El Poder Judicial de un país es sin dudas el más importante de los tres en los que se suele dividir un Estado democrático. Baste un ejemplo histórico como lo fue la llamada “Ley de democratización de la justicia”, presentada por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 8 de abril de 2013. Cientos de miles de papelitos bajaban de las galerías de la Cámara de Diputados en un evento festivo como pocos se vieron en ese recinto. Quienes estuvimos allí, no olvidaremos la emoción que se vivía ante un simple proyecto de ley. Lo que sucedía es que había conciencia popular de que estábamos frente a un hecho revolucionario. Se proponía (en el artículo más impactante del proyecto) que los consejeros que representan tres corporaciones –abogados, jueces y académicos– fueran, a partir de esa ley, designados por votación popular. Es decir, se “sacaba” del corazón de cada una de las instituciones involucradas la decisión corporativa de designar a los funcionarios que a diario intervienen en la propuesta de ternas para el nombramiento de jueces, así como en la decisión de llevar a juicio político a aquellos magistrados sospechados de graves infracciones.
El Poder Judicial de un país es sin dudas el más importante de los tres en los que se suele dividir un Estado democrático. Baste un ejemplo histórico como lo fue la llamada “Ley de democratización de la justicia”.
De tener éxito la propuesta, ya no serían las propias corporaciones, siempre dispuestas a encubrir a sus miembros, las que los seleccionarían. Sería nada menos que la voluntad de los millones de destinatarios de las decisiones de los jueces propuestos por esos consejeros la que definiría el perfil adecuado de tan importantes funcionarios. Primera vez en la historia de nuestro país en que se proponía una participación popular tan medular en el área del temido Poder Judicial.
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En palabras de la entonces Presidenta: “Los académicos, los científicos que serán candidatos provendrán de diferentes ciencias para propiciar un Consejo de la Magistratura interdisciplinario con pleno sentido social y no uno meramente corporativo de los abogados”. Respecto de las profesiones, señaló que “lo interdisciplinario (científicos, académicos, economistas, médicos, contadores, psiquiatras, psicólogos), todos hoy forman parte de una necesidad de integración del Poder Judicial, donde este carácter interdisciplinario le dé precisamente mayor riqueza”. Acerca del componente académico del Consejo, hay que recordar que hasta ese momento solo podían integrarlo los abogados.
La Ley de democratización de la justicia fue promulgada el 24 de mayo de 2013. El 18 de junio del mismo año, menos de un mes después, la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional el mayor logro de nuestra democracia representativa en muchas décadas.
El único voto en disidencia fue el del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Previamente, la doctora Servini de Cubría ya había hecho lugar a un amparo del doctor Jorge Rizo, abogado integrante de una lista de las que competían por esos sillones en el Consejo. Es decir, en el término de 25 días (17 hábiles), nuestro Poder Judicial se llevó puesta una ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Lo relatado es solo un ejemplo a fin de fundar la afirmación inicial sobre la trascendencia del Poder Judicial por sobre los restantes del Estado democrático. Ahí precisamente, en el sector más reaccionario del Poder Judicial, se sustenta el llamado “Poder Real”. Las grandes corporaciones económicas nada podrían hacer sin el aval y el blindaje de ese grupo sólido enquistado en el corazón de la justicia. Sin esa cobertura, jamás hubiéramos llegado al nivel de endeudamiento actual ni de fuga inédita de capitales a paraísos fiscales. Tampoco estarían gozando su impunidad los lideres políticos de la derecha saqueadora.
Es bueno recordar que mientras que en 20 años la justicia no logró que los Macri pagaran un solo peso por el vaciamiento del Correo Argentino, en 17 días pulverizaron la ilusión de un pueblo de tener una justicia medianamente democrática.
En 20 años la justicia no logró que los Macri pagaran un solo peso por el vaciamiento del Correo Argentino, pero en 17 días pulverizaron la ilusión de un pueblo de tener una justicia medianamente democrática.
Finalmente, se impone advertir que así como nuestra sociedad se encuentra transitando la llamada “posverdad”, en la cual la realidad se devalúa, el blindaje judicial a los bandidos saqueadores generó un nuevo fenómeno. Llegamos al peligroso borde de la “posjusticia”, en la cual no solo la realidad deja de tener importancia, sino que estamos ante el riesgo de que tampoco la tengan las normas que permiten discernirla.
