El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia (Juan 10,10)
En estos últimos meses venimos asistiendo azorados al triste espectáculo ofrecido por políticos, medios hegemónicos, sectores de poder económico y, hasta jueces, que intentan utilizar la pandemia que aqueja a la humanidad entera para sacar una cuota de rédito político o incrementar sus ganancias (se sabe muy bien el inmenso crecimiento de las fortunas de algunos que medran con las «oportunidades» que se presentaron con la pandemia). Una triste alianza a la que se han sumado, ahora desembozadamente, los jueces del tribunal que debería ser la última garantía de que el derecho sea más que un cúmulo codificado de leyes, sino el instrumento que rige la convivencia justa y solidaria de nuestra sociedad.
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Hacer justicia es mucho más que la aplicación técnica de códigos y leyes: se trata de garantizar el bien común. Como bien recuerda el fallo emitido hoy por la Corte Suprema de Justicia «las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales». Lamentablemente, la impresión que deja la decisión de los jueces es que no se han atenido al principio formulado por ellos mismos.
Puede que en los vericuetos de las leyes, de los que nosotros y la mayor parte de la población somos legos, puedan encontrarse excusas formales que permitan hacer creer que se ha servido al Estado de Derecho, aunque nos cuesta no verlo como un atentado a la división de los Poderes de la Nación y una intromisión, que no es la primera, en el ruedo del juego político.
Pero lo más peligroso y preocupante es que no se ha servido a los derechos fundamentales. Se podrá decir, con razón, que la educación es un derecho fundamental, pero nada dice que un determinado modo de educación (en este caso las clases presenciales) es un derecho fundamental en un momento en que otros derechos fundamentales están en juego, y *el más fundamental de los derechos es el derecho a la vida*. Y en este momento el derecho a la vida, y por ello las políticas sanitarias, tienen absoluta prioridad sobre el derecho a una determinada modalidad de la educación. Lo quieran o no ―lo sabrán en su conciencia―, a lo que sí han prestado un servicio es a un sector político que no ha logrado digerir su derrota electoral y que en su necrofilia habitual juega a resolver su interna echando muertos sobre la mesa.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene manejándose desde hace meses como si no fuera parte de nuestra Patria, sin tener miramiento de que sus políticas sanitarias tienen incidencia no sólo en el Área Metropolitana, sino en todo el país. Ha priorizado la interna partidaria al servicio al bien común de toda la Nación. Y en este juego han entrado los jueces del máximo tribunal de la Nación.
“La gloria de Dios es el hombre que vive” decía San Ireneo. Para nosotros, creyentes, Dios pone en juego su propia existencia en el ser humano que creó a su imagen y semejanza, y por eso no podemos permanecer impávidos y silenciosos ante este menosprecio de la vida humana, transformada en mercancía política.
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