de 18 a 29 metros de altura en Costa Salguero, mientras que en Punta Carrasco las concesiones son de usos amplios, con construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto.
En todos los casos, el acceso al río estaría restringido, a pesar de que el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.
El fallo
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) de la Ciudad de Buenos Aires dictó, el pasado 23 de octubre, una medida cautelar ordenando que no se avance con la venta de los terrenos.
La decisión de la CAyT fue tomada a partir de un recurso de apelación que cuestionó la legalidad de la Ley, presentado por la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, la Fundación Ciudad y el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas.
El fallo de la Cámara consideró de forma unánime que la ley “podría resultar lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público”. Por lo que ordenó que en los terrenos sólo pueden “adoptarse medidas de administración, evitando toda decisión que afecte de algún modo la titularidad del dominio”, hasta que haya “sentencia definitiva” o hasta que la Legislatura “modifique expresamente la situación de dominio de dicho solar”.
Caravanas
A lo largo de los últimos meses, el Observatorio del Derecho de la Ciudad y la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos convocaron a varias caravanas para manifestar su oposición a la venta de Costa Salguero y la privatización de la ribera.
La última caravana se realizó el domingo último y fue encabezada por legisladores del FdT, organizaciones ambientalistas y agrupaciones culturales.
