La reciente decisión del gobierno de Brasil de retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar el nivel de su representación diplomática no es un simple cortocircuito institucional ni el resultado de los exabruptos incontenibles de Javier Milei. Constituye uno de los episodios más graves en la relación bilateral desde la recuperación democrática y una crisis diplomática sin precedentes entre dos gobiernos elegidos democráticamente. Es la ejecución de un plan sistemático, deliberado y cipayo para aislar a la Argentina de sus hermanos latinoamericanos. Cuando Milei insulta a Luiz Inácio Lula da Silva tratándolo de “comunista” o “ladrón” está rompiendo a mazazos la integración regional para entregar nuestra soberanía al mejor postor.
La política exterior de La Libertad Avanza es la contracara exacta de la doctrina peronista. Desde el peronismo concebimos a la política internacional como la herramienta suprema para defender el interés nacional y la dignidad de los pueblos, el gobierno de Milei ha optado por la sumisión absoluta y el alineamiento automático e incondicional con los Estados Unidos y el Estado de Israel. Este sometimiento permanente, busca convertir a nuestra Patria en un mero enclave colonial, dándole la espalda a Sudamérica y dinamitando el Mercosur.
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El gobierno de Milei se alinea a la desesperación de Washington ante la pérdida de su hegemonía global, lejos de construir una política exterior soberana frente a ese nuevo escenario, Milei elige subordinarse a una potencia que responde a su pérdida de liderazgo con más intervenciones, más presiones y más guerras, contradiciendo la histórica vocación argentina de autonomía y defensa del interés nacional.
Este plan de sometimiento no se agota tan solo en las relaciones diplomáticas, sino que, estas, son solo un reflejo del avance brutal sobre nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra información estratégica. Hoy vemos cómo en el Senado de la Nación el oficialismo presiona para aprobar modificaciones a la Ley de Tierras, una iniciativa que es una invitación explícita a la extranjerización de nuestros bienes comunes, junto con otras leyes como Glaciares, manejo del fuego, RIGI y super RIGI, enmarcadas en el Acuerdo con EEUU firmado en febrero pasado.
Quieren rematar nuestros recursos naturales, nuestras fuentes de agua dulce y nuestras zonas de frontera para entregárselas al capital trasnacional. Y como si rematar el suelo argentino fuera poco, consuman en paralelo la entrega de nuestra soberanía digital. Mientras en foros regionales damos la pelea por establecer marcos de derechos humanos y regulación ética frente al avance tecnológico, el gobierno nacional regala los datos de millones de argentinos y argentinas a corporaciones extranjeras, desprotegiendo nuestra información estratégica y profundizando un colonialismo digital inaceptable.
Para los y las militantes del proyecto nacional y popular, la historia es nuestra mejor brújula. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los presidentes de Argentina y Brasil no se comunicaban por redes sociales para agredirse, sino que se abrazaban para construir soberanía. Néstor Kirchner y Lula da Silva entendieron que el destino de nuestras naciones estaba atado. Juntos forjaron el rechazo al ALCA en Mar del Plata, le dieron vida a la UNASUR y ejecutaron una de las maniobras geopolíticas y económicas más brillantes de nuestra historia contemporánea como fue la decisión coordinada de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa alianza estratégica nos permitió recuperar los resortes de la política económica y decirle basta a las recetas de hambre que hoy vuelven a imponernos desde Washington.
Ese modelo de desendeudamiento, producción y trabajo es exactamente lo que el gobierno actual viene a destruir. Y esta ruptura con Brasil tiene consecuencias dramáticas y reales sobre el empleo argentino. El desprecio por nuestro principal socio comercial no es gratuito, el impacto de este aislamiento diplomático es un golpe directo al corazón productivo y a los trabajadores de nuestro país.
Si miramos los datos oficiales de 2025, la Argentina exportó bienes por más de 87.000 millones de dólares. De ese total, Brasil fue el principal destino de nuestras exportaciones, con una participación cercana al 15%, lo que representa más de 12.800 millones de dólares. Pero detrás de esas cifras no hay solo estadísticas: hay cientos de miles de puestos de trabajo vinculados a la industria automotriz, la metalmecánica, la química, la alimentación, las economías regionales y la logística. Poner en riesgo la relación estratégica con Brasil es poner en riesgo el empleo argentino y el desarrollo de nuestro aparato productivo. El neocolonialismo de Milei pretende asfixiar el valor agregado nacional para devolvernos a un modelo exclusivamente primarizador, financiero y extractivista, donde sobran millones de compatriotas.
Frente a este avance de la derecha más reaccionaria y entreguista, la organización popular es el único refugio. Y en este tiempo histórico, Cristina Fernández de Kirchner representa el único liderazgo con capacidad política, legitimidad y claridad estratégica para disputar este modelo de entrega y construir una alternativa nacional y popular. Como ocurrió con Lula en Brasil, la persecución judicial y política busca proscribir a quienes expresan proyectos capaces de enfrentar a los poderes concentrados y recuperar la soberanía de sus pueblos.
La integración regional no es una opción de mercado, es el único camino para una necesidad de supervivencia para los y las trabajadoras. Los gobiernos cipayos pasan, la voluntad de los pueblos permanece. Seguimos militando, con la certeza de que la grandeza de nuestra Nación no se construye de rodillas ante los imperios, rematando nuestras tierras ni regalando nuestros datos, sino de pie y abrazados a nuestros hermanas y hermanos latinoamericanos.
* Marina Femenía es Parlamentaria del Mercosur y Sol Magno, Secretaria de Integración Regional del Partido Justicialista Nacional.
