Mientras a nivel nacional el macrismo auspicia y encabeza movilizaciones “por la independencia de la Justicia”, en la ciudad de Buenos Aires, el distrito que controla hace más de 12 años, su predominio sobre los tribunales llegó a niveles nunca vistos. Tanto que hoy es prácticamente imposible que prospere una causa que no sea del agrado de Horacio Rodríguez Larreta. Más temprano que tarde, las resoluciones incómodas son revocadas y los jueces díscolos terminan apartados.
Por su propia incumbencia, el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –que en octubre cumplirá 20 años– siempre estuvo en tensión con los gobiernos de turno, pero desde la llegada del PRO las presiones sobre sus integrantes fueron en aumento. Cada vez que un juzgado busca hacer valer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tutelados por la Constitución local, el Poder Ejecutivo se opone y contraataca, bloqueando expedientes y avanzando sobre los magistrados. El mensaje es claro y aleccionador: muy pocas sentencias se animan a impulsar el reclamo de los vecinos y las organizaciones sociales afectadas por la política del larretismo. Y cuando excepcionalmente ocurre, se activa un firewall montado sobre el sistema judicial.
Muy pocas sentencias se animan a impulsar el reclamo de los vecinos y las organizaciones sociales afectadas por la política del larretismo.
Es notable la incidencia del gobierno en la conformación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde sólo una vocal se diferencia del paladar oficial. Y lo mismo pasa en las jefaturas del Ministerio Público Fiscal y de la Asesoría Tutelar. Pero el principal aliado del PRO ante el puñado de funcionarios judiciales que todavía resisten su predominio, sin dudas está en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Ahí, los expedientes molestos chocan con la realidad y el resultado se repite: la Cámara acepta las quejas de la Ciudad, revoca lo decidido en primera instancia en favor de la parte actora y todo vuelve a foja cero. Y si el juez insiste, acaba por perder la causa y hasta se arriesga a sufrir represalias.
Con la llegada de la pandemia, lejos de notarse un cambio, todo recrudeció: el macrismo apeló el 90 por ciento de los fallos en favor de sectores vulnerables y multiplicó los pedidos de recusación. Así pasó con los jueces Darío Reynoso, que tuvo la causa por el protocolo de emergencia en villas y asentamientos, y Roberto Gallardo, que intentó resolver la brecha digital que sigue dejando a miles de estudiantes sin continuidad pedagógica. Gallardo había ordenado brindar computadoras y conectividad a estos alumnos y alumnas, pero el PRO nunca acató, apeló y acabó por apartar al magistrado. Aunque la recusación en su contra sigue sin resolverse, igual el TSJ decidió quitarlo del medio.
La mayoría de los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y de las jefaturas del Ministerio Público Fiscal y de la Asesoría Tutelar responden al paladar oficial.
Sobre todo es en las salas II y III de la Cámara donde los pedidos del larretismo se vuelven realidad, con sentencias que apelan a razones formales y se desentienden del fondo de la cuestión, pero que logran el cometido de desactivar las medidas cautelares. Por lo general, estas salas replican lo dicho por el gobierno porteño en sus apelaciones: acusan a los jueces de excederse en sus funciones y de obstaculizar soluciones en curso, cuando en realidad es la propia inacción de las autoridades la que llevó a los vecinos a reclamar ante los tribunales.
Los ejemplos abundan y muestran un patrón claro. El 30 de abril, la Sala II dejó sin efecto un fallo (expediente N° 2972/2020-2) que obligaba al Ministerio de Educación a otorgar la canasta nutritiva escolar a 9000 niños que estaban inscriptos en el sistema público pero que no tenían vacantes. Es decir, no sólo se quedaron sin lugar en las aulas del Estado, sino que tampoco se les permitió acceder a una ayuda esencial para sostener la mesa familiar, en momentos en que la pandemia ya golpeaba fuerte en la alimentación.
Entre otras medidas, dejaron sin efecto un fallo que obligaba al Ministerio de Educación a otorgar la canasta nutritiva escolar a 9000 niños.
El 12 de junio, la misma Sala le quitó a la justicia local la causa (N° 3010/2020-0) para que el gobierno elaborara un plan de suministro de agua potable y saneamiento de la red cloacal para todas las villas, mientras la falta de estos recursos explicaba el crecimiento de los casos de coronavirus en los barrios populares del distrito. En una clara afectación a la autonomía de la Ciudad, los camaristas resolvieron que la competencia era federal.
El 17 de septiembre, en el expediente N° 4691/2020-1, la Sala II rechazó el pedido de aumento de un subsidio habitacional realizado por una mujer con hijos que había sufrido violencia de género, un supuesto expresamente contemplado por la ley. El tribunal sostuvo que la violencia no era actual y limitó la asistencia al fin de la cuarentena. El mismo día, revocó otro incremento habitacional, en este caso, solicitado por una familia (N° 34328/2009-2). Aludiendo al DNU que había congelado los alquileres y frenado los desalojos, la Sala consideró que era prematuro pedirle más dinero al Ejecutivo.
También frenaron una causa para que el gobierno elaborara un plan de suministro de agua potable y saneamiento de la red cloacal para todas las villas,
Otro tanto ocurre en la Sala III. El 18 de junio, modificó una resolución (causa N° 3044/2020-1) que le ordenaba al larretismo darle a una mujer con un hijo recursos suficientes para una prestación habitacional. Los camaristas redujeron el monto con un cálculo estrictamente legal, un criterio que reiteraron en otro expediente de similares características (N° 02992/2020-0). Y el 24 de junio, en el caso de varias personas trans (N° 36423/2018-13), revocaron para algunas de ellas la cautelar que les había concedido un subsidio habitacional. ¿La razón? Que el pedido a las autoridades había sido pocos días hábiles antes de acudir a la justicia.
La Sala III es la que el 11 de agosto echó para atrás el fallo del juez Gallardo que le ordenaba a la Ciudad entregar computadoras y conectividad a estudiantes sin recursos (causa N° 3264/2020-5). También disolvió el registro de alumnos con necesidades informáticas insatisfechas que había creado el magistrado (N° 3264/2020-9) y dejó sin efecto las resoluciones que llegaron a disponer la entrega de equipos a chicas y chicos ya individualizados.
En medio de la pandemia, se echó para atrás un fallo que le ordenaba a la Ciudad entregar computadoras y conectividad a estudiantes sin recursos.
El primero de septiembre, esta misma Sala desactivó una cautelar que le daba asistencia habitacional a un grupo familiar (causa N° 4023/2020-1). Sostuvo que el gobierno aún no se había expedido y que no estaba del todo demostrado que las personas afectadas se iban a quedar en la calle. Seis días después, anuló la orden (N° 4103/2020-2) de realizar testeos masivos de coronavirus entre el personal y los residentes en un geriátrico. Luego, el 15 de septiembre, hizo lo mismo con un fallo (N° 5660/2020-1) que había suspendido, por incumplir con los procedimientos virtuales, las audiencias públicas para el caso de la venta de inmuebles de la Ciudad.
En cada uno de estos expedientes que terminaron en vía muerta, personas y grupos afectados en sus derechos esenciales habían acudido a la Justicia en busca de una respuesta. Pero poco se puede hacer en la Ciudad frente al asfixiante dispositivo que el PRO, con eficacia y sin mayor oposición política, supo construir sobre los tribunales.
