Eran exactamente las cinco de la tarde del viernes cuando un patrullero y otros dos vehículos no identificables de La Bonaerense sacudían la calma chicha del country Grand Bell, situado en la localidad de City Bell, a diez kilómetros del centro de La Plata. En el despacioso avance de aquella procesión palpitaba la gran noticia de la jornada.
Dicen que a Carolina Píparo –la famosa diputada provincial de Juntos por el Cambio (JxC) y titular de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la municipalidad platense– no le sorprendió la irrupción policial en la coqueta residencia que allí comparte con su marido, Juan Ignacio Buzali. Ni que a éste se lo llevaran esposado hacia la DDI de dicha ciudad.
El motivo sonaba feo: “Doble homicidio en grado de tentativa”.
Esas seis palabras resaltaban en el papel firmado por la jueza Marcela Garmendia, que un oficial esgrimió ante sus ojos.
Quizás el nombre de la magistrada le causara cierta desazón.
Minutos después le declamó esa carátula por smartphone al abogado Fernando Burlando, quien los patrocina en este caso. El tipo asimiló la mala nueva con una sugestiva naturalidad.
Ya se sabe que esta historia había comenzado exactamente una semana antes. De sus circunstancias existe un video que aún hoy se transmite una y otra vez en las pantallas televisivas.
Hay que ver allí a la legisladora Píparo al bajar de un Fiat 500L con la trompa abollada. Su tambaleo es notable, y con una dificultosa dicción increpa a la mujer que la filma con un celular.
Un tipo trata de alejarla de mal modo.
Es el secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia, un alfil del intendente Julio Garro. Había llegado con suma prontitud a la plaza Moreno para frenar las pruebas de alcoholemia sobre ella y el esposo, quien permanece en el vehículo con los ojos extraviados.
Fue poco después de que atropellara intencionalmente a dos muchachos que iban a bordo de una motocicleta, iniciando así una desaforada huida que culminó allí. Corría la primera madrugada del año.
Tales imágenes son un ícono del proceder de las autoridades locales ante el hecho causado por esa pareja. Porque lo ocurrido dejó a la intemperie la calaña de sus funcionarios, y también sus lazos –cambiantes–con ciertos cabecillas del Poder Judicial. Una trama que habría fascinado a Dashiell Hammett, el autor de Cosecha Roja, la novela que justamente aborda el turbio trasfondo del poder en una pequeña ciudad de Estados Unidos.
Candidaturas en suspenso
Ya habían transcurrido 36 horas del hecho y, luego de mantener innumerables comunicaciones telefónicas con sus principales colaboradores –todas signadas por la tensión– el intendente Garro se entregó al ejercicio del zapping. Pero las señales de noticias no hablaban de otra cosa. Entonces maldijo por lo bajo.
Lo cierto es que lo ocurrido no pudo ser menos oportuno: “Caro” –así como él la llama a la señora Píparo– es, en razón de la buena prensa que supo depararle una tragedia personal (haber perdido un embarazo al ser baleada en una salidera bancaria), la estrella de su armado político. Y ya era un secreto a voces que encabezaría la lista de candidatos a diputados del macrismo en las elecciones de medio término para así renovar su banca. ¡Qué contrariedad!
Claro que la intervención de Ganduglia en el asunto tampoco favorecía su sueño de ser intendente de La Plata. Un deseo enlazado al propio anhelo de Garro por ser, en 2024, el próximo gobernador de Buenos Aires.
En eso pensaba desde su chalet de Cariló cuando, de pronto, su cerebro se topó con una situación algo embarazosa: Ganduglia lo reemplazaba en su carácter de intendente interino. El problema era que los 200 mil habitantes de La Plata ignoraban aquella circunstancia, dado que el decreto que establecía su licencia estival no había sido dado a conocer.
Fue un descuido que contribuyó a que la placidez de su estadía en aquel paradisíaco sitio mutara en una pesadilla. De hecho, apenas unos minutos más tarde, un mensaje por WhatsApp de Ganduglia le hizo saber que el legislador Guillermo Escudero (FdT), acababa de presentar un pedido de informes, al Poder Ejecutivo bonaerense y a la Municipalidad de La Plata, para saber de “manera urgente” quién diablos ejercía en ese momento el cargo de intendente en esa ciudad.
Desde luego que en el pasado supo salir indemne de otras vicisitudes no menos engorrosas. Cómo la indeseada derivación que tuvo, a mediados de 2016, su denuncia por el robo de 25 mil pesos durante un asalto perpetrado en su hogar por un grupo de policías. El problema fue que al ser arrestado uno de ellos –el oficial Patricio Masana– declaró que en realidad el botín arañaba los cinco millones de dólares. El escándalo por tal disparidad quedó en la nada.
Ese mismo año Garró padeció otro conflicto contable: tras declarar un patrimonio de 980 mil pesos, fue denunciado al comprobarse que sus bienes ascendían a casi cuatro millones. Ese escándalo también quedó en la nada.
Asimismo, su nombre estuvo en la picota al designar, a fines de 2017, a un tal Lautaro Grilli en la jefatura de la Subsecretaría de la Juventud, aunque sin considerar un inconveniente: la ideología hitleriana del susodicho, algo que en aquella urbe era de conocimiento público. El asunto –en apariencia un simple yerro administrativo– fue utilizado por sus enemigos políticos para denunciar la supuesta brisa filonazi que corre en el subsuelo del macrismo. Y acatando una tajante orden de la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, terminó por desactivar el nombramiento. Aquel escándalo también quedó en la nada.
Es muy posible que, ahora, Garro se aferrara al final feliz de todos esos acontecimientos para darse ánimo ante el contratiempo en curso.
Y quizás haya sentido una bocanada de alivio cuando le informaron que la jueza a cargo del asunto era la doctora Garmendia.
Seguramente, entonces, haya evocado la señera figura del funcionario que él había puesto al frente de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos del Municipio.
Más allá de la justicia
Juan Manuel Martínez Garmendia, el hijo de la magistrada Graciela, se sentía muy contento de integrar el Gabinete del intendente Garro.
Pero su gestión no estuvo exenta de dificultades. Como la denuncia por coimas efectuada por Javier Ronco, un doble homicida vinculado a la banda de policías jueces y ladrones encabezada por el ex juez César Melazo.
El tipo lo acusaba de solicitarle una coima para que su madre, la jueza, le concediera el beneficio del arresto domiciliario.
Como suele suceder en la capital provincial, el funcionario al final salió indemne del asunto.
La doctora Garmendia tampoco la tuvo fácil.
Ya en 1999 fue amenazada en la puerta de su hogar por un sujeto que, tomándola por el cuello, le apoyó un arma en la sien para gatillarle un tiro en falso, antes de advertirle: “La próxima vez va haber un balazo para vos y otro para Luis”. Se refería a su marido, el señor Martínez Varela. Y se cree que tal apriete tuvo que ver con un crédito mal habido para construir un complejo de viviendas cuando era vicepresidente del ya agonizante Banco Municipal.
El desempeño de Garmendia como jueza también está salpicado por una serie de tragedias. La más difundida fue, en 2017, la muerte del ex comisario Federico Jurado (bajo proceso por la causa de los sobres con dinero de coimas halladas en la Departamental La Plata) mientras dormía en la Unidad 9 de esa ciudad. Este policía padecía un gravísimo cuadro de diabetes y pidió que no se lo trasladase a un penal. La jueza hizo caso omiso a tal solicitud, quedando así al borde de un juicio político que finalmente logró esquivar.
También se la recuerda por haber liberado a raíz de un error al asesino Gabriel Maldonado, acusado del femicidio de su esposa. Cuando la doctora Garmendia cayó en la cuenta de su equivocación, el tipo ya se había escapado. Aún hoy su paradero es un enigma.
Pero a la vez vale destacar su faceta “garantista”. Tal fue el caso de sus increíbles dilaciones para dictar la prisión preventiva al sacerdote violador Eduardo Lorenzo. Cuando finalmente ordenó su captura, en vez de ejecutarla –en componenda con el fiscal de la causa y el defensor– elevó el expediente hacia la Cámara de Apelaciones para postergar su propia resolución. Y fue el acusado quien, por estar muy alicaído, zanjó su destino, en diciembre de 2019, al volarse de un balazo la tapa de los sesos.
Ante tal contexto curricular, es realmente encomiable que Garmendia haya resuelto estampar su firma en la orden de captura contra Buzali.
Pero hay quienes interpretan tal actitud como una sobreactuación.
Tanto es así que esa medida –junto a la carátula de “doble homicidio en grado de tentativa”– no parecía estar en el horizonte de sus criterios.
Ni en el de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, cuyo obediencia hacia el pope macrista de la Procuración bonaerense, Julio Conte-Grand, es consabida.
Por lo pronto, durante los primeros siete días del año, ambas mujeres no dieron demasiadas señales de querer avanzar en la pesquisa. Y no fueron pocos los indicios al respecto: el haber aceptado a Píparo como testigo y haber impedido que los abogados de las víctimas estén presentes en su declaración testimonial, robustecían aquella creencia. Sin embargo no fue así.
De todos modos es una rareza que Buzali haya quedado tras las rejas en la causa donde su mujer juega de testigo.
¿Acaso se trata de una estrategia tejida por Burlando para dejarla a ella fuera de la imputación? Esta historia continuará.
